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Telefónica prepara un nuevo plan de bajas voluntarias en su filial española que afectará a entre 2.500 y 3.000 empleados, con la posibilidad de ampliarlo hasta 4.000. La empresa pretende tenerlo listo antes de que acabe el presente ejercicio, para lo que se abrirá un periodo de negociaciones con los sindicatos, de forma que las salidas comenzarían a producirse en la primera parte de 2022, informan fuentes sindicales.

Las condiciones serán muy similares a las que se pactaron en los dos anteriores planes de 2016 y 2019 bajo la figura del Plan de Suspensión Individual (PSI), un programa de bajas incentivadas que sustituye a los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). La ventaja de esta figura es que al no producirse una desvinculación total del trabajador, que sigue manteniendo una relación laboral con la empresa, y no tener apenas coste para el Estado, no precisa del largo proceso de autorización administrativa. Además, resulta muy propicio también para el trabajador debido a sus condiciones frente a un ERE o una prejubilación tradicional.

En el último PSI, acordado en 2019 y que supuso la salida de 2.600 trabajadores mayores de 53 años, los beneficiarios recibían el 68% del salario bruto hasta la jubilación y mantenían beneficios sociales como el seguro médico. De hecho, en los dos planes puestos en marcha por la empresa ha habido sobredemanda por parte de los trabajadores, un hecho que puede repetirse en el próximo plan, de forma que se amplíe hasta las 4.000 salidas pactadas, informaron las mismas fuentes.

Algunos sindicatos pidieron que se incluyera ya un nuevo PSI en la negociación de la prórroga del convenio, pero la empresa prefirió desvincularlo del mismo, tal y como adelantó La Información. Ahora se retomará esa negociación.

El ajuste afectaría a las filiales españolas que están sujetas al convenio colectivo (Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones), que suman en torno a 18.000 trabajadores del total de 28.500 con los que cuenta la operadora en España.

La razón de este nuevo aligeramiento de plantilla es la necesidad imperiosa de Telefónica de reducir costes para equilibrar el balance, ya que los ingresos continúan cayendo trimestre a trimestre ininterrumpidamente. Hasta septiembre, la filial española mantiene planos los ingresos, aunque si se descuenta la venta de móviles, el ingreso por servicios está en negativo (-3,7%). La rentabilidad desciende más abruptamente. El beneficio bruto operativo (oibda) se ha reducido un 5,4% y el margen disminuye en 2,2 puntos porcentuales hasta el 38,4%.

Competencia imparable

La causa de estos descensos es la imparable presión competitiva de las ofertas de bajo coste de la competencia (fundamentalmente MásMóvil y Digi), al que se han unido el mayor coste de la energía y la erosión del valor derivada de la pandemia, como admitía la operadora en sus últimas cuentas.

Las ventajas contables del plan son muchas. En el último PSI se consiguió un ahorro en gastos directos de en torno a 220 millones de euros anuales y un impacto positivo prácticamente desde el principio en la generación de caja. El problema es que hay que computar la previsión en el mismo momento de la puesta en marcha del plan, lo que afecta muy negativamente al resultado neto. Pero eso no supondría un mayor problema para Telefónica en el presente ejercicio, en el que acumula beneficios récord de 9.935 millones de euros debido a la venta de activos. No obstante, se estima que debido a las negociaciones, la aplicación del plan podría ser efectiva en el primer semestre de 2022. Fuentes oficiales de la compañía han declinado hacer comentarios sobre el PSI.

El primer PSI sumó más de 6.300 salidas totales y casi 3.800 millones de euros de desembolso por parte de la operadora hasta 2018. El último alcanzó las 2.600 y 1.600 millones de euros de pagos. Telefónica no sería la única operadora que aplica ajustes laborales si finalmente acuerda un nuevo plan de bajas. Tanto Orange como Vodafone han llevado a cabo este año sendos ERE con la salida de 400 y 442 trabajadores, respectivamente.

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