El sistema público de pensiones ha venido sufriendo, con las sucesivas leyes sancionadas, un importante deterioro que ha afectado a los derechos de los pensionistas.

Las más recientes reformas del 2011 (PSOE) y 2013 (PP) invocaron para su implementación estar basadas en los principios del Pacto de Toledo, pero en la práctica se complementaron en un único objetivo, la reducción del gasto en pensiones, endureciendo en primera instancia las condiciones de acceso a la jubilación.

En el 2011, con el gobierno del PSOE, se aprueba un retraso gradual en la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, pasando el período de cotización del trabajador para percibir el 100% de la pensión de los 35 a los 37 años. También se afecta progresivamente al cálculo de la base reguladora, al considerar los últimos 25 años en lugar de los 15 años vigentes. La cobertura de lagunas en las cotizaciones pasa de cubrirse con el 100% de la base mínima de cotización al 50% de dicha base. Se establece a partir del año 2027 la aplicación del Factor de Sostenibilidad.

En el 2013, con el gobierno de Rajoy (apoyado de manera incomprensible por el sindicato CCOO), se introduce el Índice de Revalorización de las Pensiones del 0,25% y se reglamenta el Factor de Sostenibilidad para ser aplicado en el año 2019.

La idea de las reformas consistía en ir reduciendo paulatinamente la relación media del 80%, existente en ese momento entre la jubilación y el último salario percibido, para disminuirla en 2050 a una cifra cercana al 50%.

No obstante todas estas medidas perjudiciales para los pensionistas han supuesto en los últimos años un déficit crónico en la Seguridad Social de alrededor de 18.000 millones de euros.

Con el objetivo de eliminar este déficit, durante el gobierno del PP, y siempre acorde con su ideología, se llegó a proponer excluir las pensiones de viudedad, por considerarlas las menos contributivas de todas las prestaciones de la Seguridad Social, que se incluirían dentro de los Presupuestos Generales del Estado sin modificar su naturaleza jurídica. En la práctica no estarían exentas de verse sometidas a las limitaciones presupuestarias del gobierno de turno. Por suerte esta idea no prosperó. Recordamos, además, que la política del Partido Popular, que se negaba a incrementar los ingresos de la Seguridad Social, había destruido entre 2011 y 2017 un patrimonio de 74.437 millones de euros de la hucha de las Pensiones, llevándose por delante el 88 % del capital existente al 31.12.2011 y los intereses de los Bonos del Estado.

Disposición primera: Los gastos impropios

El ministro Escrivá se ha comprometido a eliminar el citado déficit primero en tres años y, más adelante, al final de la legislatura. A tales efectos, propone excluir del presupuesto los que denomina “gastos impropios”, calificados en los mismos términos que utilizaba Fátima Bañez en el año 2012, cuando criticaba el crecimiento de determinados gastos en los presupuestos de la Seguridad Social durante el gobierno de Rodríguez Zapatero.

El reciente Pacto de Toledo respalda una vez más la separación de las fuentes de financiación y, en virtud de ello, no corresponderían ser afrontados por la Seguridad Social una serie de gastos que no tienen que ver con las pensiones contributivas, pero es evidente que este tipo de movimientos, tanto los del PP como los del ministro Escrivá, si bien mejoran la posición de la Seguridad Social, no representan soluciones efectivas para el déficit del Estado.

Resultan, en la práctica, meras permutaciones contables sin ninguna incidencia en las cuentas del tesoro.

Disposición segunda: El IPC real

La disposición segunda ha recuperado el consenso para establecer que el índice de revalorización de las pensiones tiene que ser el IPC real. Existieron bastantes desacuerdos en el pasado sobre este tema, pesando la influencia de la ministra Nadia Calviño, que propuso una fórmula de aproximación holística, que traducida, significaba incorporar otros índices económicos en el cálculo final, que necesariamente iban a disminuir los valores del ajuste previstos por el IPC.

Se ha reafirmado a través de sus propias palabras: a Nadia Calviño le resulta más cómodo negociar los presupuestos con el PP de la corrupción generalizada y la austeridad para los servicios públicos que con los partidos progresistas.

Disposición decimoquinta: Pensiones dignas

El Pacto de Toledo las denomina suficientes y condiciona las mejoras a que deberán financiarse con cargo a la imposición general, como expresión de la solidaridad de la sociedad española y del principio de equidad intergeneracional.

El número de pensiones en vigor al 01-10-2020 es de 9.773.000, donde el 43% son de una cuantía inferior a la pensión mínima fijada en € 683,50, y el 68 % no alcanzan los 1.080€ que reclaman como pensión mínima las mareas de pensionistas.

El presupuesto del 2021 establece el 0,9% de incremento para la pensión mínima contributiva de 683,50€, lo que representa 7,16€ mensuales y para las no contributivas de 395,60€ el 1,8% de aumento que se traducen en 8,30€ mensuales. Como menciona el BNG respecto de la aplicación del IPC, “siendo un avance “, no permite recuperar el poder adquisitivo perdido durante los años de la crisis ni garantizar pensiones dignas.

Es indispensable un incremento sustancial de las pensiones no contributivas, asimilando su importe a la cuota mínima vigente del IPREM para cada ejercicio, alcanzando en 2021 la cifra de 564,73€ luego de un singular ajuste del 5%, después de varios años congelado por el PP.

En lo referente a las pensiones contributivas, entendemos que la pensión mínima no puede ser inferior a la fecha al salario mínimo interprofesional de 950€.

Disposición décimosexta: Los planes de empresa

Si bien es cierto que la Comisión ha rechazado definitivamente la sustitución del actual sistema de reparto por otro de capitalización corresponde analizar conceptualmente esta disposición, que incorpora a las recomendaciones un proyecto neoliberal que nada tiene que ver con el sistema público de pensiones: los planes de empresa.

Según Octavio Granados, Secretario de Estado de la Seguridad Social en la época de gobierno del PSOE, resultan el complemento ideal para mantener los mismos ingresos en la jubilación que los que se percibían como trabajador en activo, y el ministro Escrivá se muestra partidario de favorecer su desarrollo para todos los nuevos contratos.

El objetivo es que los jóvenes de ahora, que se jubilarán a partir de 2050, tengan “un sistema complementario al público, realmente potente y que cumpla sus funciones de ahorro a largo plazo en el periodo de jubilación” y en virtud de ello se compromete a crear un fondo de promoción pública y de gestión privada. Estos planes contarán con importantes ayudas fiscales que afectarán las cuentas anuales, en lugar de dedicar los esfuerzos al sostenimiento del actual sistema público de reparto y solidaridad intergeneracional.

La experiencia indica que su implementación puede alentar nuevas medidas perjudiciales para los trabajadores en activo, amparadas en el prejuicio de la insostenibilidad del sistema de reparto, dirigidas a continuar ampliando la edad de jubilación, el periodo de cotización exigible, los años a considerar para el cálculo de la base reguladora (35 años es la propuesta del ministro Escrivá) y hasta reflotar el Factor de Sostenibilidad que a la fecha sigue vigente.

El Partido Popular de Pablo Casado ha presentado un voto particular en favor de ventajas fiscales para los planes de empresa, con la salvedad de que no se vea afectado el sistema público de pensiones. El solo enunciado permite verificar la existencia de un riesgo cierto de que lo público resulte afectado.

Este sistema de promoción pública y gestión privada es primo hermano de las fórmulas de capitalización individual desarrolladas mediante cuentas virtuales (nocionales) y de la mochila austríaca destinada a favorecer el despido en contratos únicos con bajos salarios. Es compatible con el programa de Ciudadanos en materia de empleo.

Con toda seguridad que estos planes de empresa contarán con el total apoyo de las organizaciones empresariales siempre dispuestas a debilitar el sistema público de pensiones y con la anuencia de los principales sindicatos, que en aras del acuerdo social aspiran a formar parte del consejo de administración de la macro entidad que supervise los fondos de pensiones privados.

También recibirán el beneplácito de los bancos intervinientes y la aprobación del PP, de Ciudadanos y del PSOE, quien ha puesto este tema en manos del ministro Escrivá, aunque a la luz de los resultados de la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital no parezca lo más acertado. El ministro Escrivá, después de ocho meses, se cuestiona si los errores han sido por falta de personal, por la falta de capacitación del mismo o por los complicados requisitos requeridos para el acceso a la prestación.

Mencionar por último que el modelo vasco de planes de empresa, que entusiasma al ministro Escrivá, ha movilizado a los pensionistas adheridos al plan de Gorea Pentsioak, que se han visto impedidos de obtener su dinero en el momento de la jubilación, limitando a unos 200€ sus posibilidades de rescate mensual.

Incremento de ingresos

El gasto en pensiones en España en relación al PIB es inferior a nuestros vecinos europeos e incrementar los ingresos propios de la Seguridad Social es perfectamente asumible dentro de las recomendaciones del Pacto de Toledo.

Son medidas en las que han coincidido reiteradamente los partidos progresistas, los sindicatos y los pensionistas en las manifestaciones públicas convocadas, y que no deben abandonarse porque resultan determinantes para favorecer el sistema público de pensiones y no afectar en demasía la cuenta de resultados de los Presupuestos Generales del Estado. En consecuencia, es necesario retomar, entre otras, las siguientes propuestas:

  • Supresión de los topes máximos de cotización fijados para el 2020 en 48.842€, sin necesidad de incrementar la pensión máxima en similar proporción.

En la Unión Europea de los quince encontramos a ocho países que superan considerablemente el tope máximo establecido en España, mientras que otros cinco ya operan sin ningún tipo de límite.

  • Mejora sustancial de las cotizaciones de los trabajadores autónomos propiciando una cotización relacionada con sus ingresos reales.

Seguramente contará con las reticencias de la CEOE y de la CEPYME. Deberán superarse, estableciendo al mismo tiempo un tratamiento especial para la protección de los pequeños autónomos.

  • Continuar con la mejora del salario mínimo interprofesional elevado desde el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz a 950€, que redunda en mayores ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social, con la perspectiva de alcanzar el 60% del salario medio de España.
  • Introducir la financiación por vía fiscal incluyendo nuevos impuestos destinados a la Seguridad Social, como los anunciados impuestos a la banca y empresas tecnológicas (aunque según la ministra Nadia Calviño, los impuestos a la banca ya no están sobre la mesa).
  • La reforma laboral del año 2012 debe derogarse y sustituirse por el desarrollo de un nuevo modelo de relaciones laborales que proteja al trabajador, que prime los convenios sectoriales sobre los de empresa y favorezca un cambio fundamental de la estructura productiva que permitacrear empleo suficiente, estable y de calidad, que elimine la desigualdad de género, incremente los salarios y los Ingresos de la Seguridad Social. (La ministra Nadia Calviño también se opone).

No obstante todo lo expuesto, cabe mencionar que en caso de existir déficits puntuales de la Seguridad Social deben atenderse con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y no por el sistema de préstamos, que hipotecan financieramente a la Seguridad Social, aumentando la incertidumbre de los pensionistas.

Conclusiones

No es de extrañar que los pensionistas se encuentren desencantados. El IPC real parece ser el logro estrella a concretar en el trámite parlamentario, pero es solo una de las reivindicaciones de este colectivo.

Vale la pena recordar que entienden necesario participar en las negociaciones y abogan por la derogación de los aspectos más regresivos de las reformas de las pensiones del año 2011 y 2013 y el Art. 211 del Real Decreto Legislativo 8/2015 de la Seguridad Social, regulador del Factor de Sostenibilidad. No solo reclaman el IPC real para mantener el poder adquisitivo, también pensiones dignas.

Es evidente que entre sus propuestas no se encuentran los planes de empresa del ministro Escrivá, y el resto de los enunciados del nuevo Pacto de Toledo no cubren las expectativas de los pensionistas. En virtud de todo ello, las manifestaciones continuarán cuando la pandemia así lo permita.

Como conclusión adicional, se observa que el ministro Escrivá y la ministra Calviño sistemáticamente se posicionan interfiriendo en las propuestas progresistas utilizando planteamientos neoliberales.

Se empeñan en contradecir públicamente a la ministra Yolanda Díaz en temas como la derogación de la Reforma Laboral, en seguir incrementando el salario mínimo o en el estudio preliminar de la semana de trabajo de 32 horas, que son de la máxima competencia de su ministerio.Pretenden conformar todas las medidas dentro del ámbito del Diálogo Social que, aunque necesario y testigo de los mayores éxitos de la ministra de Trabajo, no puede sustituir la capacidad legislativa del gobierno de coalición, ni obstruir el cumplimiento del programa acordado por los partidos que lo componen.

Fuente

 

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