El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha cambiado la cúpula de las Fuerzas Armadas esperando que los bolivianos puedan volver a confiar en sus militares.

Arce, ha pedido al nuevo mando devolver a la institución el “lugar en la sociedad”  que corresponde a las instituciones militares, y espera que la ciudadanía “vuelva a confiar en que respetarán los procesos democráticos”.

Arce dijo que los nuevos cargos militares deberán centrarse en el «desarrollo de capacidades» y la «interoperabilidad» en temas como la gestión de riesgos por desastres naturales, el combate al narcotráfico y la seguridad en fronteras.

La toma de  posesión tuvo lugar en una ceremonia celebrada en la Casa Grande del Pueblo, donde Jaime Zabala fue designado como comandante en jefe de las fuerzas armadas. Zabala, convocó a los bolivianos a dejar de lado el odio y la intolerancia.

Arce ha sustituido toda la cúpula militar que en su día fuera nombrada por Jeanine Áñez, y que apoyó el pasado golpe de estado contra Evo Morales, además exigió a la nueva cúpula militar que «respeten los procesos democráticos» atrozmente vulnerados por la durísima represión aplicada durante el gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez. Las Fuerzas Armadas también fueron un actor clave en la fuerte presión que derivó en el derrocamiento del expresidente Evo Morales.

El gobierno estima que algunos de los cargos salientes son responsables de los actos represivos que se produjeron tras la llegada de Áñez, y que se saldaron con más de 30 muertes.

Entre estos actos represivos están las “masacres de Sacaba, Senkata y El Pedregal”. Donde se reprimieron las protestas contra el régimen interino, desarrollados por el Movimiento al Socialismo, y por las que el gobierno quiere procesar judicialmente a Áñez, y su gabinete, demás de algunos jefes militares y policiales. Se espera que este juicio levante una gran controversia entre el ejecutivo de Arce y las instituciones castrenses. El general de aviación Zavala pidió que “lo malo se corrija y lo bueno se profundice”.

Segun informa el diario El País, el gobierno de Arce trata de recomponer su influencia sobre la policía, que tambien contribuyó a la expulsión de Evo Morales, al apoyar a los grupos de ultraderecha que gestaron el golpe. El ministro de Interior, Carlos Del Castillo, declaró que “nunca más” debe haber un motín policial como el de 2019.

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