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"En España es necesaria una reforma fiscal progresiva que grave las rentas altas y que tenga en cuenta los nuevos modelos de negocio. Los tipos objetivos, las desgravaciones y los impuestos indirectos, que no tienen que ver con la capacidad adquisitiva sino con la necesidad de acceso a bienes de los que no puedes prescindir, hacen recaer el peso en las familias", explica el economista Manuel Garí.

Ese planteamiento choca en parte, y sintoniza por otra, con el anuncio realizado hace unos días por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que advirtió de que el Gobierno está decidido a emprender una reforma fiscal, aunque con escasos detalles, entre los que se incluyen el de no dejar claro si es partidaria de mantener o de eliminar los tipos reducidos del IVA (4% y 10%), y con una fecha de inicio supeditada a una recuperación de la actividad económica que las previsiones no ubicas antes de 2024.

Sería, de materializarse, la primera reforma fiscal de calado desde los años 70 en un país que lleva décadas cargando el peso de la recaudación de impuestos en las familias, que pagan entre tres de cada cuatro y cuatro de cada cinco euros que ingresa Hacienda, con una presión netamente superior a la que soportan las empresas y a la relación entre las rentas de ambas. 

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