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La gestión neoliberal de la pandemia del covid 19 y sus consecuencias

Colombia es el segundo país más desigual de América latina y el séptimo en el mundo. Las estadísticas El indicador Gini lo confirma. A finales del 2017, este indicador calculado sobre patrimonio llegó a 0.6819 y sobre ingreso bruto a 0.6159. Si las estadísticas de la concentración del ingreso las tomamos por deciles el resultado arroja que “el ingreso bruto promedio del uno por ciento de las personas naturales más ricas del país es 294 veces el ingreso promedio de las personas naturales del decil 1, mientras que en patrimonio esta relación es de 683 veces; entre tanto, para el uno por mil de las personas naturales más ricas dichas relaciones son de 1302 y 3606 veces, respectivamente…”. 1 Una situación similar puede anotarse en el caso de las personas jurídicas “de las 500.000 empresas que declaran en Colombia 50.000 contienen el 96% del patrimonio, 5.000 cuentan con 88,6% y solo 500 tienen el 81% del total…” 2

Sin embargo y a pesar de este cuadro de inequidades la gestión del gobierno de Iván Duque durante la pandemia del Covid 19 favoreció al gran capital; con un gasto presupuestal que tan solo llegó al 2,7% del PIB, uno de los más bajos en el promedio internacional, incluso en Latinoamérica, los giros estatales intermediados por un sistema financiero concentrado en tres conglomerados ( el Grupo Sarmiento, el Grupo Empresarial Antioqueño y el Grupo Bolívar los cuales poseen un 65% aproximado de los activos financieros) terminaron llegando principalmente a las arcas de los bancos y las empresas que los integran. 3

La política monetaria completó el cuadro de la opción gubernamental privatizadora. Con emisiones y operaciones de salvamento que sumaron aproximadamente $110 billones (11 puntos del PIB) las autoridades monetarias preservaron el funcionamiento del sistema financiero, (reduciendo los encajes bancarios, disminuyendo la tasa de captación, comprando pasivos dudosos, realizando operaciones de cobertura cambiaria) mientras estas mismas autoridades negaron las posibilidad de emisión a programas que hubieran podido cubrir una parte considerable de una renta básica durante la pandemia o mejores condiciones sanitarias a una población cada vez más empobrecida.

Las consecuencias sociales fueron devastadoras” En el 2020, la pobreza monetaria alcanzo el 42.5% y la pobreza monetaria extrema fue de 15.1%. Es decir que un total de 21 millones de personas se encontraban en situación de pobreza y 7.5 millones en pobreza extrema. Los departamentos con mayor concentración de población por debajo de la línea de pobreza coinciden con las regiones donde preponderan pueblos indígenas y comunidades afro descendientes (…). Adicionalmente, el índice de desempleo a nivel nacional en el trimestre febrero-abril 2021fue de 15.1%8. Según lo informado por el Estado, el desempleo ha afectado particularmente a mujeres con una tasa del 19,9% (8.3% más en comparación con los hombres) y jóvenes con una tasa del 18,1%”. 4

Los resultados en la gestión sanitaria de la pandemia fueron y siguen siendo igualmente desastrosos. En las estadísticas internacionales que contabilizan el número de fallecidos a causa del Covid 19 Colombia, presentaba a finales de Junio de este año el mayor número de muertos por millón de habitantes: “Según las estadísticas obtenidas por la Universidad de Johns Hopkins Colombia, registra el índice de muertes por millón de habitantes más alto del mundo en el mes de junio, con 12,5 decesos. Le siguen Botswana con 9,42, Brasil con 8,83 e India, con 1,02.Es decir, la tasa de muertos por millón de habitantes que registra Colombia es diez veces mayor que la de la India, un país que vive una tragedia inenarrable cuyos horrores tienen conmovido al mundo. Estas cifras que ya son una tragedia tampoco alcanzan a reflejar la verdadera desgracia que vive Colombia, un país que se acostumbró a no inmutarse con la muerte –una herencia maldita que nos dejó la guerra– y que además está gobernado por un presidente aún más insensible que sus gobernados… 5

El número de muertos contabilizados desde el inicio de la pandemia ya llegó a 123.200 con un promedio de fallecidos, que durante el tercer pico de la misma el cual terminó hace dos semanas , llegó a registrar 550 por día, la mayor parte de ellos por obvias razones en las franjas pobres de la población. . El número de contagiados ya está acercándose a los 5 millones de personas.

Durante ese tercer pico de la capacidad de los hospitales y de las Unidades de Cuidados intensivos (UCIs) estuvo desbordada. . “El colapso sostenido de los servicios de urgencias que superan el 200 % de su capacidad, y en Cuidado Crítico, de más del 100 por ciento en ciudades como de Bogotá, Cali y Medellín, así como en los departamentos de Antioquia, Casanare y Santander…”. 6 Si bien en la actualidad el tercer pico de la pandemia ha cedido lo que viene ocurriendo en otros países y los informes de los salubristas apuntan a que con el arribo de la versión delta del virus estaremos en un nuevo pico hacia finales de septiembre.

El plan de vacunación aún no llega a una franja importante de la población y muchos de los vacunados esperan la segunda dosis. Un fracaso que comenzó con la incondicionalidad gubernamental al “bigpharma” por cuanto el gobierno de Duque incondicional a la diplomacia imperial negó el apoyo a las peticiones lideradas por la India y Suráfrica ante la OMC, acompañadas por otros 99 países, la mayoría de ellos periféricos, para que mientras durara la pandemia se suspendiera la propiedad intelectual sobre tecnologías, medicamentos y vacunas contra el virus. 7

Luego aceptó en las negociaciones con el “bigpharma” las cláusulas de confidencialidad y de responsabilidad exigidas como requisito, previo al suministro. Como ya es suficientemente conocido, las de confidencialidad imponen un manejo secreto sobre los precios para obtener ventajas en las negociaciones bilaterales y las de responsabilidad les niegan a los ciudadanos la posibilidad de ejecutar acciones judiciales en caso de que ocurran trastornos de salud.

Recientemente y por un “error involuntario” de trámite interno  de uno de los funcionarios del Consejo de Estado que colocó los contratos con Pfizer y AstraZeneca, en la página web de ese alto tribunal la “opinión pública” pudo conocerlos“. Con la primera se realizó un acuerdo en Febrero de este año para adquirir 9’999.990 millones de dosis por valor, cada una, de 12 dólares y con el compromiso de un pago anticipado de casi 20 millones de dólares. Y en el caso del contrato con AstraZeneca, este fue para 9’984.000 de dosis de la vacuna, cada una por 6 dólares: “AstraZeneca suministrará las dosis totales al comprador a un precio que excluye impuestos indirectos igual a 59 millones de dólares…». 8 Una vez publicitados y ante el reclamo airado de los directivos de ambas farmacéuticas que llegaron hasta el punto de amenazar con suspender los suministros, el gobierno envió delegados a buscarlos excusándose con el compromiso de que ese tipo de errores no volvería a repetirse. Un gesto público de incondicionalidad al capital corporativo transnacional. 9

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Esta incondicionalidad a las transnacionales farmacéuticas no impidió que  Colombia quedara colocada en uno de los últimos lugares en la fila de la distribución de las vacunas. Ante el atraso en la implementación del plan nacional de vacunación el equipo gubernamental de Duque debió acudir a abrir de nuevo canales diplomáticos con el gobierno Biden para solicitarle una parte de un excedente de vacunas que en Estados Unidos estaban a punto de vencerse por el rechazo de una franja de la población a utilizarlas. 10 Hace unas pocas semanas la Embajada norteamericana en Colombia publicitó la entrega el 25 de Julio de 3.5 millones de dosis  de la vacuna contra el Covid 19 Moderna las que se sumaron a los 2.5 millones de vacunas del laboratorio Johnson &Johnson que fueron entregadas el 1 de Julio. 11 Aún así el plan de vacunación sigue incompleto.

Un gobierno ilegítimo intentando prolongar el plan de ajuste

En medio de este escenario de agravamiento de las precarias condiciones de vida de la mayoría de los colombianos el anterior Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla 12 comenzó a anunciar desde comienzos del otra reforma tributaria regresiva argumentando que era necesaria para cumplir con las exigencias de las calificadoras de riesgo que debía cumplirse cualesquiera fueran las consecuencias, en un país que ha conocido reformas de este tipo cada año y medio desde hace dos décadas, las cuales han sido delineadas bajo el sesgo neoliberal de castigar fiscalmente a las capas medias y pobres dejando intactos patrimonios familiares de los ricos y superricos, al igual que sus dividendos empresariales justificándolo en el manido argumento de la necesidad de favorecer la gran inversión y sus supuestas bondades.

El mecanismo jurídico utilizado para favorecerlos es el de las exenciones. Las estadísticas lo explicitan “El conglomerado integrado por el 1% de las empresas con mayores patrimonios declarados ante la DIAN (aproximadamente unas 44.000 personas jurídicas ), concentra una cifra superior al 80% de las exenciones (…). En lo referente a las personas naturales: La tributación impacta en menos del 4% del ingreso bruto al equivalente al 1% más rico de las personas naturales En 2018 estas exenciones sumaron $27 billones respecto al impuesto de renta para naturales y jurídicos, Equivalente cercano a 3 puntos del PIB…”. 13

Mientras tanto gran parte de la población experimentaba el aumento de la pobreza causado por la cuasi parálisis económica que produjo la pandemia acompañada del fracaso de un sistema de salud mercantilizado que le negó atención médica a pesar de que diariamente conformaba un número creciente de fallecidos . Debe agregarse el despotismo gubernamental que en un primer momento exigió encierros programados para el “autocuidado” a hogares que en muchas zonas del país viven hacinados y carentes de servicios esenciales para luego ante las presiones de los gremios económicos, lanzarlos a la calle desprotegidos, sin ayudas oficiales y con desempleo e informalidad crecientes.

La crisis de legitimidad del gobierno de Duque completó el cuadro. Un Presidente que llegó hace tres años al Palacio de Nariño (sede presidencial en Bogotá) apoyado por los clanes mafiosos locales y nacionales y por las redes clientelares requiere devolverles favores entregándoles el “botín burocrático” para que continúen sus actividades. A ello se suman las consecuencias de la privatización del Estado implementada por las reformas neoliberales que desplazaron la inversión pública hacia la contratación con grupos empresariales, dando lugar al surgimiento de un circuito de negocios que se pacta en los acuerdos ocultos de los “lobbies corporativos” entre el gran capital nacional e internacional y la burocracia estatal,  utilizando las ventajas de una banca “a la sombra” que obtiene ´provecho de la desregulación de capitales lo que a diario produce espectáculos de corrupción .

El uribismo y el gobierno de Duque no ha sido la excepción ha sido emblemático en este tipo de comportamientos Casi que a diario los colombianos recibimos informaciones sobre escándalos de corrupción, desfalcos y peculados en la contratación pública. evidencias de dádivas presupuestales o de los gremios económicos a los congresistas previas a la aprobación de leyes, favores políticos y coimas en las grandes licitaciones como en los casos de Odebrecht, Reficar, que terminaron por registrar pasivos de millones de dólares en el presupuesto público y recientemente, para citar tan solo otro ejemplo, el contrato del Ministerio de las TIC asignado para colocar internet en zonas rurales vulnerables por un monto $70.000 millones, y cuyo anticipo terminó en un paraíso fiscal.

Esta corrupción viene acompañada de impunidad. La mayoría de los procesos judiciales en contra de los responsables terminan en absoluciones o en vencimiento de términos. El control presidencial sobre las clientelas políticas, el Congreso, la Fiscalía y los organismos de control permite a quienes se apropian de manera clientelar del patrimonio público actuar a su antojo. Dilatar procesos y hasta escoger la jurisdicción más favorable tal y como lo hizo el propio Álvaro Uribe para evadir la competencia de la Corte Suprema en el proceso que cursa en su contra por soborno de testigos es una práctica recurrente de estos personales  clientelares, lo que de paso, explicita la bancarrota de la Rama Judicial. Tanta ostentación de cinismo con los dineros públicos fue una afrenta indignante para una población cada vez más empobrecida a la que, como si fuera poco, se le anunciaban más castigos tributarios.

El estallido social del 28 de Abril

El 28 de Abril el Comando Nacional Unitario convocó a una jornada nacional de protesta rechazando la propuesta de Reforma Tributaria que anunció el gobierno de Duque. Esa convocatoria terminó convirtiéndose en un estallido popular prolongado en el tiempo durante varias semanas, inusitado en la historia de las protestas sociales en el país. Fue la continuidad de la gran movilización nacional del 21 de noviembre del 2019 y de la que ocurrió en Bogotá el 21 de septiembre del 2020 como rechazo a los desmanes de la policía distrital pero a mayor escala Eses día Aproximadamente unas cinco millones de personas desfilaron por las calles de 600 municipios del país incluyendo zonas rurales lo que, una diferencia con respecto a las movilizaciones de Noviembre del 2019, que ocurrieron principalmente en las grandes ciudades. 14 Luego siguieron las concentraciones en barrios populares en las ciudades principalmente en Cali.

El comando Nacional de paro estaba conformado por las centrales sindicales que existen en el país (CUT, CGT, CTC) a la que se sumaron confederaciones de pensionados FECODE, Dignidad Agropecuaria.: Cruzada Camionera y organizaciones estudiantiles (ACREES y UNEES) Las centrales sindicales le habían presentado un pliego al gobierno desde mediados del 2020 que incluía reivindicaciones similares a las que antecedieron las jornadas de finales del 2019. En la medida en que acercaron otras organizaciones sociales el pliego llegó a sumar más de un centenar de reivindicaciones que combinaban propuestas de transformación del modelo económico y del régimen político con las corporativas propias de cada una de las organizaciones que lo componían. En los hechos quedó confirmado que la orientación predominante del comando de paro pertenecía a la dirección de las centrales bajo un sesgo corporativo que lo aisló desde un principio de la revuelta popular que ya transitaba por las calles. El punto de quiebre fue el Primero de Mayo; mientras que las protestas ya contabilizaban los primeros muertos causados por el terror de Estado, particularmente en Cali, las centrales sindicales definieron desfiles virtuales conmemorativos. Contrario a esa orientación las marchas fueron multitudinarias y dos días después cayó la reforma tributaria. Luego renunció el Ministro de Hacienda y posteriormente el Congreso suspendió el trámite de la reforma a la salud diseñada para favorecer a los grupos financieros que controlan el mercado de la salud. El comando nacional de paro no puede atribuirse estas derrotas institucionales.

Esta fractura entre el sindicalismo y las barriadas populares urbanas tiene varias explicaciones:

– La primera de ellas remite a la imposición por parte de las elites neoliberales de una correlación de fuerzas a su favor tanto en el plano nacional como internacional, desde los inicios de la década del ochenta como elemento necesario en el desarrollo de una nueva forma de acumulación de capital. Esto tuvo como correlato la precarización internacionalizada del trabajo asalariado, lo que en la región fue acompañado de la destrucción de la infraestructura industrial surgida durante el período de la sustitución de importaciones y el tránsito a la reprimarización de las economías. En el caso colombiano este giro neoliberal estuvo acompañado de una “guerra sucia” en contra de los trabajadores y las organizaciones populares que acompañó a la “guerra contrainsurgente” desarrollada por el Estado durante las últimas décadas lo que reportó un costo humano significativo. . El departamento de Derecho Humanos de la CUT ha registrado una cifra cercana a los 3.000 asesinatos de afiliados de esa central desde su fundación en 1989.

– La destrucción por parte del neoliberalismo de las anteriores formas colectivas de la solidaridad de clase y de sus expresiones sociales (la presencia de los asalariados en los barrios citadinos) lo que condena al trabajador contemporáneo a una “individuación vulnerable y a la desafiliación social”. 15 En los países periféricos en dónde opera una informalidad, creciente, la “uberización” generalizada del trabajo en las franjas juveniles y un enorme ejército de reserva, esa subsistencia individualizada deviene en desesperanza.

– Ante la incapacidad de respuesta de las actuales direcciones sindicales frente a la ofensiva neoliberal optaron por refugiarse en el corporativismo., en la posibilidad de obtener resultados posibles y de preservar el “estatus especial” de dirigentes que les permite mantener fueros y permisos sindicales separándose de los afiliados una evidencia más del fracaso de las delegaciones representativas en las sociedades contemporáneas. En muchos países de la región y es el caso colombiano la columna vertebral de ese sindicalismo .lo constituyen los trabajadores estatales principalmente el gremio de los maestros. FECODE con sus 300.000 afiliados es la organización sindical más grande del país y cumple un papel de primer orden en la CUT; sus pliegos petitorios giran exclusivamente en torno a lo gremial e incluso en sus publicaciones ya no queda rastro del “movimiento pedagógico “ con el que establecieron diálogos con la academia y las comunidades educativas en los años ochenta..

Un sindicalismo de estas características se encuentra muy lejano de las aspiraciones de las poblaciones marginadas que habitan en la geografía cada vez más desigual de las ciudades mercantilizadas en beneficio de los inversionistas inmobiliarios y de los grupos financieros. Esa cartografía local compuesta por familias que a pesar de sus enormes esfuerzos cotidianos en el mundo de la informalidad no alcanzan a pagar alquileres y servicios públicos, tenderos asfixiados por la usura bancaria, dependientes de talleres de mecánica, por panaderos, peluqueros, por universitarios graduados sin esperanza de trabajo, por adolescentes que carecen de las necesidades básicas más elementales y , que en muchos casos ni siquiera aparecen registrados en los programas de focalización . Estos “condenados de la tierra,” cada vez más empobrecidos, no hacen parte de las preocupaciones en las mesas de negociación sindical.

La separación entre el comando nacional de paro y las barriadas urbanas determinó una de las características del levantamiento popular del 28A. No se trató de un paro de la producción sino de una revuelta popular que acudió a la barricada y al bloqueo de calles para expresar su indignación ante el actual estado de cosas. Cuestionó  los espacios de la dominación urbana, retardó la circulación y la “realización” del capital que en el caso de Cali la ciudad en dónde la protesta alcanzó el nivel más alto de confrontación tenía una ventaja adicional para quienes ejercían este tipo de protesta, su cercanía a Buenaventura el puerto más importante del país sobre el océano Pacífico  decisivo para el comercio internacional marítimo. 16 Más aún en Cali esa confrontación espacial tomo una forma descentralizada, bloqueos por localidades en 27 puntos de resistencia, precisamente en las zonas más pobres de la ciudad.

Surge entonces la pregunta del por qué el paro tomó esa forma de ocupación urbana. La respuesta a esta particularidad la pudimos escuchas de los propios voceros comunitarios y de las líderes de las primeras líneas

Ellos declararon públicamente tanto en entrevistas como en diálogos informales el estar cansados de organizar desfiles, así fueran multitudinarios, ante las instalaciones de la gobernación y de la alcaldía sin que las autoridades locales se dieran por enteradas. Por lo que el bloqueo era necesario para que los escucharan. Un argumento contundente que confirma que el bloqueo de calles para la protesta popular urbana constituye un mecanismo de presión  de un espectro amplio y plural de la población para obtener resultados. Por ello no pueden condenarse de antemano Hacerlo significa abandonar a los pobladores urbanos a la pasividad ya la resignación. Es cierto que el bloqueo de calles puede perder legitimidad social si se prolonga innecesariamente en el tiempo tal y como ocurrió en Cali después de varias semanas debido a las tensiones que existían en las primeras líneas. Pero ello no invalida ese método de lucha. Lo mismo podría predicarse eventualmente de una huelga indefinida.

Los bloqueos aparecieron en varias ciudades aunque sin la continuidad y fuerza convocante que tuvieron en Cali. Igualmente, durante el llamado paro nacional hubo bloqueos en carretera de camioneros o de campesinos y pobladores rurales como en el caso del sur del Huila. Estos bloqueos en carretera tienen antecedentes. Fueron utilizados por las mujeres de los corteros de caña de manera esporádica en las entradas de los ingenios azucareros para acompañar la huelga de sus esposos a mediados del 2008. Durante el paro cívico de Buenaventura, en el 2017, la población bloqueó en las afueras de la ciudad la carretera que conecta a Cali y al centro del país. Pero quienes cuentan con el mayor número de bloqueos de este tipo  son los indígenas del norte del Cauca organizados gremialmente en a ACIN, Han sido innumerables las tomas que realizan sobre la carretera panamericana para obligar a los gobiernos a iniciar negociones cada que presentan un pliego reivindicativo, siguiendo una tradición de, los indígenas que habitan en los diversos países del continente.

Lo novedoso de la protesta en Cali fue el hecho de que los bloqueos ocurrieron dentro de la ciudad y de manera descentralizada en las localidades pobres acompañados de barricadas que protegieron a lo que de manera transitoria surgió como “territorios autónomos” en esos mismos sitios. La respuesta al por qué la revuelta tomó esa forma descentralizada también la entregaron los voceros de las comunidades, “Por la solidaridad y la seguridad que ofrecen los barrios”. Esa seguridad que fluyó en el acompañamiento de familiares y vecinos  cuando llegó la hora del combate desigual con las fuerzas policiales. Esa solidaridad que quedó graficada en el ejercicio de la “olla comunitaria” una manera colectiva de apoyar diariamente al movimiento rebelde y de resolver el problema del hambre a muchos de los habitantes de las barriadas.

* Daniel Libreros Caicedo, docente  e  investigador de la Universidad Nacional y militante del Movimiento Ecosocialista /Colombia.   

Fuente

 

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