el papa francisco con mascarilla

“Si acaso son los comunistas los que piensan como los cristianos”, respondía el papa Francisco cuando un periodista le preguntaba si, cuando hablaba de construir una sociedad igualitaria, se refería a una sociedad marxista.

Esto ocurrió en 2016. Desde entonces son numerosas las declaraciones del papa Francisco que han hecho a la Iglesia más conservadora y a la derecha más reaccionaria poner pie en pared ante cualquier atisbo de ensanche de derechos para la sociedad. El sábado pasado el Papa iba aún un paso más allá y abogaba por “un salario universal, para que cada persona en este mundo pueda acceder a los más elementales bienes de la vida”; y por “la reducción de la jornada laboral”, como medida para un mayor acceso de todos al empleo.

Sí, ya sé que no es nada del otro mundo y que muchas personas venimos defendiendo desde hace años la renta básica como el seguro colectivo de un nuevo contrato social y la reducción de la jornada laboral como el elemento necesario para que el empleo, como la riqueza, no se concentre en unas pocas manos. Pero esta vez, lo dice el Papa -tened en cuenta que ni el PSOE, ni Podemos apuestan actualmente por una renta básica-. Es llamativo que sea la máxima autoridad de la Iglesia Católica quien esté a la vanguardia en temas sociales. No es a lo que nos tienen acostumbrados, desde luego.

Si analizamos las propuestas del Papa observamos que, en primer lugar, es la propia evolución del mercado laboral -hacia una destrucción de empleo neta- la que requiere que la subsistencia de las personas no esté ligada a la tenencia de un empleo. ¿Qué hacemos con toda esa gente que es desplazada de su puesto de trabajo o que no consigue acceder al mercado laboral? La única solución factible es la de establecer derechos universales que garanticen el derecho a la existencia más allá del mercado laboral y alejado de las turbulencias macroeconómicas. Dicha evolución del mercado laboral nos exige, en segundo lugar, ofrecer respuestas que repartan el empleo existente de forma justa entre la sociedad. Será, por tanto, necesario aplicar fórmulas de reparto si queremos que las personas podamos acceder a un empleo digno y que nos satisfaga.

La evolución durante las últimas décadas y la situación actual del mercado laboral nos muestran que la consecución del pleno empleo es imposible a no ser que sea mediante una estrategia de reparto del empleo. Un reparto del empleo, dicho sea de paso, que debe producirse a través de cambios normativos. También es cierto que no podemos reducir más los salarios más bajos -siendo el más frecuente en España de poco más de 18.000€ anuales-, ni encarecer desorbitadamente los costes empresariales. Debemos ser conscientes, además, de que hemos conseguido como sociedad alcanzar un nivel tecnológico que permite producir riqueza suficiente de forma competitiva para poder garantizar que todas las personas tengamos nuestras necesidades básicas cubiertas.

Si existe una medida que pueda hacer que todas estas ideas converjan, ésta es, sin duda, la renta básica. Una renta básica que, a la vez que permite el desarrollo del Estado de bienestar - esto implica que su financiación se realizaría a través de una reforma fiscal-, garantice la existencia material de toda la ciudadanía. Con ella conseguiríamos que ningún trabajador o trabajadora de sueldo medio o bajo salga perjudicada económicamente si decide reducir su jornada. Además, tal y como se ha venido evidenciado a través de las diversas encuestas y proyectos piloto realizados: la renta básica en sí misma ya es una política que incentiva la reducción de la jornada, permitiendo a las personas que disfrutar y repartir su tiempo como así lo consideren.

En definitiva, y respondiendo a la pregunta que da título a esta columna, que no las tengo todas conmigo. El comunismo patrio -entiéndase como se quiera-, al menos en su gran mayoría, no defiende la implantación de una renta básica. De hecho, defienden una medida política cuya concepción filosófica se parece a la de la renta básica como una manzana a una plancha. Y es que mientras la renta básica permite a la ciudadanía no depender de nadie o de nada para vivir -otorgando niveles de libertad real para poder decidir nuestro propio camino-, un programa de trabajo garantizado “condena” a la ciudadanía a realizar ciertas actividades no elegidas voluntariamente y que, quizá, no sean deseadas. Así que, si el papa Francisco apuesta decididamente por garantizar la existencia material de las personas, bienvenido sea. Que se ponga las pilas nuestra clase política.

Julen Bollain es economista, profesor de la Universidad de Mondragón y miembro de la Red Renta Básica.
 
 

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