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Ya en 2018, la exdirectora gerente del FMI, Christine Lagarde, declaraba que “los niveles de deuda están alcanzando nuevos picos en los países avanzados, los países emergentes y los países de bajos ingresos […] la deuda global, tanto pública como privada, hoy se sitúa en un máximo histórico de 182 billones de dólares, casi un 60% más que en 2007 […] Los países emergentes y los países en desarrollo ya están sintiendo los primeros efectos”.

Dos años después, bajo el impacto de la brutal desaceleración de una economía mundial tan enferma como frágil, la situación está alcanzando niveles sin precedentes. En los países del norte, el nivel general de deuda pública ha superado el 120% del PIB. En el Sur, más de uno de cada cinco países se encuentra en una situación de sobreendeudamiento y casi el 15% se encuentra en suspensión de pagos parcial o total. Según la OIT, en estas regiones se han destruido casi 300 millones de puestos de trabajo formales en pocos meses. Según el Banco Mundial, para fines de 2020, como consecuencia directa del Covid-19, la pobreza extrema afectará a entre 88 y 115 millones de personas más y sumirá a casi 270 millones de personas más en una situación de inseguridad alimentaria aguda.

A pesar de la urgencia de la situación, de los llamamientos a la ayuda de la población de ciertos jefes de Estado y de las movilizaciones coordinadas de las organizaciones de la sociedad civil, los grandes discursos de las IFI (Instituciones Financieras Internacionales) y de las instituciones internacionales no han tenido consecuencias prácticas. Las medidas tomadas en primavera y otoño por el FMI, el Banco Mundial y el G20 pueden resumirse nuevamente de la siguiente manera: «Too little, too late». “ too little/demasiado poco”, en cuanto al número de países afectados (apenas el 50% de los países en desarrollo), sin ninguna cancelación de la deuda y sin esfuerzo de los acreedores privados; y «too late/ demasiado tarde», para la mayoría de los países afectados las medidas anunciadas en abril sólo se aplicaron a partir de agosto/septiembre. Como resultado, Zambia parece ser solo el primer país en una próxima larga lista de países que se van a declarar en suspensión de pagos durante las próximas semanas.

Casi cuatro décadas después del inicio de la última gran crisis de la deuda del Tercer Mundo, nos encaminamos hacia otra catástrofe humanitaria. Las IFI y las instituciones internacionales no quieren abandonar las políticas que han llevado a esta gravísima situación. Peor aún, el FMI, como siempre, condiciona su intervención a la aplicación de planes de ajuste estructural, de acuerdo con su histórica acción antisocial y pro-neoliberal. A pesar de su impacto nefasto en las condiciones de vida del 85% de la población mundial, los 3 billones de dólares en deuda pública externa de los países del sur significan muy poco en comparación con los 5 billones de dólares desbloqueados solo en los Estados Unidos y en Europa, y frente a toda la deuda mundial. En resumen, con voluntad política, es posible la cancelación total de la deuda de los países en desarrollo.

Dado que los acreedores oficiales y privados no están dispuestos a actuar en el interés general, hacemos un llamamiento a los países del Sur para que ejerzan su derecho y suspendan el pago de su deuda invocando tres argumentos muy legítimos en este período: el «cambio fundamental de circunstancia» desde el inicio de la pandemia mundial, el «estado de necesidad» ante los indispensables gastos sociales y sanitarios adicionales en un contexto de crisis económica, y la «fuerza mayor» dada la situación de sobreendeudamiento en la que se encuentran. Para protegerse de las represalias ya proferidas por los acreedores privados, hacemos un llamado a los países del Sur para que se constituyan en un frente único contra el pago y a favor del repudio de estas deudas ilegítimas.

Además, la pandemia del coronavirus está afectando a una parte cada vez mayor de la población y las medidas de confinamiento agravan el desempleo, la disminución de los ingresos, la precariedad, el aumento de los precios de los productos alimenticios y de los servicios básicos. Los despidos masivos de empleadas y empleados y la quiebra de micro-proyectos y otras pequeñas actividades de subsistencia se están generalizando. La mayoría de los hogares populares hoy en día tienen grandes dificultades para cubrir sus necesidades básicas diarias mientras sus gastos aumentan para protegerse contra el Covid-19 dada la situación del sistema de salud pública desmantelado por décadas de políticas liberales a favor del sector privado desde 1980. Hoy en día, cientos de millones de personas de clases trabajadoras sobre-endeudadas, muchas de las cuales son mujeres, se ven incapaces de reembolsar sus préstamos y soportan las altísimas tasas de interés impuestas por las instituciones de la microfinanza (microcréditos), así como por instituciones de crédito al consumo y bancos. Este sobreendeudamiento también afecta a las y los campesinos y agricultores obligados a realizar una explotación intensiva y destructiva mediante inversiones masivas en maquinaria e insumos fósiles; afecta de forma muy importante a las mujeres que no pueden reembolsar microcréditos; a las y los inquilinos que no pueden pagar una vivienda sobrevaluada por la pura especulación inmobiliaria; a las y los estudiantes cuyo futuro profesional y personal se sacrifica para reembolsar préstamos que violan los derechos humanos; o incluso a todas aquellas personas que se ven obligadas a recurrir al crédito al consumo para cubrir los gastos básicos en un contexto de neoliberalización cada vez más agresiva que beneficia solo a las y los más acomodados.

Las tragedias sociales de amplias capas populares que resultan de su endeudamiento bancario, mientras una minoría que especula en el sector financiero se enriquece, hacen que estas deudas privadas sean ilegítimas. También son ilegales por defectos contractuales.

Hacemos un llamamiento a la movilización ciudadana y social (personas a título individual, asociaciones, organizaciones, movimientos autónomos, redes, etc.) para investigar las diferentes formas de saqueo y abuso que cometen las instituciones de microcrédito, las instituciones de crédito al consumo y los bancos contra sus víctimas, y escrutar los fundamentos ilegítimos e ilegales que exigen la cancelación de las deudas privadas de los hogares pobres.

Esta movilización necesaria para la cancelación de deudas privadas ilegítimas será una componente de un movimiento global para la cancelación de las deudas públicas ilegítimas.

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