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La falta de las vacunas comprometidas y el retraso en las entregas está llevando a autoridades desde la Comisión Europea hasta el propio Fernando Simón a plantear la posibilidad de "liberar las patentes" de la vacuna del COVID.

Legalmente hay dos vías para “liberar” esas patentes: con o sin acuerdo con las farmacéuticas:

- La primera es la multilateral: lo autorizan los artículos IX.3 y IX.4 del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial de Comercio y estipulan que en “circunstancias excepcionales y limitando las condiciones y el momento en que finaliza”, se puede dictar ese embargo. El procedimiento dura normalmente 90 días pero, India y Sudáfrica lo pidieron el 2 de octubre, con el apoyo de 58 países y todavía no ha habido respuesta. La próxima Conferencia Ministerial está prevista para junio, así que es una vía legal pero requiere del acuerdo global, así que es lenta o improbable.

- La segunda vía es la nacional: cada país o grupo de países puede dictar esa “liberación de patentes” por su cuenta. La Unión Europea lo ha insinuado ya, apelando al Artículo 122 del Tratado Fundacional que permite esa “expropiación” –literalmente—“si surgieren dificultades graves en el suministro de determinados productos”.

La expropiación de las vacunas es legal, pero muy complicada incluso ante el incumplimiento flagrante de los contratos por parte de empresas como AstraZeneca.

¿Se debe hacer? ¿puede solucionar los problemas de abastecimiento?

Hay un gran argumento a favor y es la inmensa inversión pública que esta vacuna ha tenido y que sólo está reportando beneficios privados. 25.000 millones de dinero público han financiado el desarrollo de estas patentes y 18.000 millones en beneficios privados es lo que —hasta ahora— han declarado las farmacéuticas privadas que incumplen las entregas prometidas.

En contra, las farmacéuticas que reclaman seguridad jurídica bajo un sistema de patentes que rige desde 1994 y que aseguran que invierten 10 años y 2.500 millones en cada vacuna que comercializan. Si se les expropian tras su éxito, las farmas no invertirán en una próxima pandemia, apuntan.

Ese es el debate de fondo pero a tu pregunta urgente, la de ¿solucionaría esto el abastecimiento ya? La respuesta es probablemente no por tres motivos:

- Uno: se necesitan vacunas ya y la expropiación es un proceso lento que suele terminar en tribunales y dilatarse hasta años.

- Dos: no es gratis. La llamada “licencia obligatoria” obliga a compensar a las farmas así que requeriría nuevos fondos además de los ya pagados.

- Y tres: incluso si se expropia la “fórmula” se choca con la manufactura. Luego hay que fabricar la vacuna. Pfizer sostiene que la suya tiene 260 componentes de 60 fábricas diferentes. Muchos países pueden no tener capacidad para ese desarrollo.

Así que puede ser la solución pero al problema a corto plazo, no.

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¿Quién está a favor y quién en contra de la liberación de patentes?

 El tablero tiene a 100 gobiernos a favor de esta la medida de estudiar la expropiación de los 164 que se integran en la OMC, en la Organización Mundial del Comercio. Y también a bordo están la OMS y ONUSida, además de organizaciones como Médicos Sin Fronteras.

Pero en contra están los países ricos y cuyas empresas desarrollan estas vacunas: Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Brasil, Australia, Noruega, Suiza y la Unión Europea. Esos países son los que bloquean ahora mismo la medida.

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