El Ministerio de Derechos Sociales está en plena negociación con las empresas que gestionan residencias para personas mayores y con discapacidad y con las asociaciones interesadas para cambiar el modelo, toda vez que la pandemia ha evidenciado las carencias del sistema. En el último borrador el Ejecutivo reduce con respecto a la anterior propuesta las ratios, es decir, el número de cuidadores necesarios por cada usuario.
Las modificaciones han despertado la indignación de las asociaciones de familiares, que se sienten "estafados" y aseguran que, de no producirse un vuelco radical, el resultado final no contará con su aprobación. Fuentes del Gobierno se han negado expresamente a valorar los cambios, asegurando que son documentos de trabajo lejos aún de ser definitivos.
