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Miles de trabajadoras, la mayoría son mujeres, visitan cada día domicilios para cuidar y hacer la vida más llevadera a personas dependientes. Cada día miles de familias esperan esa ayuda que les permita sobrellevar en mejores condiciones el cuidado de sus seres queridos. Sin embargo, una función social tan importante se aguanta sobre condiciones de trabajo y salario miserables y en manos de buitres de empresas privadas que hacen negocio con el dinero público. Rita Gallego es trabajadora de este sector y forma parte de la Plataforma de Atención Domiciliaria en Galicia, una de las numerosas plataformas que se han extendido por todo el Estado para exigir la mejora de sus condiciones y los de las familias con personas dependientes.

La entrevista la realizó Miguel Salas para Sin Permiso.

A pesar de su importancia parece un sector bastante oculto

Más que oculto diría no valorado, porque a menudo confunden nuestro trabajo con otras tareas, por ejemplo, la limpieza. Somos sociosanitarias y auxiliares de enfermería que trabajamos en la atención a personas dependientes en sus domicilios. A nivel estatal somos unas 122.000 personas. Lo que pasa es que tanto a nivel municipal o autonómico ofrecen a empresas privadas la gestión del servicio y estas minusvaloran nuestro trabajo y nos obligan a cumplir unas funciones que realmente no son las nuestras. Para definirlo en pocas palabras, los ayuntamientos y sin duda las empresas nos tienen como “chicas para todo”.

Vuestro trabajo es el cuidado de las personas dependientes

Nuestro trabajo es que las personas en su vivienda o en su entorno tengan unos cuidados, que su autonomía sea suficiente, que no se vayan deteriorando. Son unos cuidados que también se realizan en las residencias, pero hay muchas personas que quieren pasar en sus casas la última etapa de su vida. ¡Ojo! dependiente no son solo personas mayores. Una persona puede ser dependiente porque ha tenido un accidente, le ha dado un ictus, un infarto, tiene una esquizofrenia, etc.

¿Cómo os ha afectado la pandemia?

Este sector, y esto sí que me parece bastante desconocido, ha sido el segundo más afectado por la pandemia. Primero los sanitarios y después nosotras. ¿Por qué? Básicamente porque no teníamos medios de prevención. Hemos tenido que ir a domicilios, uno tras otro, ir a la compra de alimentos, a las farmacias, utilizar el transporte público con una mascarilla que debía durar quince días cuando sabemos que su uso es para 4 horas. Nosotras bañamos a un paciente y empapamos de humedad la mascarilla, debería quitarse y usarse otra para el siguiente servicio, pero las empresas solo nos daban una para cada quince días. Nos hemos sentido abandonadas. Ha caído mucha gente, entre las profesionales y evidentemente entre las personas a cuidar. Hemos pedido una auditoría para conocer la verdad de este trago amargo que hemos tenido que vivir, pero aún no hemos obtenido respuestas ni de las empresas ni de las administraciones públicas.

¿De quién dependen estos servicios?

Todos los municipios tienen un sector de la dependencia, tienen que hacerse cargo y las competencias, al menos en Galicia, son de la Xunta. Pero están tan “capacitados” los responsables políticos que lo que hacen es revertir el dinero público para la dependencia a empresas privadas, concediéndoles la gestión del servicio. Además, en la mayoría de los casos, el origen de esas empresas no es el de la dependencia o los servicios sociales. Podemos hablar de petroleras, constructoras, de parques y jardines…que han visto un filón y se han metido de cabeza porque da buenos beneficios. Hablamos de los Villar Mir, Florentino Pérez, DomusVi (que ellos mismos se han dado publicidad con la cantidad de gente que ha muerto en sus residencias)  

Estas empresas, y otras, han invertido en residencias y en la atención al dependiente en domicilios. Si las residencias ya tienen carencias (como se ha comprobado durante la pandemia) imagínate las que tenemos en la atención en domicilios. Su prioridad no es el cuidado. Su prioridad es el beneficio privado, y como clase obrera sabemos dónde lo buscan: en la precariedad, en bajos salarios, en falta de medidas de prevención o en incumplimiento del convenio.

¿Cuáles son vuestras condiciones de trabajo?

El salario puede oscilar entre 300 y 500 euros al mes. Salvo excepciones, no se tiene jornada completa, los contratos suelen oscilar entre 12 y 20 horas a la semana. Son salarios bajos, que cotizan poco y generan pensiones muy bajas. Las trabajadoras tienen que pagarse los gastos para ir a los domicilios. Si se mejora el SMI (Salario Mínimo Interprofesional), aunque es poco, mejora nuestros salarios. Es un sector muy feminizado, el 97% de las personas que trabajamos en cuidados somos mujeres y muchas de ellas migrantes y familias monoparentales. En nuestro carácter parece como si fuera intrínseco no quemar contenedores, no salir a la calle, parece que forma parte de nuestra manera de actuar. A lo mejor habría que cambiarla. En Galicia llevamos 10 años sin convenio colectivo. Hay que actualizarlo y sobre todo hay que cumplirlo. La patronal lo firmó, pero se incumple reiteradamente sin consecuencias y las Inspecciones de Trabajo no intervienen.

El sistema capitalista funciona así. Si me dejan sin nada a lo mejor salgo a la calle a hacer una barbaridad, que no es una barbaridad, es la exigencia de nuestros derechos. Pero al tener 300-400 euros te agarras a ellos para que no te los quiten. Es entendible que ese poco dinero hay que defenderlo con uñas y dientes, pero la idea tendría que ser luchar por lo necesario, por lo que es justo.

El tipo de trabajo afecta a vuestra salud

Sin duda. La necesidad de mover y cargar a las personas dependientes tiene muchas repercusiones en nuestra salud. Una persona dependiente puede tardar dos o tres años, y quizás me quedo corta, para recibir asistencia domiciliaria. Casi por definición un dependiente es una persona sedentaria y con tendencia a coger bastantes kilos y nosotras tenemos que movilizarla, trasladarla, llevarla al baño para asear, para hacer la higiene diaria, etc. Y eso recae sobre nuestras espaldas, de nuestros brazos y piernas porque no tenemos ayudas técnicas de ningún tipo. En la Mutua no tenemos catalogación de accidentes laborales relacionados con nuestra profesión. Además, la Mutua tiende a pasarte a la Seguridad Social, con toda la pérdida que eso significa.

Hay también una carga emocional, porque nos encontramos con situaciones de las que no puedes olvidarte cuando te vas y cierras la puerta, no puedes olvidar lo que acabas de ver. Sufrimos agresiones físicas ¡y quieren que nos jubilemos a los 67 años con la carga física y emocional que arrastramos! Vivimos también muchas situaciones de acoso sexual en los domicilios. Y como no se puede dejar sin asistencia a la persona dependiente las empresas lo único que hacen es cambiar a la trabajadora.

¿Cuáles son vuestras exigencias?

Esta semana se ha creado una Mesa de Cuidados a iniciativa del Ministerio de Igualdad junto a otros cuatro ministerios. Hemos asistido diferentes colectivos y plataformas del sector para plantear nuestras propuestas. Una de ellas es la municipalización del servicio, que el dinero público sea para los cuidados no para el beneficio de las empresas que, como decía antes, nada tienen que ver con los cuidados. El dinero público que sea para uso público. Muchas y muchos llegaremos a una situación de dependencia y lo que quiero para mí lo quiero para los demás. Queremos una catalogación de las enfermedades profesionales y, por supuesto, un salario digno. No podemos ser temporeras de los cuidados. Una calidad de vida normal, no tener que ir a buscar dos o tres trabajos para poder llegar a fin de mes. Una serie de propuestas que dignifiquen nuestra profesión que es también dignificar la asistencia de miles de personas dependientes.

Vamos a ver qué pasa. En esta Mesa queremos intentar cambiar el modelo de asistencia que hay actualmente. Es la primera vez que a nivel nacional se llama a personas y entidades profesionales del sector para asesorarse y conocer sus opiniones.

¿Qué son las Plataformas?

Es la manera que hemos encontrado de organizarnos en cada territorio. El enfoque es unir todos los esfuerzos a nivel de todo el Estado. El trabajo que hacemos es muy individual, vamos de casa en casa y apenas nos conocemos. La Plataforma es un instrumento para conocernos en los municipios, conocer las problemáticas en que nos encontramos, informarnos, porque nos falta mucha información, y coordinarnos. Hay mucha desmovilización. La meta de la Plataforma es informar, debatir entre nosotras, concienciarnos y crear unión para lograr cambiar las condiciones. Intentamos que la gente se organice. No confrontamos con los sindicatos. Siempre les hemos tendido la mano, aunque no es fácil porque ellos piensan que les disputamos la hegemonía y no es así. Todos tenemos los mismos problemas. Si la unión hace la fuerza, hay que practicarlo. Repito, no luchamos solo por lo nuestro, sino también por los derechos de las personas que cuidamos.

[El sector empieza a movilizarse. Las trabajadoras de asistencia a dependientes de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) han desarrollado cuatro jornadas de huelga, los días 2, 6, 14 y 22 de septiembre para exigir la municipalización del servicio.]

Rita Gallego forma parte de la Plataforma de Atención Domiciliaria en Galicia, una de las numerosas plataformas que se han extendido por todo el Estado para exigir la mejora de sus condiciones y los de las familias con personas dependientes.
 
 

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