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En España hay dos caminos por los que llegar al republicanismo. El primero arranca de la asunción de los principios democráticos como fundamento de lo común y pasa por el conocimiento de nuestra propia historia y la historia de Europa. Es la senda que han recorrido activistas como Emilio Silva, Ariel Jerez, Belén Guerra, asociaciones como la ARMH o historiadores como Ian Gibson. Es un camino largo y lleno de ejemplos sobre los que construirse y personas a las que honrar. Desde su nacimiento, una parte de los esfuerzos realizados por el movimiento para la recuperación de la memoria histórica se ha dedicado a resituar las narrativas sobre la II República en las coordenadas del rigor y la verdad históricas.

Noventa años después de aquel abril del 31, por fin es posible encontrar una historiografía rigurosa, digna y con perspectiva crítica junto a los centenares de panfletos disfrazados de textos de historia que los palmeros de la dictadura han venido escribiendo desde el 36 hasta la fecha. Hoy en España, las bases republicanas de largo aliento son conocedoras de su propia historia y están orgullosas de nuestro pasado. Y aunque minoritarias, crecen. Por lo que sabemos a través de las escasas encuestas existentes, son ya entre el 30% y el 40% del país (Plataforma de Medios Independientes: Encuesta sobre la Monarquía. Instituto 40dB. n 2000. Sept-Oct 2020).

Pero lo cierto es que España ha hecho esfuerzos ingentes para diezmar esa mayoría republicana que lleva dentro desde las Cortes de Cádiz. El siglo XIX necesitó una restauración absolutista, media docena de golpes de Estado, miles de fusilamientos, tres guerras civiles en el norte y miles de hectáreas de caciquismo para doblegar a las grandes bases populares, liberales primero y libertarias después. El siglo XX no se quedó manco: dos dictaduras militares, décadas de masacres de obreros y jornaleros, 600.000 muertos en la guerra, más de 50.000 represaliados después, cientos de miles de exiliados, 300.000 bebés robados, el mantenimiento de una Ley de Sucesión en la jefatura del Estado por la que Santo Tomás de Aquino calificaría al rey Juan Carlos como “tirano por usurpación” y muchas toneladas de cinismo felipista para inventar el juancarlismo, esa gran trituradora ideológica con la que el PSOE logró, a principios de los 80, hacer añicos al republicanismo y desplazar sus astillas a las periferias culturales del país. Guste más o menos, en lo que va de siglo XXI frenarle los pies a la emancipación republicana ha costado mucho menos: apenas un pacto de silencio de los poderes económicos con los grandes medios de comunicación sobre la información relativa a la familia real y toneladas de papel couché. Comparado con lo que han vivido las generaciones precedentes, no es nada.

Y sin embargo, frente a la resistencia de los poderosos y sus aliados, España ha seguido ensanchando otra senda republicana: la que ha desbrozado la propia monarquía desde su restauración en el 75. Eso sí, para transitarla ha habido que esperar a que la jueza Lamela ordenase la entrada en prisión de Villarejo en 2017. Un empujoncito imprescindible para que el comisario decidiera encender el alumbrado público sobre el viaducto juancarlista a la III República. La cuestión es que la alcantarilla monárquica tiene una corriente de fango tan fuerte que no es que te abra el paso hacia la alameda republicana, es que te caes en ella de golpe. Si las cadenas de TV generalista dedicasen tres o cuatro meses a explicar con cierto detalle el contenido de los artículos publicados por Carlos Bayo (@tableroglobal) sobre el amasado de la fortuna del rey Juan Carlos desde la muerte de Franco hasta su abdicación en el 14, el estado de la cuestión sobre la monarquía en España cambiaría sustancialmente. No sólo en la opinión pública, también en el Congreso de los Diputados. No es casual que quien nos ha explicado cómo ha funcionado el Ministerio del Interior, cómo se financiaba el PP, cómo se destruía la reputación de los dirigentes de Podemos, ERC y CIU y cómo se gobernaba el BBVA, nos esté explicando también cómo se hizo rica la familia real. Villarejo lo sabe todo porque durante décadas ha trabajado para todos o contra todos, dependiendo del momento y de la cantidad de dinero. Pero hoy no toca hablar de los jefes de obra de la fosa séptica; toca hablar de sus promotores y sus usuarios.

Gracias a que existe un periodismo como el de Carlos Bayo, hoy sabemos que la fortuna de la familia real española comienza a gestarse en los años 70 gracias a la muy lucrativa y mutuamente beneficiosa asociación del rey Juan Carlos con Manuel Prado y Colón de Carvajal, amigo, socio y testaferro de su majestad. Ambos, uno a la luz y otro en la sombra, montan al 50% una sociedad hispano-saudí con otros dos socios que también tenían su luz, Adnan Khashoggi, y su sombra, el príncipe saudí Fahd. La empresa se constituye el 7 de julio de 1978 en Londres, el mismo día que el Congreso de los Diputados debatía la aprobación de la Constitución del 78. Cada uno estaba a lo que estaba: el pueblo español a ver si lograba poner en pie una democracia y el jefe del Estado echando los papeles para registrar una empresa cuyo objeto era llevarse comisiones millonarias mediando en la venta de armamento español a las dictaduras árabes más sanguinarias. Hoy, cuarenta años después, sabemos que ambos consiguieron sus objetivos: el pueblo español puso en pie su democracia y el rey se llevó 1.500 millones de pesetas de comisión sólo por mediar en la venta de 7 aviones de combate a Hassan II, rey de Marruecos. Por poner un ejemplo. Después vendrían las corbetas a Egipto, los blindados, los camiones Pegaso, etc. Como si de una broma del destino se tratase, el nombre con el que el rey Juan Carlos designó su empresa pantalla es el mismo que los guionistas de Cuéntame eligieron para la familia que ha narrado a varias generaciones de españoles la historia de la transición. ¡Quién sabe! Quizá algún día RTVE vuelva a hacer una serie protagonizada por los Alcántara, pero esta vez los de Alkantara Iberian Export.

Así comenzó a crecer la fortuna del rey Juan Carlos. Pero como la impunidad de la corona no es extensible a sus testaferros, a mediados de los 90 el rey tuvo que cambiar de socios porque a Manuel Prado y Colón de Carvajal las cosas se le estaban poniendo difíciles en los juzgados. Sus nuevos amigos, Alberto Cortina y Alberto Alcocer, le gestionaron los paquetes de acciones de ENCE, Abengoa, Endesa y Telefónica que el gobierno de J.M. Aznar le regaló a su majestad en el momento en el que se inició la privatización de las empresas públicas, allá por el año 98. Poco después, en 2003, el rey Juan Carlos les devolvió el favor: utilizó toda su influencia para que el británico Barclays comprase el Banco Zaragozano por 1.100 millones de euros, un precio muy por encima de su valor, y del que cada Alberto se llevó más de 225 millones de euros de comisión y su campechana majestad 52. Para guardar tanto dinero negro, el rey hizo lo que cualquier otro españolito de a pie: llamar a un primo suyo. En este caso, Álvaro de Orleans, persona de pocos recursos en ese ambiente y con quien casi no tenía relación. El primo montó una fundación pantalla en Liechtenstein llamada Zagatka y los 52 millones de la campechana comisión por la venta fraudulenta del Zaragozano a Barclays fueron a parar allí. Cinco años después, en 2008, el rey impulsó la creación de otra fundación pantalla: Lucum. En apenas unos días, la cuenta de Lucum recibió 65 millones de euros del saudí rey Abdulá. A fecha de hoy no está claro el porqué de esa transferencia, pero parece descartado que sea la mordida del rey en la adjudicación del AVE a la Meca a las empresas españolas y buenas amigas de su majestad, OHL y Copasa. No porque esa comisión no existiera, sino porque ese contrato no se firmó hasta 2011 y ni siquiera Corinna Larsen sería capaz de lograr que le pagasen la mordida de Juan Carlos con tres años de antelación.

Y además de lo evidente, ¿qué tienen en común las fundaciones Zagatka y Lucum? Dos cosas muy importantes. En primer lugar, ambas son fundaciones que utilizan al mismo testaferro, Álvaro de Orleans, y los mismos gestores para el blanqueo: Ramón Blanco Balín y Arturo Gianfranco Fassana, personajes también clave en la estructura de blanqueo de la caja B del PP. Y, en segundo lugar, tienen como beneficiarios al rey Felipe VI en el caso de Lucum, y al rey Felipe VI y sus hermanas Elena y Cristina en el caso de Zagatka; y por supuesto al rey Juan Carlos. Si alguien quiere recordar el modus operandi de Urdangarín con la fundación Noos, este es el momento.

Todo esto y muchas otras cosas (las amenazas del jefe del CNI a Corinna Larsen en Londres, las presiones del rey Juan Carlos al presidente del Tribunal Constitucional para evitar la entrada en prisión de los Albertos, etc.), están sobre la mesa del fiscal suizo Yves Bertossa desde el año 2017, o quizá antes. El pasado mes de febrero, es decir, casi cinco años después de que Bertossa iniciase su investigación en Ginebra, un fiscal de nuestro Tribunal Supremo ha considerado que correspondía pedir información sobre el rey Juan Carlos a la fiscalía suiza, no fuese a ser que su majestad hubiese cometido algún delito en España. Y cuando esta comisión rogatoria ha trascendido a la opinión pública a través de una filtración al periodista de El Mundo Esteban Urreiztieta –qué casualidades, madre mía–, se incendian las tertulias de todos los debates televisivos del país porque … ¡el texto remitido por la fiscalía española pone en cuestión la presunción de inocencia del rey Juan Carlos! No se arma un escándalo porque la justicia española no haya iniciado ella misma sus propias investigaciones tras décadas de informaciones periodísticas y secretos a voces; tampoco se desata una ola de indignación porque la fiscalía española solicite información a los suizos cinco años después del inicio de la investigación. ¡El escándalo estalla porque el texto del requerimiento remitido por el fiscal Juan Ignacio Campos al fiscal Ives Bertossa inquiere sobre el papel del rey Juan Carlos como mediador y posible comisionista de grandes negocios internacionales! Pero la cosa no termina ahí. Unas horas después de que Urreiztieta filtrase el requerimiento del Supremo a los suizos y que el rey Juan Carlos, abogado mediante, saliese a acusar a la fiscalía del Tribunal Supremo de estar atentando contra su honor, la fiscalía española emite un comunicado explicando que "no estamos ante un dictamen, petición de procesamiento o conclusiones del fiscal, sino en el marco de una solicitud de información, en la que simplemente se detallan los posibles ilícitos que son objeto de investigación".

En la segunda mitad del siglo XVI, las guerras de religión en Francia dieron lugar al nacimiento de una corriente de pensamiento conocida como la de los monarcómacos. Los monarcómacos centraron su reflexión en un tema clásico de la filosofía política: qué hacer si un rey se convierte en tirano. Sus principales autores sostenían que era responsabilidad del pueblo derrocar a aquellos reyes que se convertían en tiranos no respetando el bien común, no respetando las leyes fundamentales del reino o persiguiendo a los verdaderos cristianos, es decir, los protestantes. En tales circunstancias, sostenían los monarcómacos, no cabe más opción que la de que el pueblo derroque al tirano porque sólo quienes tienen el poder de crear un rey, tienen también el poder de deponerlo. Poco tiempo después, cuando los católicos franceses terminaron asesinando a los reyes también católicos Enrique III y Enrique IV, los monárquicos sólo encontraron un camino para seguir legitimando la institución: afirmar que el poder del rey proviene de dios. Y así fue como, contra todo pronóstico, las tesis monarcómacas de impulso protestante terminaron siendo utilizadas para fundamentar el nacimiento de la monarquía absoluta en Francia.

Hoy en España, la monarquía no puede ser una opción. Es una institución ilegítima por su origen franquista, antidemocrática en su fundamentación teórica y corrupta en su práctica política. Así que, o bien asumimos como pueblo que la monarquía española es un castigo que dios nos ha enviado y no nos queda otra que cargar con ella a lo largo de los siglos, o nos librarnos de una vez de esta forma de Estado indefendible y de esta familia de presuntos corruptos. No veo más alternativa para quienes respaldamos, más que ninguna otra cosa, el estado de derecho y la democracia.

Carolina Bescansa es profesora de Sociología y Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid

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