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“Esta ofensiva quiere cargarse cualquier poder revolucionario, cualquier herramienta que aparentemente o en alguna medida funcione para constituir un proceso de activación del movimiento y del poder popular”. “Creemos que hay la posibilidad de articular un polo democrático y de lucha social, porque unos y otros no están resolviendo ningún problema real”

Desde Euskal Herria Sare Antifaxista quiere mostrar su solidaridad con Izquierda Castellana (IzCa), Juanjo Basterra, kazetaria eta m. soziala * E.H

Este 29 de julio se cumplieron cinco años desde el fallecimiento de Doris Benegas, dirigente de Izquierda Castellana (IzCa), y unos días después el juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha notificado la resolución impulsada por el Ministerio del Interior, presidido por Fernando Grande-Marlaska, a través de la Abogacía del Estado que pone en marcha “un proceso para ilegalizar” esta formación revolucionaria. Un nuevo escalofrío recorrió muchas entrañas. En 2008 ya hubo otro proceso de ilegalización, que quedó archivado en la Audiencia Nacional. 

Hablamos desde Sare Antifaxista con Luis Ocampo, dirigente de Izquierda Castellana, quien afirma que el objetivo de esta ofensiva “es cargarse cualquier poder revolucionario, cualquier herramienta que aparentemente o en alguna medida funcione, para impedir un proceso de activación del movimiento y del poder popular”. IzCa recuerda que “vamos a dar la batalla contra nuestra ilegalización en la Audiencia Nacional y ante todas las instancias judiciales, incluyendo las europeas”. 

Ocampo lamenta que este proceso contencioso-administrativo “se ha abierto con la intencionalidad de que no nos enteráramos” y “precisamente lo hacen en agosto”. Sin embargo, IzCa ha conseguido una gran solidaridad desde que ayer hicieron públicas las intenciones del Ministerio de Interior para enmudecer su actividad al lado de quienes sufren las injusticias, con más de 405.000 visitas a su página. 

Luis Ocampo indica que “se basan en una cuestión administrativa. El procedimiento administrativo que siguieron para comunicarnos esa decisión ha sido irregular. No han utilizado bien las direcciones con la intencionalidad de que no nos enteráramos y lo que han hecho es publicarlo en el BOE y así, urbi et orbe, se tiene que dar todo el mundo por enterado”.

Remarca que “tenemos un plazo de 20 días para hacer un recurso, aunque no está claro si el mes de agosto es hábil o no para estas cuestiones, pero vamos a agilizar el asunto. Vamos a presentar el recurso, porque ni tan siguiera quieren que haya una vista sobre el tema y aportaremos la documentación”. La cuestión troncal, como señala Luis Ocampo, es “ilegalizar a Izca”, pero hasta la fecha “somos y hemos sido legales, claro”. Y añadió que “vamos a dar la batalla contra nuestra ilegalización en la Audiencia Nacional y ante todas las instancias judiciales, incluyendo las europeas”.

A la pregunta de ¿qué cambia en el plazo de un mes o algo más? El miembro de Izquierda Castellana indica que “ya intentaron ilegalizarnos hace unos cuantos años (2008)”, pero añade que “desde hace un año para aquí, Izca, el movimiento comunero, Yesca, etc, la gente que se mueve en el castellanismo revolucionario, y otra mucha gente, creemos que tenemos un cierto papel en ese proceso que se está articulando en Castilla, pero muy en particular en Madrid, que es lo que les hace daño”. 

Añade que “me refiero a un proceso de unidad popular real por la base, por los barrios, por los pueblos de la comunidad, por el sindicalismo alternativo, que está resurgiendo muy potente, que ha salido varias veces a la calle, incluso vimos como el delegado de Gobierno anterior, el sr. Franco, prohibió algunas movilizaciones y, pesar de ello, salimos en formato de paseo, que decíamos”.

Luis Ocampo lo tiene bastante claro: “lo que quieren es cargarse cualquier poder revolucionario, cualquier herramienta que aparentemente o en alguna medida funcione, para impedir un proceso de activación del movimiento y del poder popular. Ellos -dice- están interesados en dar la imagen de que la derechona o el gobierno actual es a lo más que se puede aspirar y nosotros no lo compartimos para nada. Creemos que hay la posibilidad de articular un polo democrático y de lucha social, porque unos y otros no están resolviendo ningún problema real. Cada vez va a peor, en Madrid hay más gente pasando hambre, más desahucios, más precariedad... ellos viven en una fantasía acojonante”.

Esta vez les quieren aplicar un proceso contencioso-administrativo, “recurren a esta vía para intentan aparentar que no tiene un trasfondo político” y “nos dicen que no cumplimos los requisitos de la ley de 2015 en relación con las cuestiones económicas de los partidos políticos. Es posible, pero no lo cumplamos, pero no han comunicado ni en tiempo ni forma nada para poder corregirlo. No hemos tenido ni pedido nunca ningún tipo de ayuda económica oficial ni subvención”.

Por lo que Luis Ocampo afirma que “para nosotros esto es una continuación  del franquismo, con una remodelación de caras. No necesitan argumentos, los aplican. Les da igual la excusa de las cuestiones económicas”.

Declaración Política   

Izquierda Castellana publicó ayer en su red social una “Declaración política ante el nuevo intento de ilegalización: el Ministerio del Interior impulsa un procedimiento en la Audiencia Nacional para la ‘extinción’ de Izquierda Castellana”

En la misma recuerda que es el Juzgado Central Contencioso-Administrativo nº 6 de la Audiencia Nacional quien “nos ha notificado el día 5 de agosto la resolución impulsada por el Ministerio del Interior a través de la Abogacía del Estado” en el que “se insta a la ‘extinción’ de Izquierda Castellana, es decir, a su desaparición como organización política legal”.

A su juicio, el Ministerio del Interior “recurre a triquiñuelas administrativas”, arguyendo que “los estatutos de IzCa no se ajustan a los cambios introducidos por la reforma legislativa de la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos”.

Sin embargo, en esta Declaración Política, la formación comunera revolucionaria señala que “resulta paradójico que una organización política que, como es el caso de IzCa, nunca en toda su historia solicitó ni percibió subvención económica alguna, se pretenda ilegalizar en función de ese tipo de razones, especialmente cuando la mayoría de los partidos políticos que incumplen ostensiblemente la normativa sobre tales cuestiones no son ni tan siquiera advertidos de tal posibilidad”.

Por lo que añaden que “en nuestra opinión, el intento de extinción/ilegalización de IzCa patrocinado por el Ministerio del Interior tiene una motivación política: la pretensión de hacer desaparecer una organización cuya actividad esencial es la denuncia del conjunto de las actividades corruptas, antisociales, antidemocráticas y antipatrióticas del actual Régimen de la IIª Restauración borbónica; y cuya finalización pasa inevitablemente por la instauración de un sistema democrático, republicano y de derechos sociales”.

IzCa, como remarca, “no ha recibido ni tampoco solicitado un solo euro del erario público. Nuestra actividad se basa única y exclusivamente en nuestros recursos, muy especialmente en nuestros recursos humanos, es decir, en los/as militantes y activistas que nos apoyan cada día de una u otra manera. IzCa no tiene como tal -ni lo pretende- representación en las instituciones de este Régimen postfranquista. No despreciamos ese ámbito de acción, pero nos parece que lo más importante y útil en este momento histórico es potenciar el movimiento y la organización popular en los diversos sectores, y en ello nos centramos, creemos además que con cierto éxito; eso es lo que no nos perdonan desde el Régimen y sus sucesivos gobiernos”.

Recuerda, por otro lado, el acoso permanente desde su constitución “desde el poder constituido; numerosas operaciones mediático-policiales se han urdido contra nuestra organización”. Remarcan que ya en 2008 ya hubo un intento de ilegalización de IzCa, “que finalmente fue archivado en la propia Audiencia Nacional”. Por otro lado, mencionan que “en diciembre pasado 2020 se celebró el juicio contra nuestro compañero Luis Ocampo -Doris Benegas también estaba procesada- por los hechos ocurridos en la manifestación republicana en Madrid en octubre de 2014. En ese juicio se solicitaba año y medio de cárcel. Finalmente, nuestro compañero fue absuelto; en la sentencia, el Tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid recoge textualmente que su versión de los hechos era plenamente creíble”.

Insiste IzCa que “hemos venido denunciando la política represiva hacia el movimiento popular y simultáneamente favorecedora para la extrema derecha que se viene realizando desde el Ministerio del Interior y muy especialmente desde la Delegación del Gobierno en Madrid, represión acentuada desde el inicio de la pandemia Covid-19. Pronosticamos con precisión la contundente derrota de la izquierda institucional en Madrid en las pasadas elecciones autonómicas del 4 de mayo; y pronosticamos -creemos que sin la menor posibilidad de error- la derrota de la izquierda institucional en las próximas elecciones generales si esta continúa por el camino actual”. 

Por lo que añaden que “si se intenta hacer desaparecer a las organizaciones de activistas, aquellas que con más entrega y compromiso defendemos los intereses de las clases trabajadoras, se está facilitando el camino de acceso al Gobierno a la derechona; si se subordinan los intereses de los pueblos del Estado español a los del imperialismo -por cierto en fase de plena decadencia-, una de cuyas expresiones más significativas es la prevista celebración de la próxima cumbre de la OTAN en Madrid en 2022, se está renunciando a construir un proyecto propio y solidario con los pueblos del mundo y, de nuevo, facilitándose el avance de la derechona, del militarismo y del guerrerismo”.

“Vamos a dar la batalla contra nuestra ilegalización -según explican, por último- en la Audiencia Nacional y ante todas las instancias judiciales, incluyendo las europeas, en las que sea necesario. En la Audiencia Nacional, ese tribunal de excepción al que no reconocemos legitimidad democrática alguna, como tampoco se la reconocemos al conjunto del entramado institucional del Régimen del 78, empezando por su Jefatura de Estado, igual de ‘ejemplar’ en sus términos generales que el resto de sus instituciones y cuya legalidad está fundamentada en la legalidad franquista. Pero, sobre todo, vamos a seguir dando la batalla en las calles”.

Se despiden con este mensaje: “estudiar y reflexionar; organizar y movilizar; construir poder popular. Ese es el único camino”.

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