El cierre del ocio nocturno ha generado mucha polémica por su impacto económico. Detrás de cifras como las 25.000 empresas que lo componen o del 1,8% del PIB que representa, hay 200.000 puestos de trabajo que se esfuman, dejando en la estacada a miles de familias. Sin embargo, la prudencia llama a su cierre. Lo chocante del asunto es cómo no tiembla la mano a la hora de decretar esta suspensión del negocio mientras más de 1.600 burdeles continúan activos por todo el país.

Las autoridades han tratado de suavizar los motivos del cierre del ocio nocturno, valorando las medidas de seguridad puestas en marcha en los locales y apuntando a las aglomeraciones que se generan a su alrededor como origen de buena parte del foco de los rebrotes. La gran pregunta es ¿por qué el contacto físico y la explotación sexual que tiene lugar en los mal llamados 'locales de alterne', cuando son burdeles, no preocupa tanto? ¿Por qué no se articulan mecanismos para su cierre fulminante?

Nunca han importando demasiado. El hecho de que miles de mujeres en España sean víctimas, estén explotadas sexualmente, forzadas, intimidadas y abusadas no ha quitado el sueño ni a legisladores ni a gobernantes. Es una violencia de género aún más normalizada, incluso, justificada. Si algo tan grave como eso no ha conseguido acabar con los clubs de puteros en nuestro país, convertido en uno de los mayores demandantes de todo el mundo de explotación sexual, ¿quién pensaba que la covid-19 cambiaría las cosas? Piensen, sin ir más lejos, que mientras entre los 21 imputados por 167 delitos del mayor burdel de Málaga se piden más de 4.000 años de cárcel el negocio continúa en marcha. Esta es nuestra España putera.

No lo ha hecho. La manada de puteros continúa acudiendo babeante a pagar por abusar de una mujer, por obtener un sexo que le es negado en su vida particular, seguramente, por la repulsión que genera entre las mujeres que pretende. De cada 10 amigos varones que usted tiene, estadísticamente, la mitad de ellos lo ha hecho al menos una vez en su vida.

Ya se han producido rebrotes en estos clubs de puteros, hasta tres y, lo que es peor, sin que se haya cerrado los locales ni siquiera por eso. Como se figurarán, el rastreo es imposible, no sólo porque a diferencia de las discotecas no se tenga registrado a los puteros que contribuyen a la explotación de mujeres indefensas, sino porque los casos positivos tampoco hacen pública la lista de contactos de riesgo mantenidos en los antros. Dicho de otro modo, los burdeles son un potencial foco de rebrotes masivos de libro.

El hecho de que operen con licencias de hotel no debería ser obstáculo para que los poderes públicos acaben con esta situación. ¿Importa o no importa la explotación de mujeres? ¿Son o no son estos burdeles un peligro para la salud pública? Sí la respuesta en ambos casos es afirmativa, ¿a qué se espera para mandar al carajo a los proxenetas y puteros? Y, ojo, no sólo cerrarlos sino, además, tejer una red de apoyo para todas esas mujeres que son víctimas, rescantándolas de esa explotación, toda vez que los proxenetas son tan indeseables que ya han deslizado que, si se cierran sus locales, llevarán el negocio a las calles. Malditos sean.

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