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Bruselas ha exigido a España que alargue el periodo que se emplea para calcular las pensiones para recibir los fondos de recuperación y el Ejecutivo ha aceptado. Esta medida figuró en los borradores del plan que el Gobierno manejaba a finales de 2020, pero el documento final remitido a la capital comunitaria no lo concretó y lo dejó en una redacción ambigua. Finalmente, el Operational Agreement o el contrato de implementación del plan de recuperación español que la Comisión Europea y el Gobierno han suscrito es claro cuando fija para finales de 2022 la “entrada en vigor del ajuste del periodo de cómputo, alargándolo para el cálculo de la pensión de jubilación”, según puede leerse en el documento divulgado este miércoles.

El mismo texto recoge la promesa de aumentar las bases máximas de cotización y, progresivamente, las pensiones máximas. También incluye el compromiso de sustituir el factor de sostenibilidad por el mecanismo de solidaridad intergeneracional. El primero se introdujo en la reforma de pensiones de 2013, aunque todavía no ha entrado en vigor, vinculando la esperanza de vida a la pensión inicial que recibe quien se jubila. Ahora el Ejecutivo negocia un nuevo mecanismo con los agentes sociales para garantizar la equidad en el tratamiento de las diferentes generaciones y deberá contar con una evaluación de impacto.

El contrato firmado entre Bruselas y Madrid es un documento que la Comisión suele firmar con los Estados miembros cada vez que entrega fondos. En ellos figuran de forma muy detallada y esquemática los compromisos de las dos partes y su cumplimiento es necesario para que vaya llegando el dinero. En este caso son los casi 70.000 millones de euros en subvenciones, es decir, recursos a fondo perdido, para recuperarse del golpe que ha supuesto para la economía la pandemia del coronavirus. Normalmente estos documentos no se hacen públicos, pero en esta ocasión el Ejecutivo que dirige Ursula von der Leyen tenía especial interés en que saliera a la luz, así que este miércoles por la tarde han divulgado el documento de 346 páginas. En él figuran todas las reformas a las que se compromete España y sus plazos, entre ellas las tres más importantes: la laboral, la de pensiones y la fiscal.

A pesar de que ese compromiso de elevar el periodo del cálculo de las pensiones constaba en un anexo a la decisión del Consejo que aprobaba en junio el plan de recuperación español, ahora se trata de un acuerdo formal firmado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni.

La Seguridad Social ha barajado desde el principio la opción de aumentar el periodo de cómputo de las pensiones, aunque esto provocó un importante choque entre el PSOE y Unidas Podemos, las formaciones que integran el Ejecutivo. En los borradores que manejó el departamento que dirige José Luis Escrivá se detalló la posibilidad de aumentar de 25 años a 35 años el periodo de cómputo de las pensiones. Esto supondría darle continuidad a la reforma de pensiones de 2011, una medida que la Autoridad Fiscal (Airef) española siempre ha propuesto, ya cuando la dirigía el actual ministro Escrivá. Según esa reforma, el número de años que se toman para calcular la pensión de los nuevos jubilados iba subiendo paulatinamente de los últimos 15 años cotizados por el trabajador a los últimos 25 entre 2013 y 2022. Precisamente lo pactado con Bruselas supondría no detener el contador el año que viene y continuar incrementándolo en 2023, aunque no concreta una cifra.

Aumentar el periodo de cómputo de las pensiones se traduce para la mayoría de trabajadores en una rebaja de la pensión que tendrían al jubilarse. De hecho, en esos borradores que preparó la Seguridad Social en diciembre de 2020 se cifraba en una rebaja media entre el 4,5% y el 3,9% el impacto de esta medida en la reforma de 2011 y calculaba que si se llegara hasta los 35 años la reducción sería del 6,3%. Hay que tener en cuenta que estos números se elaboran sobre supuestos teóricos con uno solo de los parámetros que se utilizan para calcular la pensión, si, por ejemplo, aumenta el sueldo ya cambia el impacto. También se debe destacar que una medida así favorece bastante a quienes pierden su empleo en los últimos años de su vida laboral y no vuelven a encontrar uno, un colectivo que cada vez crece más en el mercado laboral español, especialmente tras los ajustes de plantilla de la crisis anterior. Además, si finalmente se introducen mecanismos amortiguadores, como la elección de los mejores años de cotización o la opción de rellenar las lagunas de cotización, el impacto puede ser neutro.

Junto a esta medida también se contempla el incremento de las bases máximas de cotización y, “progresivamente”, de las pensiones máximas para que el sistema no pierda contributividad. Traducción: que haya cierta relación entre lo que se paga y lo que se recibe al jubilarse. Este principio siempre ha estado presenten en el sistema de pensiones español, pero en los últimos años se había diluido algo al aumentar significativamente las bases (el referente que se toma para calcular lo que se cotiza) y bastante menos la pensión máxima.

En lo referente a la reforma laboral, el documento, además de los compromisos más conocidos, también contempla una reforma del seguro de desempleo para finales del próximo año para extender su cobertura.

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