justicia emergencia

Aunque parezca que ha pasado un siglo, hace un mes el tema de la semana fue la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propuesta por el Gobierno para desbloquear la situación que ha permitido al Partido Popular secuestrar el órgano de gobierno de los jueces que pretende garantizar la independencia judicial.

Para una parte de la izquierda, que presta en general poca atención a los movimientos que se dan en el seno del Estado, este tema no resulta demasiado interesante porque hace tiempo que le regalamos todo lo que tenga que ver con el Derecho a la derecha. Casi parece justicia poética que parezcan la misma palabra.

Por otra parte, también desde la izquierda se han sucedido algunos artículos críticos con la propuesta de reforma del Gobierno. A priori, esto podría parecer una buena noticia, pero el problema es que la gran mayoría de ellos venían a proponer lo mismo que las asociaciones de jueces y fiscales conservadoras, el autogobierno de los jueces. ¿Qué está pasando para que la izquierda de la izquierda tenga las mismas propuestas para organizar el poder judicial que la derecha más rancia y casposa?

Se cosecha lo que se siembra

Es cierto que, en general, asociamos el Derecho al conservadurismo. Y esto igual tiene algún sentido, me explico. Orden, ley, jerarquía, obligación. Así a primera vista no parecen palabras muy amables, la verdad. Con este paradigma, ¿quién va a querer estudiar Derecho? Si además le sumamos las previsiones de una carrera en la que te conviertes en un robot con la capacidad de recitar artículos de memoria pues apaga y vámonos. Pero eso no es todo, como señala el profesor Mauro Benente, la enseñanza de Derecho en la universidad está marcada por una constante despolitización que presenta las normas jurídicas como si cayeran del cielo y no como fruto de posicionamientos políticos e ideológicos. Tenemos así los ingredientes perfectos para un cocktail explosivo del que saldrán los futuros juristas.

Esto no quiere decir que no haya nadie ni nada de izquierdas en el mundo jurídico, ni que no exista otra historia del derecho, republicana, en la que la ley surge de la lucha de los de abajo para poner límites al poder, sino que el espectro ideológico está claramente descompensado hacia su lado derecho. Y es que, aunque una de las carencias más importantes que tenemos actualmente es la falta de horizontes posibles, este déficit utópico es aún mayor en el mundo del derecho. Si queremos transformar algo, por pequeño que sea, necesitamos construir el modelo de sociedad que queremos. Maquiavelo esto lo explicaba con una metáfora muy sencilla: “Los arqueros, para conseguir lograr su objetivo, debían apuntar mucho más alto que lo que en un principio parecía necesario, porque sino la flecha se quedaría corta”. Apuntar lejos no significa pensar que vamos a cambiarlo todo de un plumazo, pero es la condición de posibilidad para al menos caminar.

De aquellos barros, estos lodos

Volviendo por donde hemos empezado, en España existe un órgano que tiene la capacidad de nombrar a los altos cargos de la magistratura, aquellos que deciden sobre los aforados, sobre los grandes casos de corrupción y que también crean jurisprudencia, estableciendo interpretaciones concretas de las normas. La Constitución establece, fundamentalmente, que estos cargos deben ser elegidos por el Congreso y el Senado. Lo que se esconde detrás de esta decisión es que el poder judicial, como el resto de poderes del Estado, emana de la soberanía nacional que reside en el pueblo español (aunque sabemos que en España no existe un solo pueblo y, por tanto, tampoco una sola soberanía). Estas palabras tan rimbombantes lo que nos quieren decir es que los jueces no son un poder autónomo sino que se deben a nosotros, que si tienen poder es porque nosotros se lo estamos concediendo (también sabemos que estas afirmaciones en una democracia liberal como la que vivimos son un tanto atrevidas).

Los jueces no son un poder autónomo sino que se deben a nosotros, que si tienen poder es porque nosotros se lo estamos concediendo

Pero, ¿por qué decidieron esto los llamados padres de la Constitución? Como su objetivo no era romper con el régimen sino reformarlo, aceptaron no tocar la composición misma de los jueces a cambio de crear el CGPJ para controlar a los altos magistrados que tendrían el poder para frenar reformas importantes sin las que sería imposible dar por terminada la dictadura. De esta forma, el PSOE, como partido central del nuevo régimen, fue capaz de domesticar a las élites judiciales franquistas a cambio de no mandarlos al basurero de la historia. Podemos decir que para sus intereses fue una buena jugada. No lo fue tanto para una sociedad que luchaba en la calle por la democracia mientras la policía y la extrema derecha mataban de la mano a la oposición de izquierdas.

Al final la ecuación es la siguiente: se crean nuevas élites que legitiman el cambio de la dictadura a la democracia, se mantienen las viejas élites de la dictadura en un segundo plano y con un poder camuflado y, de nuevo, las aspiraciones populares de libertad e igualdad son guillotinadas.

De todos los jueces y magistrados en activo, solo un 8,52% pertenece a Juezas y Jueces por la Democracia, asociada a la órbita del PSOE. Más a la izquierda, desierto

De aquellos barros, estos lodos. Como explicaba Ivan Montemayor en este artículo, no podemos transportar las lógicas ideológicas de los partidos políticos al mundo de los tribunales. Para que nos hagamos una idea, de todos los jueces y magistrados en activo, solo un 8,52% de los mismos pertenecen a la asociación progresista Juezas y Jueces por la Democracia, asociada a la órbita del PSOE. Más a la izquierda, desierto. Como podemos comprobar, la sociedad es ideológicamente mucho más plural —y mucho más de izquierdas, por qué no decirlo— que el conjunto de los jueces de este país.

Ante este escenario, por no sumarle la ya declarada guerra de las élites judiciales a cualquier atisbo de progresismo, todavía hay quienes proponen una vuelta atrás. Como hemos visto, la Constitución planteó un “control partidista” sobre los jueces conservadores. Sin haber cambiado la estructura orgánica del poder judicial hay algunos que plantean como solución democrática al problema del poder judicial que sean los propios jueces quienes se elijan a sí mismos. Es cierto que también se han pronunciado voces críticas con respecto a estas propuestas “por las mismas razones que impiden la autogestión de los antidisturbios, o la de los fabricantes de metanfetamina”, como decía Guillem Martinez.

Uno de los argumentos principales es la necesidad de despolitizar la justicia. Con esto intentan confundir, politización y partidismo, o lo que es lo mismo, política y nepotismo

Uno de los argumentos principales es la necesidad de despolitizar la justicia. Con esto intentan confundir, politización y partidismo, o lo que es lo mismo, política y nepotismo. Con la gran diferencia de que la primera es la única vía posible para la emancipación de los de abajo y la segunda es la forma que tienen los de arriba de bunkerizarse en el poder. Los jueces pueden ser más o menos garantistas, pero lo que está claro es que su ideología importa a la hora de interpretar las normas, sino ¿por qué existen diferentes asociaciones judiciales y diferentes corrientes doctrinarias? Por otra parte, también se alude a la injerencia de los políticos que impide la tan ansiada independencia judicial y se pone el grito en el cielo por una visión simplista de la división de poderes pero, ¿de qué sirve dividir el poder si no emana de la soberanía popular?

Por una apuesta jurídica a la altura de nuestra propuesta política

Para que la política no devenga en gestión del malestar existente y pueda ser una herramienta útil para conquistar derechos, debemos pensar a futuro sin olvidarnos del presente. En este sentido, cualquier proyecto emancipatorio necesita reflexionar, en este ámbito, sobre al menos dos cosas:

Primero el lawfare, como ataque real a la división de poderes, es una de las estrategias mundiales de la extrema derecha para hacerse con el poder político, cuya última expresión han sido los intentos golpistas de Trump en EE UU, tras conformar un Tribunal Supremo conservador. En nuestro país, el juicio al independentismo catalán tras el 1 de octubre o los diversos ataques contra Podemos son las primeras batallas de una guerra judicial que no ha hecho nada más que empezar. Ante esta situación necesitamos reformas urgentes, que necesariamente son insuficientes pero ante las que tampoco podemos esperar. En este sentido, es necesario asegurar que la mayoría social progresista presente en la sociedad, con todos sus límites, se traslade al poder judicial. Ante semejante alerta antifascista se debería elegir la reforma que menos hipoteque nuestro futuro, sí, pero debería realizarse cuanto antes.

Segundo, y teniendo en cuenta esto, no podemos olvidar que el problema de la justicia no es nuevo y que sin un proceso constituyente republicano y confederal solo seremos capaces de poner parches a un sistema que hace aguas por todos los lados. Digámoslo abiertamente, no nos fiamos ni de los jueces, ni de los políticos, ni del Gobierno; porque no nos fiamos del poder. Y es que la desconfianza hacia los que supuestamente nos representan es la base de la democracia. El poder judicial debe estar controlado por la sociedad, no por los partidos políticos. Una vez popularizado el acceso a la carrera judicial, garantizando que cualquiera puede acceder a ella de forma gratuita, el debate entonces debería girar entre cuál creemos que es la mejor fórmula para someterlo a la vigilancia popular. ¿Puede ser la elección periódica de los mismos, el sorteo, la promoción interna? La única cuestión clara es que sin transformar las bases del poder judicial, cualquiera de estas cuestiones continúa siendo papel mojado y caldo de cultivo para la parasitación de la derecha en el poder judicial.

Me atrevería a decir que la única gran campaña de los últimos años que ha apuntado hacia cuestiones estructurales del poder judicial ha sido la del movimiento feminista internacional, señalando a la justicia como una institución fundamental para la reproducción del patriarcado. En América Latina, las compañeras han desarrollado diversos encuentros que incluso han dado forma a los ”Juicios a la Justicia Patriarcal” en junio de 2018, explorando así nuevas formas de justicia feminista y popular. Este tipo de experiencias nos muestran el camino, es necesario que quienes creemos que otro mundo es posible empecemos a pensar y a experimentar también cómo sería una justicia que no deje a nadie atrás. Y esto requiere de mucha imaginación pues son muchas las décadas de desierto. Pero no podemos ceder en el intento porque como dicen desde Contra el Diluvio, toda esperanza acerca del futuro es revolucionaria o es falsa.

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