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Diego Herchhoren, activista de PAH Guadalajara, se enfrenta a cuatro años y medio de cárcel por publicar imágenes de un desahucio. El próximo 9 de noviembre, el Juzgado de lo Penal número 2 de Guadalajara juzgará a este activista, por delitos contra la intimidad o revelación de secretos —por los que le piden tres años de cárcel—, injurias con publicidad —doce meses de multa con cuota diaria de 10 euros o seis meses de cárcel en caso de impago— y desobediencia —un año de cárcel— con la Fiscalía como única acusación.

El desahucio del que Herchhoren publicó imágenes tuvo lugar el 26 de marzo de 2019 y se ejecutó por sorpresa en el barrio Operación Alamín, donde ya estaban fechadas varias ejecuciones hipotecarias de viviendas propiedad de la Sociedad de San Vicente de Paúl. Según explican desde PAH Guadalajara, ese día varios activistas habían acudido al centro de salud del barrio para repartir panfletos denunciando los desahucios que iban a tener lugar en los siguientes días a las 8 de la mañana y, al poco de llegar, se vieron rodeados por varios coches de policía y varios agentes de paisano que se situaron frente al número 4 de la calle Ávila. Habían acudido para ejecutar otro desahucio del que no tenían noticia, y subieron a sus viviendas para ver y grabar lo que ocurría desde sus balcones. 

“Se trataba de la ejecución judicial de un desahucio en uno de los bajos de esta barriada, ocupado por una familia compuesta por una pareja de 17 y 19 años, y un bebé que había nacido apenas 4 meses antes. No les dieron oportunidad de negociar nada; nadie de los servicios sociales municipales o autonómicos estaba allí para, al menos, garantizar que la familia iba a dormir bajo techo en los próximos días”, explican desde PAH Guadalajara. “Un agente de la Policía Nacional vestido de paisano se interponía entre el portal y la calle, asegurándose de que ninguno de los miembros de la familia pudiera recoger las pocas pertenencias que quedaban en la vivienda, y los miembros de la Comisión Judicial esperaban a pocos metros a que los agentes ‘aseguraran’ la zona, porque era evidente que esa familia suponía un gravísimo riesgo para su integridad”, continúa el colectivo.

No pudieron parar el desahucio, pero varios vecinos de la zona y activistas de PAH Guadalajara protestaron y tomaron imágenes de su ejecución que publicaron en sus cuentas en redes sociales. Uno de los activistas que tomó imágenes fue Diego.

El 4 de abril, PAH Guadalajara recibió una notificación del Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara a partir de una denuncia realizada el 27 de marzo por el Servicio común de notificaciones y embargos de Guadalajara. La denuncia señalaba a Diego como la persona que realizó las fotografías de la comisión judicial cuando estaba ejecutando el desahucio de la calle Ávila que fueron después publicadas en las redes sociales de PAH Guadalajara. Denunciaba que las imágenes fueron tomadas sin el consentimiento de los funcionarios, aunque estos estaban en la vía pública, y que en las redes sociales se acompañó la imagen con la frase “recordad estas caras. Son los miembros de la Comisión Judicial y la procuradora de @SSVPE [Sociedad San Vicente de Paúl en España] Son quienes han dejado a una familia hoy en la calle #AlaminNoSeVende”. La denuncia del servicio de embargos acusaba a Diego de un delito de amenazas y otro de revelación de secretos. 

Como respuesta a la denuncia, desde el juzgado emitieron un auto en el que se ordenaba, como medida cautelar, la retirada de las imágenes del desahucio publicadas en las redes sociales de PAH Guadalajara y advertía a los miembros de la plataforma de que si volvían a publicar contenidos parecidos, serían investigados por delitos de revelación de secretos y desobediencia.

Desde PAH Guadalajara obedecieron el mandato judicial, pero también señalaron en redes sociales que habían sido obligados a retirar las imágenes del desahucio, una medida que ha sido criticada por juristas como Joaquín Urias —profesor de derecho constitucional y exmagistrado en el Tribunal Constitucional—, quien calificó la decisión de la juez de “censura”  a la vez que la instaba desde su perfil de Twitter a “respetar los derechos fundamentales” o por el diputado de Unidas Podemos Rafa Mayoral, quien señaló que “la libertad de información y el derecho a un procedimiento judicial público permiten documentar las actuaciones de los funcionarios”.

En paralelo, la juez reclamó a Facebook y Twitter información sobre la cuenta en estas redes sociales de PAH Guadalajara, pero desde Twitter se negaron señalando que solo facilitan información de sus usuarios en relación a crímenes violentos y que para el resto de caso se debe hacer mediante comisiones rogatorias.

El 13 de junio de 2019, Diego fue convocado a testificar ante el Juzgado de Instrucción número como investigado. Aunque explicó que él no era representante de PAH Guadalajara, sino un miembro más, un año después, recibió la notificación de las calificaciones de la Fiscalía sobre su caso. La Fiscalía de Guadalajara le acusaba de un delito de injurias con publicidad, por el que pedía para él doce meses de multa con cuota diaria de 10 euros —3.600 euros en total— o seis meses de prisión en caso de impago, de otro delito contra la intimidad o revelación de secretos por el que pide para Diego otros tres años de cárcel, y también otro de desobediencia que suma un año más de cárcel. En total, cuatro años y medio de cárcel por publicar imágenes de la comisión judicial que ejecutó ese 26 de marzo de 2019 el desahucio de una joven familia con un bebé en la calle Ávila.

Dos semanas después, el Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara ordenaba la apertura de juicio oral contra Diego, asumiendo todos los delitos de los que le acusa la Fiscalía y sin ninguna otra acusación.

El próximo 9 de diciembre tendrá lugar el juicio en el Juzgado de lo Penal número 2 de Guadalajara. En las calles de Guadalajara, decenas de balcones muestran su apoyo al activista, la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara ha convocado una concentración frente a los juzgados para mostrar su repulsa ante este juicio y cerca de 70.000 personas han apoyado en Change una campaña que pedía la retirada de cargos contra Diego.

También desde Amnistía Internacional han expresado su intención de hacer seguimiento del caso de Diego por las graves acusaciones que enfrenta y “el efecto que puede tener par el correcto ejercicio del derecho a la información”.

La ‘operación Alamín’ y las instituciones católicas como promotoras inmobiliarias

El caso de la joven familiar cuyo desahucio puede llevar a Diego a la cárcel no es el único que ha creado polémica en este barrio. El propio Diego vive en una de estas viviendas y ha enfrentado ya varios intentos de desahucio que no han llegado a ejecutarse por el apoyo de vecinos y activistas de la plataforma.

El complejo de viviendas del Alamín se construyó en los años 60 bajo el régimen jurídico de viviendas de renta limitada. La Sociedad San Vicente de Paúl fue la promotora —con una subvención del Ministerio de Vivienda franquista de 2,88 millones de pesetas, un préstamo de otros 2,5 millones de pesetas, exenciones fiscales, y la donación del terreno por parte de la condesa de Romanones, según un documento del ministerio—, de las 96 viviendas que en 1962 serán declaradas en régimen de protección. 

Sus destinatarios optaron a ellas tras presentar un informe policial favorable y, los que resultaron beneficiarios, pagaron su hogar amortizando la deuda con la sociedad católica con cuotas de hasta 100 pesetas mensuales por 20 años, según muestra un documento oficial de la época encontrado en el Archivo Histórico de Guadalajara por Diego Herchhoren al que ha tenido acceso El Salto. Fue lo que pagó la abuela de Diego, una de las beneficiarias de estas viviendas, que habría pagado toda su deuda con la sociedad católica, y en 1996 tendría que haberse hecho con la propiedad de la casa en la que ahora vive su nieto, con el pago de la última cuota.

Pero cuando llegó el año 1996, en vez del cambio de titularidad de las viviendas, que tendría que haber pasado a sus inquilinos, comenzaron los desalojos. “Los adjudicatarios, muchos de ellos gente mayor sin conocimiento de los derechos que tenían sobre esos inmuebles, siguieron pagando sus cuotas hasta el último día de su vida”, explica Hechhoren en su blog Buen Juicio. “Los que fallecieron lo hicieron sin saber que esas casas ya eran suyas”, añade. 

Diego, que también es abogado, explica que el hueco por el que San Vicente de Paúl consiguió hacerse con estas viviendas fue el vacío legal en los caso en los que los adjudicatarios fallecían, ya que no constaban explícitamente que sus descendientes heredaran el derecho sobre la vivienda si no se había pagado entera antes de la muerte del adjudicatario. “De esta manera, San Vicente de Paúl lleva ya apropiadas y bajo su control 79 viviendas de las que ha ido desalojando a los adjudicatarios, incluso con asustaviejas de por medio. Y las 17 restantes son las del grupo de espartanos que resisten a las amenazas de desalojo”, concluye Diego.

[Actualización a 9 de diciembre a las 14h]. Durante la celebración del juicio contra el activista Diego Hechhoren, la Fiscalía de Guadalajara ha reducido su petición de condena a un año y seis meses de prisión.

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