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El Estado español acumula condenas por valor de casi mil millones de euros a favor de fondos de inversión y compañías eléctricas de otros países por el frenazo en seco que los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y José María Aznar aplicaron al despliegue de las renovables con una serie de decisiones con las que, además de impedir la irrupción de un modelo que habría tirado a la baja del precio de la electricidad, cortocircuitaron el desarrollo inicial de la energía verde y, con él, el del autoconsumo.

Ese frenazo en seco acabó siendo un extravagante prólogo de la segunda y actual etapa del despliegue de las renovables que han acabado liderando, o acaparando, las grandes empresas del oligopolio que controla el mercado eléctrico en España, que ahora mismo, pese a la llegada de nuevos actores como Forestalia o Capital Energy y la expansión de otros como Total o Acciona, gestionan más de la mitad del parque de energía de fuentes limpias que está en servicio en el país.

La historia arranca a finales de la primera década de este siglo, cuando, tras las advertencias de Bruselas por la magnitud del déficit de las cuentas públicas en los inicios de la anterior crisis, el Gobierno optó por meter la tijera en las primas que debían estimular el primer despliegue de las renovables en España: los recortes de la etapa de Miguel Sebastián se situaron en el entorno de los mil millones de euros, a los que su sucesor, José Manuel Soria, añadiría otros 2.000, según las estimaciones de Greenpeace.

Eran tiempos de políticas económicas austericidas, sí, pero también de apogeo del llamado lobby Magritte, el grupo de presión de las grandes compañías eléctricas europeas que se reunía en el museo de ese mismo nombre en Bruselas y que acabó imponiendo en la UE sus tesis contra las renovables.
O, más bien, contra un modelo que abría la puerta del mercado energético a nuevos actores y contra un formato de autoconsumo que amenazaba con restarles clientes cuando estaban finalizando un potente paquete de inversiones para instalar más de 20.000 Mw en centrales de ciclo combinado ante unas disparatas previsiones de crecimiento anual de la demanda del 6% que la crisis de 2008 puso en evidencia.

Esos recortes, avalados años después por el Supremo, tuvieron dos consecuencias destacadas: provocaron serios problemas económicos a las más de 60.000 familias que habían invertido sus ahorros en huertos solares o se habían empeñado para participar en ellos y forzaron al abandono de sus proyectos, en ocasiones a medio construir, a inversores internacionales que se habían interesado por hacer negocios en ese sector.

Dieciséis condenas por 971,6 millones de euros

Las reglas del juego habían comenzado a cambiar en los inicios del partido, cuando apenas habían pasado cinco años desde la publicación del Plan de Energías Renovables de 2005, para reducir los márgenes de las instalaciones en funcionamiento y para alterar los planes financieros de las que estaban por llegar.

"No cabían todos en el mercado energético y acabaron saliendo de él los últimos en llegar", apunta Sara Pizzinato, consultora espe3cializada en temas energéticos, mientras Domingo Jiménez Beltrán, presidente de la Fundación Renovables, anota que "los españoles no hemos podido ir a reclamar a las cortes internacionales" tras ese frenazo en seco.

Los inversores internacionales sí lo hicieron ante el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Internacionales) del Banco Mundial y ante la Corte de Estocolmo, con un balance que hasta ahora, y según los datos facilitados por la oenegé de transparencia TNI (Transnational Institute), incluye 16 laudos condenatorios para el Estado español por valor de 971,6 millones de euros, intereses al margen en unas cifras rebajadas en tres de los casos por la renuncia de los demandantes tras cerrar sendos pactos con el Gobierno.

Hay pendientes de resolución otras dos demandas por 192 millones de euros, mientras el Ciadi anuló otro de los pleitos. El paquete de denuncias suma reclamaciones por valor de 7.218 millones de los que han sido sustanciados 3.239,9.

Algunas de esas demandas, basadas en las reglas que marca la Carta de la Energía y que no dejan de ser unos peculiares pleitos ante tribunales de carácter privado, en ocasiones con intervenciones llamativas como las del despacho para el que trabaja la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáez de Santamaría o de algún exmagistrado del Constitucional a favor de los denunciantes, han quedado en el aire después de que el Tribunal de Justicia de la UE haya dictaminado en una reciente sentencia que los laudos del Ciadi no son vinculantes cuando demandante y demandado son comunitarios.

El Estado español acumula condenas por valor de casi mil millones de euros a favor de fondos de inversión y compañías eléctricas de otros países por el frenazo en seco que los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y José María Aznar aplicaron al despliegue de las renovables con una serie de decisiones con las que, además de impedir la irrupción de un modelo que habría tirado a la baja del precio de la electricidad, cortocircuitaron el desarrollo inicial de la energía verde y, con él, el del autoconsumo.

Ese frenazo en seco acabó siendo un extravagante prólogo de la segunda y actual etapa del despliegue de las renovables que han acabado liderando, o acaparando, las grandes empresas del oligopolio que controla el mercado eléctrico en España, que ahora mismo, pese a la llegada de nuevos actores como Forestalia o Capital Energy y la expansión de otros como Total o Acciona, gestionan más de la mitad del parque de energía de fuentes limpias que está en servicio en el país.

La historia arranca a finales de la primera década de este siglo, cuando, tras las advertencias de Bruselas por la magnitud del déficit de las cuentas públicas en los inicios de la anterior crisis, el Gobierno optó por meter la tijera en las primas que debían estimular el primer despliegue de las renovables en España: los recortes de la etapa de Miguel Sebastián se situaron en el entorno de los mil millones de euros, a los que su sucesor, José Manuel Soria, añadiría otros 2.000, según las estimaciones de Greenpeace.

Eran tiempos de políticas económicas austericidas, sí, pero también de apogeo del llamado lobby Magritte, el grupo de presión de las grandes compañías eléctricas europeas que se reunía en el museo de ese mismo nombre en Bruselas y que acabó imponiendo en la UE sus tesis contra las renovables.
O, más bien, contra un modelo que abría la puerta del mercado energético a nuevos actores y contra un formato de autoconsumo que amenazaba con restarles clientes cuando estaban finalizando un potente paquete de inversiones para instalar más de 20.000 Mw en centrales de ciclo combinado ante unas disparatas previsiones de crecimiento anual de la demanda del 6% que la crisis de 2008 puso en evidencia.

Esos recortes, avalados años después por el Supremo, tuvieron dos consecuencias destacadas: provocaron serios problemas económicos a las más de 60.000 familias que habían invertido sus ahorros en huertos solares o se habían empeñado para participar en ellos y forzaron al abandono de sus proyectos, en ocasiones a medio construir, a inversores internacionales que se habían interesado por hacer negocios en ese sector.

Endesa, Iberdrola y Naturgy gestionan el 54% de la eólica y la solar operativa

Una década después de que los gobiernos tomaran esas costosas decisiones para el erario público, lo cierto es que las grandes empresas eléctricas españolas han virado en redondo desde sus posiciones iniciales y han pasado a controlar el sector de las renovables en España: más de la mitad de la potencia de energía verde en servicio está en manos de Endesa, Iberdrola y Naturgy.

Los datos de Red Eléctrica, el operador público de las redes de transporte y distribución de la electricidad, contabilizaba esta semana un total de 24.268 megawatios de potencia eólica (17.804) y solar (6.464) en servicio en España.

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La filial de renovables de Endesa, Enel Green Power, contabiliza en su web oficial 2.422,9 megawatios de energía eólica y 624,85 de solar en servicio, a los que añade otros 180 y 249,45 en proceso de construcción. Aspira a disponer de 3.100 más en los próximos dos años.

Iberdrola Renovables, por su parte, tiene instalados 6.269 Mw de energía eólica y 1.429 de solar fotovoltaica mientras trabaja en la construcción de parques que suman otros 1.700 y maneja proyectos que suman 5.400 más.

Naturgy, que en la última subasta obtuvo permisos para explotar 235 Mw de energía renovable, tiene en explotación una cartera de en torno a 2.000 de eólica y 400 de solar.

Esos volúmenes de potencia instalada, sin tener en cuenta los de otras compañías energéticas históricas como Repsol, que gestiona 400 megawatios de placas solares, suman el 54% del total operativo, con un peso del 60% en la eólica y del 38% en la solar.

La burbuja pone más potencia a disposición del oligopolio

"El negocio de las renovables les está yendo muy bien", señala Jiménez Beltrán, que recuerda cómo esas mismas compañías "torpedearon el autoconsumo hasta que lo tumbaron, y ahora ofrecer hacer las instalaciones".

A ese viraje y esas cifras de parques eólicos y solares en explotación y en proyecto se le añade la disputa por conservar los canales de acceso a la red de distribución que deja el cierre de sus centrales térmicas de carbón, algo que solo en el caso de la de Endesa en Andorra (Teruel) deja un boquete de 1.725 Mw, y, también, la ampliación del negocio que están llevando a cabo mediante la compra de proyectos y participaciones al abrigo de la burbuja de las renovables, un proceso al que no es ajeno el endurecimiento de las exigencias financieras para el acceso a la red de transporte de las pequeñas instalaciones que el Gobierno incluyó en el mismo decreto por el que abolía el impuesto al sol.

"Las renovables se han convertido en un producto financiero"

Los datos de Red Eléctrica registran instalaciones que sobre el papel suman otros 119.525 Mw (37.829 de eólica y 81.696 de solar) y que ya cuentan con autorizaciones de enganche a alguna de las redes pero no han entrado en funcionamiento, y parques con capacidad para otros 18.143 (5.999 y 12.144) cuyos permisos se encuentran en tramitación. Otra cosas es que toda esa energía acabe entrando en funcionamiento y una más, que, de hacerlo, vaya a caber en la red.

"Las renovables se han convertido en un producto financiero", advierte Jiménez Beltrán, que describe una operativa que lleva tiempo instalada en el sector: "Hay quien sin poner un euro en las instalaciones obtiene los permisos de conexión a la red y el compromiso de propietarios de terrenos para instalar en ellos las placas o los aerogeneradores. Y eso lo vende. Muchos de los proyectos están acabando en manos de las tres grandes empresas y de fondos de inversión, muchos de ellos de origen chino".

La oportunidad de producir y consumir en red se va perdiendo

Lo cierto es que los datos y la línea de tiempo revelan un viraje de las grandes eléctricas desde el rechazo a las renovables a la focalización de su negocio en ellas. "La situación ha cambiado, y las compañías se han dado cuenta de que las renovables son el futuro", explica Pizzinato, que destaca apunta como factores clave, además de la existencia de una demanda social, los elevados precios de los bonos de CO2 que gravan la producción energética con combustibles fósiles y el fin de la quema de carbón en la UE, que están liberando espacio en la red para que entren otras fuentes.

"Se han preparado para las renovables y han desarrollado sus propios modelos de negocio", añade. Aunque ese diseño replica el centralizado y radial de grandes centros de producción que históricamente se ha explotado en España, tanto con la hidráulica como con la nuclear primero y después con el carbón y el gas, y que está provocando el rechazo a la energía verde en los territorios que ya fueron víctimas del extractivismo con las anteriores.

"El modelo centralizado no tiene sentido con las renovables", que permiten consumir la energía donde se produce, y con las actuales redes de transporte y distribución inteligentes, que "posibilitan saber quién, cuándo y cuánto está produciendo y consumiendo".

"Las renovables pueden ser un tesoro para España, pero un sistema que nació para ser distribuido y con una red mallada se está convirtiendo en algo centralizado y radial. El futuro está servido, pero se lo quieren quedar las grandes empresas", coincide Jiménez Beltrán.

El presidente de la Fundación Renovables echa en falta un esfuerzo de las comunidades autónomas, que son las que ejercen las competencias en materia de ordenación territorial, para para favorecer el autoconsumo y la proliferación de grupos locales en lugar de apoyar el modelo que se está desplegando. "Tienen la posibilidad de ordenar y planificar producción de energía en sus territorios y de potenciar su consumo en red mediante nodos", recuerda.

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