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La imagen de los autobuses circulando masificados durante estos trece meses pandémicos ha sido una constante en Recife (Pernambuco). En el último trimestre del año pasado el sindicato de conductores dijo basta: empezó a negociar con la patronal, y luego a pensar y a convocar huelgas.

Más de una treintena de compañeros –el último este mismo viernes– han fallecido tras contagiarse en su puesto de trabajo. Su principal paralización, sin embargo, fue considerada abusiva por la Justicia regional, a finales de diciembre, y quedó inmediatamente suspendida.

Superando ya los 400.000 fallecidos por la covid-19, en lo alto de la –todavía– segunda ola y con un ritmo de vacunación mucho menos del que Brasil ha demostrado que puede llegar a alcanzar en anteriores campañas, los tribunales brasileños obstaculizan sin cesar las tareas del movimiento sindical y las formas de lucha de la clase trabajadora, más que necesaria en un periodo que también está conllevando graves abusos laborales.

Para Aldo Lima, presidente del Sindicato de los Trabajadores de Transportes Urbanos de Pasajeros de Recife y Región Metropolitana, es una actitud absolutamente incomprensible en la cual "parte de los magistrados del Poder Judicial contribuyen a la actuación nefasta de la patronal, los empresarios de transporte". En Recife, y en otras grandes capitales, las empresas concesionarias de las líneas de autobuses han recortado el número de vehículos en circulación para abaratar costes durante la crisis, obligando de paso a los autobuseros a realizar varias funciones, en trayectos que incumplían cualquier recomendación sanitaria.

"Manipulan a la sociedad, nos intentan atacar diciendo que causamos daños, problemas o transtornos, pero no exigen a la patronal que emplee el cien por cien de la flota para evitar las aglomeraciones". Al sindicato de autobuseros de Recife, los empresarios han intentado prohibirles –esto de momento sin éxito– hasta las asambleas en garajes y cocheras, por considerarlas acciones de protesta.

Correos ha sido otro de los centros neurálgicos del movimiento sindical brasileño durante la pandemia. En 2020 realizaron una huelga de treinta y cinco días, en una empresa absolutamente militarizada desde la llegada al poder de Jair Bolsonaro: generales y coroneles dominan el consejo de administración. Protestaban para conservar las medidas de protección a los trabajadores señaladas en su convenio colectivo. Su ímpetu también se topó con los tribunales. "Las huelgas acaban en la Justicia todas las veces", explica José Rivaldo, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores y empresas de Correos (FENTECT), en conversación con Público, "con multas astronómicas que no podemos pagar, que buscan hundir a los sindicatos, o con decisiones que permiten despedir a trabajadores".

Estas multas pueden llegar a ser de dos millones de reales diarios –300.000 euros–. A los sindicatos de los petroleros les multaron en 2019. No obedecieron, continuaron en huelga, y ahora están ejecutando las sanciones, con recargo. Los sindicatos se desangran. "La Justicia ayuda a la patronal", se queja Rivaldo. "Los trabajadores van a la lucha, hay que estar permanentemente movilizados y convencidos, pero siempre llega el jarro de agua fría de los tribunales".

En el caso específico de Correos, "el Tribunal Superior del Trabajo retiró setenta cláusulas del convenio colectivo de los trabajadores", recalca Sérgio Nobre, secretario general de la Central Única de los Trabajadores (CUT), "conseguidas tras años de lucha, entre otras algunas de igualdad de género y discriminación por raza". Nobre pertenece al Sindicato de Metalúrgicos de São Bernardo do Campo (São Paulo), organización que Luiz Inácio Lula da Silva presidió en la segunda mitad de los años setenta. A ellos también les han amenazado con esas multas de un millón de reales cada vez que bloqueen la Vía Anchieta, una de las arterias fundamentales de la región metropolitana paulista. No es una intimidación cualquiera: la CUT ha demostrado en numerosas ocasiones a lo largo de las décadas que puede paralizar el motor económico del país con manifestaciones de decenas de miles de trabajadores.

"El problema de la estructura sindical brasileña es que el Estado controla el movimiento sindical", comenta para este reportaje el secretario general de la CUT. "El origen de nuestra estructura fue una copia del modelo sindical de Mussolini. Italia enterró ese modelo, pero en Brasil continúa activo". Por eso necesitan, en opinión del dirigente, "autonomía, autorregulación, no es competencia de la Justicia decidir cómo tenemos que organizarnos".

Consecuencias de la reforma laboral de 2017

Coinciden la mayoría de los sindicatos en que el panorama está muy cuesta arriba. "La situación está empeorando mucho, la Justicia interfiere cada vez mas", reconoce Sérgio Nobre desde la CUT. Aldo Lima, desde Recife, concuerda con que el Estado brasileño quiere inmovilizar el movimiento sidical, limitando el campo de acción de esta "vía extrema" que es la huelga, siempre "ocasionada por un antecedente de frustración". Para el líder del sindicato de autobuseros de Recife, las dificultades comienzan con la propia Ley de Huelga, de junio de 1989. La norma señala, entre otros conceptos, una amplia lista de actividades esenciales que exigen servicios mínimos durante las paralizaciones, y excepciones en los que, a falta de acuerdo, los empresarios pueden contratar servicios para sustituir a los empleados en huelga.

Con el cambio de siglo, señala José Rivaldo, "hubo un periodo, por así decir, en que no estábamos así de mal. Hubo una mejora en cuanto a derechos laborales, estábamos cerca del pleno empleo y la Justicia estaba más equilibrada". Tras el impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff, llegó la Reforma laboral (2017), ya con Michel Temer al frente del Ejecutivo, que se vanagloriaba de la modernización del mercado de trabajo a cambio de una patente precarización, abanderada por una de las más controvertidas innovaciones: el contrato intermitente.

"La Reforma Laboral de 2017 trajo, además", recuerda Nobre, "el fin del impuesto sindical, para anular las fuentes de ingreso de los sindicatos e inviabilizarnos, el permiso para que los empresarios negocien de forma individual con cada trabajador, y la tercerización [externalización] ilimitada".

La tercerización, incluso de las actividades primarias, la han vivido con intensidad en lo últimos meses los trabajadores del Departamento Estatal de Tráfico (DETRAN), en Río de Janeiro. La plantilla externalizada no contaba con las mínimas medidas de seguridad sanitarias contra la covid-19 ni habían recibido el reajuste salarial prometido. Su huelga se hizo sentir –el DETRAN realiza también servicios de registro civil– durante unas semanas, pero no consiguieron nada. La amenaza de multa a su sindicato era de medio millón de reales por día de huelga, y además en determinadas secciones el DETRAN comenzó a cambiar una empresa tercerizada por otra para disolver el problema y retomar el ritmo, ocultando el conflicto social.

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