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PSOE y Unidas Podemos dan un paso más para eliminar los resquicios del franquismo en la ley de memoria democrática. Los grupos que integran el Gobierno de coalición plantean la supresión directa a través de esa norma de 33 títulos nobiliarios que fueron concedidos entre 1948 y 1978 y que aún hoy están vivos. Socialistas y grupo confederal han registrado una enmienda en la que enumeran los ducados, marquesados o condados que exaltan el golpe de Estado, la dictadura o a sus instigadores o participantes, entre ellos el ducado de Franco o el de Primo de Rivera. 

La redacción inicial de la ley de Memoria Democrática que aprobó el Consejo de Ministros a instancias del departamento de Félix Bolaños -heredada en buena medida de Carmen Calvo- abogaba por dejar en manos del Gobierno la elaboración de un catálogo de esos títulos y, a partir de ahí, proceder a su supresión. 

Con la enmienda, PSOE y Unidas Podemos pretenden reducir y acelerar los trámites, además de dar una mayor base legal a la decisión. “Con los trabajos de investigación ya realizados es posible determinar en este momento los títulos nobiliarios y grandezas de España que incurren en causa de supresión por exaltar el golpe de Estado, la guerra y la dictadura, y a sus instigadores, dirigentes o participantes del sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial, lo que permite incluir una referencia expresa a los mismos en este artículo y establecerse de forma directa su supresión, siendo así el propio legislador, depositario de la soberanía popular, quien expulse del conjunto de títulos nobiliarios existentes en la actualidad aquellos cuya base está constituida por una serie de comportamientos atentatorios contra la dignidad humana y otros derechos fundamentales cometidos en épocas preconstitucionales”, expresan los grupos en la enmienda a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Entre los títulos nobiliarios que PSOE y Unidas Podemos plantean eliminar está el ducado de Franco que en 1975 el rey Juan Carlos concedió a la esposa del dictador. A pesar de que el Gobierno de Pedro Sánchez estudió vías para evitar que la nieta de Francisco Franco, Carmen Martínez Bordiú, heredara el ducado, no encontró ninguna. De ahí que sea necesario modificar la legislación. El nombramiento, que fue firmado por el exministro de Justicia Rafael Catalá el mismo día de la moción de censura, se publicó en el BOE el 4 de julio de 2018. Lo mismo sucedió en el caso del ducado de Primo de Rivera, otro de que serán suprimidos. En este caso, fue el exministro socialista Juan Carlos Campo el que rubricó la sucesión en julio de 2020. 

También se pondrá fin al marquesado de Arias Navarro, con el que se premió al dirigente que se unió al bando golpista y actuó como fiscal impulsando el asesinato de cientos de republicanos. Durante el franquismo ocupó distintos puestos de responsabilidad, incluido el de ministro de Gobernación y fue nombrado presidente del Gobierno -el último de la dictadura y el primero de la monarquía-. Lo mismo sucederá con el ducado de Carrero Blanco, concedido a su antecesor en la presidencia. 

Desaparecerán también los títulos concedidos a los principales militares que participaron en la sublevación, como Queipo de Llano o el general Mola y también de colaboradores del régimen, como el condado del Castillo de la Mota, emitido en agradecimiento a Pilar Primo de Rivera, presidenta de la Sección Femenina, por haber apostado por "las tradicionales virtudes de la mujer española", según se explicó en el decreto de concesión. (Puedes consultar aquí el listado completo de títulos que PSOE y Unidas Podemos quieren suprimir). 

El plazo para la presentación de enmiendas parciales a la ley de memoria democrática finaliza este miércoles a mediodía sin que el Gobierno tenga asegurados los apoyos para su aprobación. Los aliados parlamentarios habituales del Ejecutivo han planteado enmiendas que los socialistas ya han rechazado, como la eliminación del título de rey. Además, el PSOE siempre ha rechazado acabar con la ley de amnistía y ahora Unidas Podemos y las fuerzas independentistas presionan para que sea modificada

Hasta ahora desde el Gobierno veían margen para el acuerdo con ERC en aspectos como la consideración de “ilegal” del régimen franquista frente al concepto ilegítimo que recoge la ley, pero se mostraban reacios a otras cuestiones, como la conversión de la comisaria de Vía Laietana en Barcelona en un lugar exclusivo de memoria o las reclamaciones patrimoniales -en este caso bajo el argumento de que el “Estado ha indemnizado a miles de víctimas del franquismo con más de 21700 millones de euros”, según las fuentes consultadas-. 

Las nuevas exigencias de las fuerzas independentistas llevaron al Gobierno a explorar la posibilidad de sacar adelante la ley con Ciudadanos. Según desveló el portavoz, Edmundo Bal, recibió una llamada del secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, apenas unas horas después de que registraran las enmiendas el lunes. La negociación del Ejecutivo con el partido de Inés Arrimadas ha provocado malestar en ERC.

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