La Inspección de Trabajo ha detectado 2.859 episodios de fraude en los ERTE en las 21.642 investigaciones que ha cerrado entre principios de abril, cuando fueron aprobados los primeros expedientes extraordinarios de regulación de empleo por la pandemia, y el cierre de noviembre.

Esas infracciones, entre las que las más frecuentes consisten en obligar a trabajar a empleados con el contrato temporalmente suspendido o a hacerlo por más tiempo del que permiten sus reducciones de jornada, así como por incluir en los expedientes a intrusos o trabajadores ficticios sin relación laboral con la empresa, han dado lugar a sanciones por valor de 12.902.110,01 euros, explicaron fuentes del Ministerio de Trabajo.

Los ERTE de fuerza mayor, en los que llegaron a estar cobijados 3,7 millones de trabajadores, conllevan la exención del pago de las cuotas de la Seguridad Social a los empresarios en la misma proporción en la que se reducen las jornadas de sus asalariados. Y también deberán hacerse cargo de los salarios que deberían haber pagado a los empleados afectados por esos tipos de fraudes (la casuística es muy variada) mientras estos se ven obligados a devolver las prestaciones.

El volumen de fraude detectado seguirá al alza

Y todo apunta a que esas cifras de infracciones y sanciones van a seguir creciendo, ya que la Inspección mantiene abiertas 9.500 de las 31.142 investigaciones u "órdenes de servicio" que puso en marcha la pasada primavera tras un primer cribado documental de los ERTE que le puso tras la pista de esas irregularidades.

También apunta en esa dirección la constatación de que la picaresca ha vuelto a reavivarse con la segunda ola de expedientes, consecuencia de las restricciones vinculadas a la segunda onda epidémica del coronavirus tras el verano.

El volumen de infracciones resulta reducido para el volumen de expedientes, ya que son menos de 3.000 hasta la fecha para los alrededor de medio millón de ERTE que habían sido aprobados hasta comienzos del otoño.

Sin embargo, la estimación cambia si se realiza sobre el grupo de empresas sospechosas, ya que el 13,2% de aciertos de los inspectores supone que casi una de cada siete había hecho trampas entre estas últimas.

"No podemos permitir ningún tipo de fraude"

Esa actividad de la inspección contrasta con la que este servicio había venido desarrollando en los últimos años, en los que, con Fátima Báñez (PP) al frente del ministerio, su volumen de asuntos fue reduciéndose de manera progresiva, según consta en una respuesta parlamentaria a una pregunta del senador malagueño del PSOE Miguel Ángel Heredia: las 550.655 órdenes de servicio de 2012 habían quedado reducidas a 479.508 en 2017, con una caída del 13%.

El Gobierno de Mariano Rajoy aplicó "un importante recorte de las inspecciones laborales, con descenso de 71.000 al año entre 2012 y 2017 que demuestra su nulo interés en garantizar los derechos laborales para trabajadores y trabajadoras en nuestro país", señala el senador, que anota que, tras la reforma laboral, esa medida "favoreció a algunos empresarios desaprensivos que explotaban con millones de horas extras que no se pagaban o contratos de salarios miserables a miles de trabajadores".

Heredia contrapone esa tendencia con la movilización de recursos realizada por el actual Gobierno PSOE-UP para supervisar los ERTE. "Se han destinado miles de millones de euros en prestaciones para proteger a más de tres millones de trabajadores y no podemos permitir ningún tipo de fraude al respecto", apunta.

Más de seis millones de euros en sueldos

"Con la misma fuerza hay que combatir el fraude para evitar que se pierda dinero público, dinero que sale del bolsillo de los ciudadanos", añade el senador, que recuerda que las campañas de inspección "van a continuar desarrollándose en todo el territorio nacional".

En los primeros siete meses de chequeo del cumplimiento de las norma en los ERTE, Andalucía fue, con 2.219 inspecciones y 244 episodios de irregularidades detectados, la comunidad que mayor volumen de actividad generó para los inspectores, aunque la mayor bolsa de fraude fue detectada en Castilla y León, con 437.949 euros en cuotas indebidamente eximidas en 117 empresas, según consta en la respuesta a otra pregunta parlamentaria del senador.

Catalunya, con 274.991 euros defraudados por 103 empresas, también supera en volumen de fraude a Andalucía, aunque solo por 21.000 euros. También resultan llamativos los resultados de la campaña en esa primera fase en Canarias (186.771 euros defraudados en 150 expedientes con trampa), la Comunitat Valenciana (130.892 en 179) y Murcia (117.849 en 27).

Cuatro de las seis comunidades con mayor incidencia del fraude se concentran en el arco mediterráneo, una de las zonas más dependientes del turismo del país, a las que se suma Canarias, donde esa actividad es la principal.

Los 1.868.041 euros en cuotas defraudadas en esos siete primeros meses se corresponden con salarios por valor de casi 6,5 millones de euros que los empresarios tramposos tendrán que pagar a los trabajadores afectados por los fraudes mientras estos devuelven las prestaciones.

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