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El capítulo afgano de la denominada "guerra global contra el terror" lanzada por EEUU con el apoyo de la OTAN ha dejado un reguero de muertos y heridos entre civiles. La intervención militar lanzada hace 20 años se ha cerrado con la victoria de los talibanes y un largo listado de víctimas que cayeron bajo disparos y bombardeos lanzados en el marco de una operación que, paradójicamente, nació con el nombre de "libertad duradera".  

De acuerdo a distintos datos recogidos por Público a través de documentos de la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA, por sus siglas en inglés) y de un estudio realizado por Marc W. Herold, profesor Profesor de Desarrollo Económico en la Universidad de New Hampshire, el número de víctimas provocadas por las tropas de EEUU y la OTAN entre octubre de 2001 y junio de este año –última fecha sobre la que existen cifras disponibles– asciende al menos a 10.111. 

Si se añaden los crímenes atribuidos al Ejército Nacional Afgano –creado y entrenado por las fuerzas estadounidenses y de la Alianza Atlántica– el número de víctimas llega a 15.424.

Ese mismo recuento establece que las "fuerzas antigubernamentales", entre las cuales ocupaban un lugar preponderante los talibanes, están detrás de 24.779 asesinatos de civiles. Se estima que solo en 2020, los combatientes del movimiento talibán perpetraron más de 1.300 crímenes.

El número total de civiles afganos muertos durante estos 20 años a raíz de las actuaciones de los distintos actores llega, según datos de la ONU, a más de 38.000Amnistía Internacional habla en total de 150.000 muertos entre civiles y militares, de los cuales 60.000 pertenecían a las fuerzas de seguridad de Afganistán.

"Los niveles extraordinarios de daños infligidos a los civiles en el conflicto afgano continúa sin cesar", advertía la UNAMA en su último reporte, publicado en abril pasado. En los tres primeros meses del año se contabilizaban ya 573 muertos y 1.210 heridos, lo que representaba un 29% más de víctimas en comparación con el mismo periodo de 2020.

La misión de Naciones Unidas calificaba como "especialmente preocupante el aumento del 37% en el número de mujeres muertas y heridas", así como un crecimiento del 23% entre las víctimas infantiles en comparación con el primer trimestre de 2020.

"El número de civiles afganos muertos y mutilados, especialmente mujeres y niños, es profundamente preocupante. Imploro a las partes que encuentren urgentemente una forma de detener esta violencia", decía en ese informe la diplomática canadiense Deborah Lyons, representante especial de la ONU en ese país asiático.

"En Afganistán han sido frecuentes los daños colaterales, eufemismo utilizado para señalar a aquellas muertes indeseables, por lo general civiles, causadas por las fuerzas militares occidentales (las provocadas por la insurgencia son calificadas como meros asesinatos). Sin embargo, aun no deseadas, no se trata, en muchos casos, de 'errores'. Es decir, si se bombardea una localidad habitada, ya se conoce que, con toda probabilidad, morirán civiles", apunta por su parte Alejandro Pozo, investigador del Centro Delàs de Estudios por la Paz especializado en el conflicto afgano. 

En tal sentido, Pozo destaca que "la Guerra contra el Terror ha afectado a los principios de proporcionalidad, necesidad y discriminación", de forma que "el mero hecho de habitar en las regiones que controlan los grupos armados designados como terroristas y no salir malparado es indicio de no haberse opuesto lo que se considera como suficiente".

2.400 dólares por la vida de un niño

Los "daños colaterales" registrados a lo largo de dos décadas de intervención militar en Afganistán dieron lugar a "compensaciones" pagadas por la administración estadounidense a los familiares de sus víctimas. De acuerdo a los registros publicados en los últimos años por la publicación digital estadounidense The Intercept y por la agencia Reuters, EEUU ha pagado 1.000 dólares a un hombre por el asesinato de su hijo en una operación cerca de la frontera con Irán o 2.414 dólares por un niño muerto por un carro de combate. 

"Los pagos de condolencia están destinados a ser gestos simbólicos y, hoy en día, en Afganistán, por lo general, tienen un límite de 5.000 dólares, aunque se pueden aprobar cantidades mayores", relataba la periodista Cora Currier en una investigación publicada en febrero de 2015 en The Intercept

Un informe desclasificado del Ejército estadounidense señalaba que entre 2005 y 2014 el ejército se habían registrado 1.630 pagos de "compensaciones", cuya media era de 2.985 dólares por indemnización. En ese contexto,  un portavoz del Pentágono aseguró en 2017 que los pagos de "compensaciones" quedaban a criterio de los comandantes de EEUU sobre el terreno, ya que estaban "en mejor posición" para "juzgar los incidentes". 

Crímenes de guerra

El 5 de marzo de 2020, la Cámara de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) autorizó a la fiscal jefe de dicho organismo, Fatou Bensouda, para abrir una investigación sobre los presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Afganistán. La investigación pone el foco en las actuaciones ilegales por parte de las tropas estadounidenses y miembros de la CIA como por integrantes de las fuerzas afganas o combatientes talibanes.

El Gobierno de Donald Trump reaccionó entonces con anuncios de sanciones contra la fiscal Bensouda y Phakiso Morchochoko, responsable de la división de jurisdicción, complementariedad y cooperación de la CPI, mientras proclamaba que ese tribunal era una institución "corrupta" e "ilegítima".   

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