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El Consejo Constitucional ha validado la posibilidad de suspender de empleo y sueldo y, finalmente, de despedir al personal asalariado que carezca de pase sanitario. Esta decisión del gobierno de recurrir a la coacción económica constituye una nueva ofensiva, inédita, aunque lógica, contra las trabajadoras y trabajadores, en que el chantaje del empleo se pone al servicio de su política sanitaria.

Por tanto, el Consejo Constitucional ha rechazado con desdén todas las objeciones a la obligación de contar con un pase sanitario para determinados sectores contemplados en la ley votada en el parlamento. No se ha modificado más que una única disposición, la que autorizaba la rescisión anticipada de los contratos de duración determinada (CDD). Finalmente, estos contratos quedaran en suspenso si no se presenta el pase sanitario, como en el caso de los contratos indefinidos.

Pero lo esencial se mantiene. La jurisdicción constitucional ha validado plenamente disposiciones que la abogada especializada en derecho laboral, Michèle Bauer, en un texto del 19 de julio, califica de “peligrosa[s] e inquietante[s]”. Conviene precisar de entrada que la cuestión, en este caso, en realidad no es (únicamente) de índole sanitaria. No tiene que ver tanto con la lucha en torno a la vacuna, como con la elección de los medios empleados en el marco de la crisis sanitaria y de sus consecuencias para la relación entre el personal asalariado y las empresas y, más en general, entre capital y trabajo.

Este gobierno, que ha sido tan melifluo con las empresas durante toda la crisis sanitaria, que siempre se ha negado a ir más allá de las meras recomendaciones sobre el teletrabajo o la organización del espacio en las empresas, y que nunca ha forzado al sector privado sin amplias contrapartidas financieras, ha optado por cargar la responsabilidad individual de su política sanitaria sobre las espaldas de cada trabajador o trabajadora. La coacción se ejercerá a través del contrato de trabajo, que podrá suspenderse sin indemnización. Así, el gobierno pretende aplicar su política de salud pública mediante el chantaje sobre el empleo y el salario, como ya hacen todos los días miles de empresas. El medio es tanto más inicuo cuanto que, en la relación laboral, el trabajador o la trabajadora es de por sí la parte más débil.

El gobierno pretende imponer su política sanitaria mediante la violencia económica. Sin embargo, había alternativas que, sin satisfacer tal vez en mayor medida a uno de los dos bandos en el debate actual, tenían al menos la ventaja de no situar el contrato de trabajo en la base de la coacción y por tanto preservar a la gente trabajadora como tal. Cabe pensar en una aplicación y una definición más estrictas de las obligaciones de las empresas en materia de ventilación, de gestión del espacio o de aforo. También cabe pensar en una obligación general de vacunarse, al margen de las empresas, que colocaría a cada persona individual ante sus responsabilidades y ante la ley, pero que no amenazaría a su relación laboral propiamente dicha.

En suma, se podría haber planteado la cuestión sanitaria no como un asunto individual, sino colectivo. Claro que para hacer cumplir esas disposiciones se precisan medios de control reforzados, y eso cuesta dinero. Así que ¿por qué no trasladar este control a donde la persona individual, en el sistema capitalista, está mejor encuadrada, o sea, a la empresa? Entonces basta con convertir a los empleadores (que por cierto no están muy contentos, ya que el grado de tensión social ya es de por sí bastante alto en las empresas) en agentes de la política sanitaria. Y amenazar a cada trabajadora o trabajador con la pena máxima en nuestra sociedad, la rescisión del contrato de trabajo e incluso el despido. Porque está claro, como ha precisado la ministra de Trabajo, el despido será finalmente posible al cabo de dos meses.

Claro que, digan lo que digan los sabios del Consejo Constitucional, esta transferencia de responsabilidades es más que problemática, ya que los empleadores, al convertirse en  agentes de control sanitario, están habilitados para disponer de los datos de salud  –y por tanto conocer la vida privada– de su personal. Hasta ahora, la ley estipulaba, para preservar el secreto médico, que, precisamente la aptitud médica para trabajar la juzgaba la medicina laboral y no el empleador. Como señala el abogado Éric Rocheblave en una entrevista reciente en Courrier Cadres, “se hace tabla rasa con esto al otorgar al empresario el derecho a conocer un aspecto del estado de salud del trabajador y a decidir por sí mismo si es apto o no para trabajar”. Dicho de otro modo, se concede un poder suplementario, y considerable, al empleador sobre su personal en detrimento de principios sólidos: el secreto médico y el respeto de la vida privada. Este precedente es justamente peligroso e inquietante.

Muchas y muchos laboralistas y los sindicatos han alertado sobre la ampliación de este poder. Cabe imaginar, evidentemente, que se utilice el mismo para hacer limpieza entre el personal, aprovechando ese resquicio de la ley. Supongamos que el empresario propone una reasignación de tareas. En función de si desea conservar o no, al final, a la persona en cuestión, puede proponerle una reasignación que sea realista o no. También puede, al cabo de dos meses, despedir o no a la persona recalcitrante. Es ilusorio pensar que en este caso tampoco influirán las cuestiones personales en la decisión.

Especialistas en derecho laboral no han dejado de alertar sobre una inseguridad jurídica para el personal asalariado. Esta inseguridad jurídica del trabajador o trabajadora, que normalmente ya está sometida de por sí a una inseguridad económica, constituye un apremio suplementario, una causa de estrés y de presión. Este es el meollo de la ley: es una ley represiva contra el mundo del trabajo.

Claro que cabe refugiarse tras ciertas ficciones jurídicas. El Consejo Constitucional ha hecho de ello su especialidad. Dice que la ley tiene una duración limitada y solo se aplica en determinados sectores. Es decir, el trabajador o trabajadora puede aguardar si no quiere someterse a las obligaciones previstas, o bien, puesto que es libre, puede ir a trabajar a otra empresa. Pero todo esto no es serio.

En primer lugar, porque la suspensión del contrato de trabajo le coloca en una situación muy difícil. Como subraya el abogado Alexandre Frech en la misma entrevista publicada en Courrier Cadres, “la suspensión del contrato de trabajo podría colocar al trabajador en una situación más difícil que un despido”. Suspendido de empleo y sueldo, el trabajador no queda liberado, en efecto, de su obligación de lealtad. Dicho de otro modo, no cobra, pero tampoco puede ir a trabajar a otra empresa, al menos legalmente, ni tiene derecho al subsidio de desempleo. Se queda por tanto sin recursos y sin ingresos. Por lo demás, la igualdad preconizada por los jueces constitucionales situará a partir de ahora al personal temporal, durante la vigencia de su contrato, en la misma dificultad que al personal fijo. Cosa que no parece ser un problema, según los sabios…

Además, la idea de que el personal es libre en el mercado de trabajo es una ficción cómoda para los juristas y los economistas del sistema, pero no se corresponde apenas con la realidad económica y social. Los sectores afectados son en muchos casos sectores de servicios personales, que han sido los sectores que más han impulsado desde hace 30 años las políticas económicas para compensar las pérdidas en el terreno industrial. ¿Adónde irán quienes pierdan su empleo a causa de esta ley?

Se trata de una agresión más. Desde hace decenios, y todavía más desde 2017, las políticas económicas favorecen estos empleos llamados, no sin un deje peyorativo, no cualificados, a golpe de rebajas de las cotizaciones y de subvenciones directas. Los mismos que ahora esgrimen una supuesta elección son quienes, hace bien poco, consideraban que los empleos de servicios personales estaban predestinados para la gente más frágil.

Es tanto más ridículo cuanto que Francia todavía sufre un paro masivo y que este personal asalariado ya ha sido víctima de la crisis sanitaria. Por tanto, hay que decirlo claramente: tras esta ficción de la libertad de cambiar de empleo o de aceptar la reasignación se esconde una violencia social brutal contra la parte más frágil y más empobrecida de la clase trabajadora francesa. El método elegido frente al virus es la continuación de la guerra de clases emprendida por Emmanuel Macron a partir de 2017.

Está claro que no cabe extrañarse de que el poder haya utilizado este método contra el mundo del trabajo. En este terreno, su divisa es clara: “Débil con los fuertes y fuerte con los débiles”. Desde 2017, la violencia ejercida contra estos últimos es una constante. Pero esta ley crea sin duda un precedente peligroso. En nombre de la urgencia se acuerda hacer de la violencia económica, es decir, de la instrumentalización de la relación salarial, mediante el chantaje sobre el empleo, un medio para alcanzar fines de interés general. ¿Qué sucederá mañana si el Estado define este interés general, no en términos sanitarios, sino políticos o económicos? ¿Qué sucederá si se utiliza la misma palanca para combatir un ataque terrorista o una crisis económica?

El engranaje en que la Vª República acaba de meter el dedo comporta un riesgo extremo, máxime cuando el país vive desde hace cuatro años en un estado de tensión social permanente. Este poder, incapaz de convencer, no parece tener ahora otro principio que imponer sus decisiones mediante la coerción más severa. A riesgo de echar más leña al fuego.

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