El defensor de la selva Paulo Paulino Guajajara fue asesinado a balazos en el territorio indígena Araribóia, en Maranhão
Casi un 90% de la violencia contra activistas y defensores de la tierra y del ambiente en Brasil se concentra en la Amazonía.
La información consta en el informe anual de la ONG Global Witness, que destaca el caso emblemático del defensor de la selva en Maranhão [estado de la región nordeste de Brasil], asesinado a balazos en noviembre de 2019. Según el informe, la minería, el agronegocio y la extracción forestal son los sectores que más asesinan a activistas en todo el mundo, y todos ellos están presentes en Maranhão.
El Consejo Indigenista Misionero (CIMI) señala que de los 11 asesinatos que ocurrieron en ese estado brasileño desde 2019, cinco están directamente vinculados a la acción de invasores de tierras, especialmente madereros. Cuatro de las víctimas fatales Ka’apor: Paulo Paulino Guajajara, Firmino Prexede Guajajara, Raimundo Guajajara, Zezico Guajajara y, lo más reciente, el asesinato de Kwaxipuhu Ka’apor, en agosto de 2020.
Como respuesta al asesinato, un comunicado emitido por Tuxa Ta Pa Me Ka’apor, del Consejo Gestor, principal organización política y social de este pueblo, denuncia la invasión de madereros y se queja del modo como la justicia analiza el asesinato de indígenas. En el comunicado también se asevera que su pueblo seguirá defendiendo su territorio: “lo haremos a nuestro modo, sin miedo”.
Defensores
Los Ka’a Usak Ha ta, en el idioma Ka’apor, son los defensores de la selva, un grupo de agentes ambientales formado por los propios indígenas para la autodefensa de los territorios de los pueblos Guajajara, Ka’apor y Awa-Guajá, en Maranhão. Ellos identifican y vigilan los caminos abiertos ilegalmente por invasores y denuncian a las autoridades, pero también actúan intensamente en el combate a los incendios forestales, entre otras acciones de defensa.
Más allá de su conocimiento ancestral, algunos defensores utilizan herramientas de monitoreo, como cámaras y geolocalización para presentar pruebas de las rutas ilegales ante los organismos de la justicia.
“Nuestro Tuxa Ta Pa Me existe para señalar el camino de la autonomía y de la autodefensa contra esas violencias y de este modo se espera que nuestro pueblo pueda vivir en unidad para defender nuestro territorio en nombre del buen vivir en la selva”, concluye el comunicado del Consejo Gestor Ka’apor.
Sin embargo, la situación a la que se enfrentaban los pueblos indígenas empeoró tras la asunción de Jair Bolsonaro. Además de su conocido discurso de odio y prejuicio contra los pueblos originarios, la violencia que llegaría a continuación se anunció a balazos, amenazas e incendios en las aldeas durante el conteo de votos en 2018, como reveló un reportaje de Brasil de Fato.
Edilena Torino Krikati, coordinadora de las Organizaciones y Articulaciones de los Pueblos Indígenas de Maranhão (Coapima), explica que la ausencia de actuación de los órganos competentes incrementa la violencia. “Parece que los órganos de seguridad son inexpresivos, la FUNAI y otros, todos colaboran para que se incremente la violencia, para que los criminales que actúan en contra de los pueblos indígenas continúen impunes y ni siquiera llegan a identificar a los culpables”.
