instituto de credito oficial

España se enfrenta a un reto trascendental en medio de la mayor crisis económica de nuestra historia reciente: aplicar con el mayor acierto posible la enorme cantidad de recursos provenientes de la Unión Europea al amparo del Plan de Reconstrucción Transformación y Resiliencia. 

Con estos recursos no solo se debe tratar de volver a normalizar la vida económica tras la pandemia sino que se debería hacer frente a desafíos previos en los que vamos realmente retrasados: reindustrialización, atención a la investigación y desarrollo, combatir el cambio climático y otras crisis ecológicas, promover vivienda pública asequible en alquiler, construir infraestructura socialmente necesaria, solventar las consecuencias de una España vaciada y atender a las pequeñas empresas. 

Para poder utilizar con éxito todos esos recursos, nuestro país carece de un sector financiero que anteponga las necesidades colectivas a la rentabilidad privada a la hora de financiar a la economía. Algo que es completamente esencial cuando de lo que se trata es de hacer llegar los recursos disponibles y el crédito añadido que sea preciso a todos los rincones de la economía y no sólo a los clientes más rentables o que proporcionen completa solvencia y seguridad. 

Nuestro sector bancario constituye un mercado oligopolístico, muy concentrado, que quizá puede hacer frente a la financiación de grandes proyectos pero que cada día tiene más dificultades para atender a los territorios periféricos, a las pequeñas y medianas empresas, a jóvenes emprendedores, a proyectos para combatir la brecha de género ,o de innovación social que, por definición, son arriesgados. 

A diferencia de lo que ocurre con otros países, España no dispone de una banca pública, solo dispone de un Instituto de Crédito Oficial (ICO) que, en estos momentos, no es un instrumento financiero suficiente para canalizar ese tipo de financiación ni para llevar a cabo la inversión propia o en cooperación con empresas que tienen dificultades para operar con financiación privada. 

Porque el ICO es una institución limitada en sus funciones y de escaso tamaño (cuando, además están disminuyendo sus activos y margen bruto). En 2019 su activo era de 32 mil millones frente a los 503 mil millones del KfW alemán, los 181 mil millones de la Caisse de Dépôts o los 386 mil millones de la Cassa Depositi e Prestiti. 

Aunque entre sus objetivos se afirma que es un “instrumento de política económica para promover el crecimiento económico”, es muy difícil, por no decir imposible, que pueda llevarlo a cabo con su reducida capacidad crediticia: 20.626 millones de euros en 2019, lo que tan solo representa el 1% de los créditos totales concedidos por las entidades de depósito españolas, según el Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España de primavera 2020). 

La oferta de 140 mil millones en avales recientemente realizada por el Estado ha puesto de manifiesto la realidad de un ICO sin oficinas, sin personal suficiente y supeditado a la banca privada, limitándose a ofrecer aval público (entre un 70-80%) a créditos que, en algunos casos, el banco privado tenía ya considerados como de riesgo y trasladando ese riesgo a las arcas públicas. Y ello sin contar con las prácticas de condicionar esos créditos “públicos” a la venta de otros productos de su exclusivo beneficio. 

Para poder utilizar con éxito los recursos europeos de los que va a disponer España, además de la banca privada, también es imprescindible que exista un organismo para que la financiación y la inversión fluyan también hacia todas las esquinas de la economía que dan retornos a medio y largo plazo; que atienda la financiación contracíclica para respaldar la recuperación en tiempos de dificultades y que financie con capacidad, rigor y prudencia a las administraciones públicas de menor nivel.

Para superar el bajo dinamismo inversor existente hasta hoy, no hay que limitarse a recibir propuestas de financiación sino actuar de forma proactiva, como un agente dinamizador de las mismas en colaboración con organismos locales o regionales, 

 Para ello hay que empezar por garantizar que el ICO tenga un tamaño suficiente como para llevar a cabo sus funciones: 

  • Aumentando sus sucursales y oficinas (al menos una por provincia)  para acercarse a la España vaciada y contribuir al equilibrio territorial, contando con la colaboración de otros medios públicos, como Correos, que ya ofrece servicios financieros básicos on line y en sus múltiples oficinas.
  • Contratando personal capacitado, con experiencia e implicado con la misión de servicio público del que se puede disponer fácilmente tras la profunda reducción de empleo en el sector bancario.
  • Cooperando con los organismos y agencias de inversión existentes en las Comunidades y con otros bancos públicos de desarrollo para afrontar problemas de escala global. 
  • Implantando una gobernanza eficiente que garantice una supervisión interna y externa cualificada y plural.

Sin perder de vista la necesidad de un sector de banca pública que preste las atenciones más elementales de servicios y pagos a la ciudadanía y  los sectores más vulnerables,es necesario abordar con urgencia un ambicioso plan para transformar el ICO. Con la instrumentación derivada de la llegada de fondos europeos, no hay excusa para no aumentar drásticamente sus consignaciones en los Presupuestos Generales del Estado, que han pasado de 4 millones en 2018 a 1,1 millones en 2021. 

Plataforma por una Banca Pública                     

Se adhieren:

FIRMAS INICIALES:

Promotora de la iniciativa: 

Plataforma por una Banca Pública

Firmas Individuales:

Albors, José. Directivo de FEVECTA 

Aparicio Wilhelmi, Marco. Profesor de Derecho Constitucional UG . Director de la Cátedra UNESCO de Desarrollo Humano Sostenible

Alvarez Cantalapiedra, Santiago. Director FUHEM

Alonso, Luis Enrique. Catedrático Sociología. Facultad de CC.EE y Empresariales UAM

Baiges Planas, Francesc. Profesor periodismo de la UAB. Vicepresident de SICOM

Barbarà Molina, Antoni. Médico i activista de Marea blanca

Barceló, Alfons. Catedrático jubilado Universidad de Barcelona

Berzosa, Carlos. Catedrático emérito y rector honorario Univ Complutense Madrid 

Bueno Suárez, Carlos. Doctor en Economía. Universidad de Sevilla

Bugallo, Carlos. DEA en Economía Aplicada y Licenciado en Geografía Historia

Cabayol Virallonga, Josep. Presidente de SICOM ( Solidaritat i comunicació)

Cardín, Ángel. Economista. Director Banco Hipotecario en Galicia

Carpintero, Óscar. Profesor Titular Economía Aplicada de la Universidad  Valladolid

Casado Cerval, Ignacio. Secretario General de CGT en CaixaBank

Castro Sanz, Marcos de. Expresidente de la Confederación Empresarial de  Economía Social.

Castro Garcí, Carmen. Economista feminista. Profesora asociada Univ de Valencia.

Colom i Cabau, Agustí. Profesor de economía de la UB.

Comas d’Argemir, Dolors. Catedrática de antropología social de la Universitat Rovira i Virgili

Escudero, Teresa. Jefa de Área de Estadísticas Sociales del INE. Cuerpo de Economistas de la Seguridad Social

Estrada, Bruno. Economista Adjunto Secretario General de CCOO 

Etchenique Calvo, Ana. Vicepresidenta en CECU (Confederación de Consumidores y Usuarios)

Fonseca, Jorge. Catedrático Economía aplicada. Universidad Complutense de Madrid

Franquesa Artés, Ramón. Profesor de Economía Mundial de la UB. Activista

Fuertes Esteban, Antonio. Pedagogo social. Plataforma por una Banca Pública

Gadea Martínez, Fernanda. Coordinadora de Attac España

Garcia, Ernest. Catedrático Sociología en la UV decano de su Facultad de Ciencias Sociales.

García Zaldivar, Ricardo. Doctor en economía. Coordinador del Consejo Científico de Attac España

Gonzalez Vallejo, Santiago.  Acción internacional y desarrollo sostenible, USO. President d’@AlterBanc

Jimenez Villarejo, Carlos. Fiscal Anticorrupcion, jubilado

Laborda, Juan. Analista financiero. Profesor de la Universidad Carlos III

Lorente Campos, Raúl. Profesor dep de Sociologia i Antropologia Social UV

Manzanares Corto, Ernesto. Junta rectora de ATTAC. Plataforma por una banca pública

Mañas Martínez, Lucía. Profesora de Economía Universidad Rey Juan Carlos

Mañé Aurora. Profesora Economia Universidad Barcelona

Martínez Castells ,Angels. Fue profesora titular de economía en la UB

Martínez Hernández, Aurora. Profesora de economía. Coord Plataforma Banca Pública

Martínez Tablas, Angel. Catedrático jubilado de Economía Aplicada. UCM

Martínez García, Carlos. Polítólogo. Ex secretario del Consejo de Administración de Cajagranada.

Moreno, José Ángel. Miembro de la Junta de Economistas sin Frontera

Morote Cuesta, Francisco. Presidente de Honor Attac Canarias y Catedrático de Historia 

Muro, Ignacio. Economistas Frente a la Crisis

Murray Mas, Ivan. Profesor de geografía de la Universitat de les Illes Balears

Naredo, José Manuel. Premio nacional de Economía y Medio ambiente. Estadístico

Nolla Fernández, Manuel. Portavoz de la Plataforma por una Banca Pública

Pastor Verdú, Jaime. Profesor titular Ciencia política. UNED

Palacios Romero, Francisco.  Profesor de Derecho Constitucional, Univ de Zaragoza

Piñuel Raigada, José Luis. Catedrático Emérito de Comunicación . Univ Complutense

Raventós, Daniel. Profesor economía de la UB. Presidente de Red Renta Básica

Recio Andreu, Albert.  Profesor emérito de economía de la UAB

Rieznik Kornblihtt, Rodolfo. Doctor  en Economia. Secretario Economistas sin Frontera

Roca Jusmet, Jordi. Catedratico Economia Universidad Barcelona

Rodríguez, María. Socióloga. Miembro Observatorio Responsabilidad social corporativ

Rodríguez López Julio. Ex-presidente de Banco Hipotecário. Estadístico

Sanabria Martín, Antonio. Profesor de Economía en la UCM

Santos Pulido, José.      Ex – Inspector del Banco de España

Serrano, Roberto. Presidente de la Asociación Adabankia

Sotres, Juan. Miembro de la Comisión Ejecutiva y C. Admon por los Impositores de Caja Madrid (1988-1993)

Toledano González, Diosdado. Coord Grupo promotor Renta Garantizada Ciudadanía. Activista

Tornamira, Roberto. Secretario Federal Sector Financiero, Oficinas y Seguros de FeSMC UGT

Torres Lopez, Juan. Catedrático de economía. Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Utrera, Ramón. Ex consejero de Caja Madrid. Analista financiero

Vázquez Oteo, Orencio. Coordinador Observatorio Responsabilidad Social corporativa y Profesor economía UNED

VicenteTejada, Javier de. Secretario de Acción Internacional y Desarrollo Sostenible de USO

Zufiaur, José María. Ex Secretario General de USO. Es miembro del Comité Económico y Social Europeo

Firmas de entidades

Economistas frente a la Crisis 

Economistas sin fronteras

Comisiones Obreras.

USO. 

ATTAC España

ATTAC Acordem

CECU, Confederación de Consumidores y Usuarios. 

Observatorio  de Responsabilidad Social Corporativa.

Asociación Ada Bankia. 

COESPE.- Coordinadora estatal en defensa del sistema público de pensiones

Aliança de Marees i Moviments Socials de Catalunya

Coordinadora d’Asemblees de treballadors/res en atur de Catalunya

FAVB.- Federació d’Associacions veïnals de Barcelona 

FRAVM. Asociación Regional   de Asociaciones de Vecinos de Madrid.

SICOM.- Solidaritat i Comunicació

Aliança de Marees i Moviments Socials de Catalunya

Marea Pensionista de Catalunya. 

Plataforma de Fiscalitat justa, ambiental i solidària ( Catalunya)

Justicia y Paz Madrid

Fuente

 

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