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El rescate bancario de 2012 sigue pasando factura a los contribuyentes casi una década después. Concretamente, una factura de 35.000 millones de euros que el Estado tendrá que asumir una vez que la deuda que mantiene la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) pase a ser computada como deuda pública.

Así lo establece Eurostat, que obliga ahora a reclasificar el llamado banco maloen el que se agruparon gran parte de los activos tóxicos de las entidades recatadas en 2012 con el objetivo de venderlos y rentabilizarlos a mejor precio para sufragar precisamente dicho rescate.

Con esta decisión, los 35.000 millones de euros de deuda que mantiene Sareb pasarán a tener consideración de deuda pública y se sumarán al resto de la deuda del Tesoro con fecha de 2020. El impacto de la medida también se extenderá al déficit del Estado en un porcentaje aún por especificar pero que será equivalente al patrimonio negativo que tenga Sareb al cierre de 2020.

En 2019, el patrimonio neto negativo de Sareb superaba los 7.000 millones de euros, a los que habría que sumar las pérdidas que se contabilicen del año pasado. Eso permite avanzar que el impacto en déficit "estará bastante por encima" de esa cantidad, apuntan desde el Gobierno, aunque el importe definitivo se conocerá tras la aprobación de las cuentas del banco malo prevista para la próxima semana.

También se verá alterada la ratio deuda/PIB de 2020. La deuda pública ascendió al 117,1% del PIB en 2020 y al sumarle el impacto de 35.000 millones de Sareb escalará al 120%, por encima de la previsión inicial del 118,8% del Gobierno.

DECISIÓN "GRADUAL"

Sareb nació en 2012 con el objetivo de desaguar a través de ella todos los elementos tóxicos de los balances de las cajas y bancos que entonces estaban en riesgo de quiebra en España. La entidad se configuró con un 55% de capital privado -formado por otros bancos- mientras que el 45% restante quedó en manos del Estado, precisamente para evitar que la deuda computara en las cuentas públicas.

En aquel momento, tanto el Gobierno de Mariano Rajoy como el Banco de España calcularon que ese vehículo podría arrojar una rentabilidad del 15%, sin embargo, el paso del tiempo ha dejado en papel mojado aquellas previsiones y al cierre de 2019 su patrimonio neto negativo superaba los 7.000 millones de euros.

La reclasificación de la Sareb es una decisión "gradual" que se viene negociando con Eurostat desde 2018 a raíz de los cambios normativos que rigen la contabilidad de este tipo de sociedades a nivel europeo. Pero no sólo eso. La acumulación de pérdidas en este periodo ha terminado consumiendo todo el capital inicial y también ha resultado definitiva porque una de las condiciones en su origen era que la sociedad no registrase pérdidas significativas.

Además, a juicio de fuentes cercanas a la negociación, hay otros factores que han pesado en la evolución y los resultados del banco malo, como por ejemplo, que en origen se "infraestimaron" las dificultades que entrañaba el instrumento, el incremento de los precios de transferencia en estos años y otras decisiones que ahora, vistas en perspectivas, se antojan menos acertadas, tales como la contratación de un seguro derivado o el papel de los servicersen este tiempo.

MÁS ALLÁ DE 2027

La reclasificación no tendrá ningún otro impacto en la organización ni en el funcionamiento de Sareb, así como tampoco en la gestión de su cartera inmobiliaria. El objetivo sigue siendo obtener recursos para saldar la deuda, de modo que a medida que se vendan las carteras de activos de Sareb, se irá reduciendo también esa parte de la deuda del Estado.

La otra cuestión sobre la mesa tiene que ver con el periodo de vida de la propia Sareb. Inicialmente se planteó con una fecha de caducidad, el año 2027, pero ahora no se descarta que ese horizonte vaya más allá y las fuentes consultadas aseguran que sería "lógico" plantearse al menos esta opción.

 

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