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El plan B para jubilar a las generaciones del baby boom después de que los gobiernos de Mariano Rajoy reventaran el planteamiento inicial al gastar entre 2012 y 2018 61.000 de los 66.800 millones acumulados en la conocida como la hucha de las pensiones (el Fondo de Reserva de la Seguridad Social) en los doce años anteriores se somete este jueves al examen de un Congreso que, salvo sorpresa, avalará la puesta en marcha de sus líneas principales: aplicar incentivos para retrasar la jubilaciónestablecer penalizaciones a su anticipación, mantener la media anual del IPC como la referencia para revalorizar las pensiones y crear un nuevo mecanismo que genere recursos extraordinarios para los años de mayor necesidad del sistema, aunque este nace, como el anterior, sin un blindaje que garantice que esos fondos solo vayan a poder destinarse a pagar las prestaciones a partir de 2032.

La situación de partida es la de una Seguridad Social que paga 9,89 millones de pensiones contributivas, tres cuartas partes de ellas de jubilación, que le suponen una factura mensual de 10.280 millones y a las que se sumen otras 445.000 no contributivas, con un aumento de en torno a 100.000 pensionistas al año y una previsión de desajuste de algo más de 35.000 millones según el Informe Económico Financiero del Seguro, que prevé para el año que viene ingresar 136.344 millones por cotizaciones para cubrir 171.551 en prestaciones, con el principal requerimiento, de 149.995, para el retiro contributivo.

Y la previsión señala que los boomers nacidos entre 1957 y 1980, los años en los que llegaban más de 600.000 bebés, van a jubilarse en los próximos 30 años en un proceso que va a tensionar el sistema de protección social, ya que, según los datos de la EPA (Encuesta de Población Activa), esos 14,49 millones de trabajadores mayores de 40 años son tres de cada cuatro trabajadores en activo.

"Solo hay dos maneras de abordar esa situación, que va a ser un episodio que comienza entre ahora y el 2027 y que comenzará a remitir a partir de 2048: o bajas las pensiones o gastas más en ellas", plantea Antonio González, de Economistas Frente a la Crisis (EFC), que anota que "los Gobiernos PP optaron por lo primero al limitar las revalorizaciones al 0,25% anual durante 30 años y prever una revisión a la baja del coeficiente reductor cada cinco años en función de la esperanza de vida", con lo que la tasa de sustitución de las pensiones, que es el porcentaje del sueldo final que se recibe como prestación iba a caer del 73% actual al 40% al final de ese periodo.

Las sensaciones del IPC y la nueva ‘hucha de las pensiones’

En ese contexto, el proyecto de ley que llega este jueves al pleno supone el primero de los dos paquete de reformas del sistema de pensiones, en este caso centrado en mantener la cuantía y el poder adquisitivo de las prestaciones y, al mismo tiempo, reducir su demanda de recursos por la vía de atrasar la edad del retiro.

El primero de esos ejes se centra en dos medidas. Una es la confirmación de la media mensual del IPC del año anterior como el índice de referencia para revisar la cuantía de las pensiones en el siguiente, que genera la impresión de menoscabo cuando el año se cierra con una inflación interanual elevada y de bicoca cuando acaba plana o negativa, y la otra, la creación de un ‘mecanismo de equidad intergeneracional’ consistente en una nueva hucha que se irá llenando a partir de 2023 que viene con un recargo del 0,4% en la cotización de la empresa y del 0,2% en la de los trabajadores.

Se trata, según el texto que llega al pleno, que también contempla que la referencia del IPC sea evaluada cada cinco años y que deroga el Factor de Sostenibilidad de Rajoy, de una "cotización adicional finalista que nutrirá el Fondo de Reserva de la Seguridad Social" que "se mantendrá hasta 2032" y que, a partir de entonces, se revisará cada tres años.

Si gastando cada año un máximo equivalente al 0,2% del PIB (2.500 millones) el sistema puede superar el punto de inflexión de 2050, se mantendrán, pero si resulta insuficiente el Pacto de Toledo deberá proponer recortes de las prestaciones y/o aumentos de las cotizaciones u "otras fórmulas alternativas para aumentar los ingresos".

En cualquier caso, esa nueva hucha, como la anterior, nace sin un blindaje que garantice que su único destino vaya a ser el pago de las prestaciones de jubilación. "Se adaptará la normativa sobre el Fondo de Reserva para garantizar que la utilización de esta cuota finalista y de los rendimientos que genera se destine exclusivamente a atender las desviaciones en el nivel de gasto a las que se hace referencia", señala el texto.

"La duda es si los gobiernos, habiendo dinero en el Fondo de Reserva, van a gastar ese dinero en pagar las pensiones o en otras cosas, que es la tentación en la que cayó Rajoy, ya que no hay un blindaje específico", señala Octavio Granado, secretario de Estado de Seguridad Social en los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y en el primero de Pedro Sánchez y uno de los principales expertos del país en la materia. "Se trata de convertir picos y pendientes en lomas y valles suaves, de aplanar la evolución de las cifras", anota.

Las nuevas reglas para anticipar y demorar la jubilación

El segundo eje parte de unos cálculos según los cuales retrasar un año la edad media de jubilación puede suponer un ahorro anual de entre 15.000 y 20.000 millones de euros, el equivalente a entre 1,2 y 1,6 puntos del PIB, al reducir el aumento del número de pensionistas.

En este apartado, los coeficientes de reducción que penalizan la jubilación anticipada pasan a aplicarse sobre la prestación en lugar de sobre la base reguladora, aunque con una atenuación para quienes llegan a esa situación desde el desempleo, una medida que reduce los perjuicios que la regulación anterior provocaba a trabajadores con largas carreras de cotización, que llegaban a perder más del 20% de sus pagas.

Al mismo tiempo, los despidos objetivos y los derivados de ERE pasan a ser considerados como causas de jubilación anticipada involuntaria, con lo que se reduce la merma de la prestación para los afectados.

La demora de la jubilación mantiene la prima del 4% sobre la base reguladora (no sobre la prestación) por cada año trabajado sobre la edad oficial de retiro, canjeable por una cantidad a tanto alzado o una combinación de ambas fórmulas.

Por último, la nueva normativa sobre pensiones prohíbe las cláusulas de convenios "que prevean la jubilación forzosa del trabajador a una edad inferior a los sesenta y ocho años".

¿En qué consiste la segunda fase de la reforma?

El segundo paquete de reformas sobre las pensiones, cuya negociación, iniciada ya en algunos aspectos, se acelerará con el cambio de año, se centra en la financiación de ese sistema de prestaciones y de previsión para las tensiones que generará la jubilación de los ‘boomers’, cuya demanda de recursos financieros sitúan los estudios previos en el entorno de 3,5 puntos de PIB, entre 40.000 y 45.000 millones de euros al año sin incluir los efectos del retraso efectivo del retiro.

En este punto, las dos medidas clave son la cotización de los autónomos en función de sus ingresos reales, algo que las asociaciones de trabajadores por cuenta propia llevan años reclamando, y el destope de las cotizaciones, que según distintas estimaciones puede llegar a generar hasta 7.500 millones al año para la Seguridad Social. "Cambiamos un sistema basado en los recortes por otro basado en los ingresos", señala González.

Esta segunda medida consiste en poner a cotizar los alrededor de 26.000 millones de euros de los salarios de más de 48.841 euros brutos anuales (49.672 el año que viene) por los que ahora mismo no realizan aportaciones a la Seguridad Social ni las empresas que los pagan ni los trabajadores que los cobran por superar la base máxima de cotización.

Se trataría de aplicar a esas cantidades ahora exentas el mismo gravamen de 29,9% para el contratador y del 6,35% para el contratado que se aplica a la parte del salario que no supera esos casi 50.000 euros, mientras sería la prestación derivada de esa cotización la que ahora pasaría a ser objeto de modulación, entre otros aspectos por la capacidad de ahorro de quienes ganan esas cantidades.

Esta primera remesa de reformas incluidas en la Ley de Garantía del Poder Adquisitivo de las Pensiones y de Otras Medidas de Refuerzo de la Sostenibilidad Financiera y Social del Sistema Público de Pensiones, que tiene como objetivo despejar "las incertidumbres que derivan de la magnitud del reto demográfico provocado por la jubilación de la generación del ‘baby boom’ y de la orientación fallida de la reforma de 2013", es al mismo tiempo, según indica el dictamen de la comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso, "uno de los componentes más destacados del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ha de guiar la ejecución de fondos europeos hasta 2023 a través del instrumento Next Generation EU".

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