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Cuando en noviembre el IPC superaba el 5,5%, los conflictos por la pérdida de poder adquisitivo ya comenzaban a extenderse a casi todos los sectores, desde los servicios, las fábricas y el comercio a los funcionarios, pasando por los pensionistas. La confirmación por parte del INE de que, solo en diciembre, la inflación había trepado otro 1,2% hasta llegar a un IPC acumulado del 6,7% ha empeorado todos los escenarios. 

Con la tasa de inflación más alta de las últimas tres décadas, el empobrecimiento experimentado por la mayoría de la población española se ha visto agudizado por la contención de los salarios regidos por convenio, que apenas suben un 1,5% de media; de los funcionarios, que crecen un 2%, y de las pensiones, que solo subirán un 2,5% este año.

Y las perspectivas para 2022 no son mejores. Al igual que en el resto de países de la OCDE, las previsiones de este organismo contemplan que los precios continuarán subiendo otro 3,2% en el próximo año. Una tendencia impulsada por el alza del precio de la energía, responsable de hasta el 80% de esta subida, según el área de investigación de Funcas. El incremento interanual de la factura de la luz, sostiene este think tank de las cajas de ahorro, fue del 46,7%, mientras que los carburantes se encarecieron un 34,2% en el último año.

Los precios todavía no se han trasladado con la misma intensidad a otros bienes de primera necesidad, como los alimentos no procesados, pero esto puede cambiar, advierte el Banco de España en su último informe trimestral

Los precios todavía no se han trasladado con la misma intensidad a otros bienes de primera necesidad, como los alimentos no procesados, pero esto puede cambiar, advierte el Banco de España en su último informe trimestral: “Cabe esperar que el incremento del precio del petróleo, del gas natural y del carbón se traslade también a los precios de los bienes de consumo a través del aumento de los costes de las empresas y de los posibles efectos de segunda ronda sobre los salarios”. 

La inflación, que supera el 5% en la OCDE y un 7% en EE UU, ha obligado a reducir las expectativas de crecimiento, y los caminos elegidos para contener este fenómeno pueden agravar el problema, reconocen desde el propio Banco de España. La propia recuperación de la economía tras la pandemia, dice este organismo célebre por sus recomendaciones neoliberales, “estaría viéndose moderada por la compresión de las rentas de hogares y empresas inducida por el aumento de costes y precios”. 

El Banco de España augura una inflación “elevada” en los primeros meses de 2022, aunque espera que se “desacelere intensamente con posterioridad”, aunque sin llegar a valores negativos. En su “escenario central”, los precios seguirán subiendo, pero menos que hasta ahora. Sin embargo, el Banco de España también analiza otro escenario posible con una inflación que continúe desbocada en el caso de que exista “una prolongación del periodo de alteraciones en la oferta global y de precios elevados de la energía” con graves efectos en las “condiciones financieras” y en la “vulnerabilidad de los agentes más endeudados y sobre la disponibilidad y coste de nuevos flujos de financiación”, es decir, una nueva crisis financiera global.

La propia recuperación de la economía, dice el Banco de España, organismo célebre por sus recomendaciones neoliberales, “estaría viéndose moderada por la compresión de las rentas de hogares y empresas inducida por el aumento de costes y precios”

“El principal riesgo es que se genere una espiral salarios-precios, un proceso que se alimenta a sí mismo y que puede derivar en una subida de los tipos de interés que afectaría a la carga de la deuda”, señala María Jesús Fernández, investigadora de Funcas. Con estas palabras, esta economista resume la política oficial para aplacar el alza de los precios: contención salarial y esperar a que la crisis energética sea transitoria.

Promesas incumplidas

Los nuevos datos de diciembre complican aún más la situación del Gobierno, que no ha podido cumplir la promesa de contener la subida del precio de la luz para que los consumidores no paguen en 2021 más que en 2018, el segundo año con la luz más cara de la historia. Según Facua, la factura de diciembre de 2021 sigue siendo un 20% más cara que en el último año de Mariano Rajoy. 

Incluso una de las principales bazas del Gobierno, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a la cifra redonda de 1.000 euros sabrá a derrota. Los 35 euros que faltan para llegar a este simbólico número palidecen frente a los 64,6 euros que debería subir el SMI solo para no perder poder adquisitivo.

Según fuentes de Comisiones Obreras, la subida de apenas 15 euros en el SMI decidida en septiembre de 2021 con el rechazo de la patronal fue aceptada por los dos grandes sindicatos únicamente por el compromiso del Gobierno de subir el salario mínimo a 1.000 euros a principios de 2022, una subida que tendría que leerse como una victoria más del “gobierno que más ha subido el salario mínimo”, según palabras de Pedro Sánchez. Sin embargo, la actual coyuntura hará que esta subida no llegue a cubrir la mitad de la pérdida que ha supuesto la inflación en el SMI. 

Incluso una de las principales bazas del Gobierno, la subida del SMI a mil euros, sabrá a derrota. Los 35 euros que faltan para llegar a este simbólico número palidecen frente a los 64,6 euros que debería subir el SMI para no perder poder adquisitivo

Hasta que terminen de negociar la nueva subida del salario mínimo con los grandes sindicatos y la patronal, el Gobierno ha recibido un poco de aire gracias al último dato de paro —que disminuye en 782.232 personas— y de las cifras de personas afiliadas a la Seguridad Social —776.478 más que a finales de 2020—, unos datos que quitan fuelle a las tesis defendidas por la oposición de derechas, la patronal y el Banco de España de que las subidas del SMI destruyen empleo.

Mientras la contención salarial es la regla, las empresas no han tardado en repercutir el aumento de los costes de los componentes y las materias primas en sus productos. Según una encuesta realizada por el Banco de España, el 44% de las empresas prevé aumentar sus precios en los tres primeros meses de 2022 y el 60% a lo largo del año.

Las pensiones pierden el 4,6%

La pérdida de poder adquisitivo afectará especialmente a diez millones de pensionistas, que verán reducida su pensión real en un 4,6%. Este efecto es producto de la nueva forma de calcular la revalorización de las pensiones, que utiliza como referencia el IPC medio de los últimos doce meses —que fija la inflación de 2021 en 2,5%— y no el IPC acumulado, la cifra de referencia hasta ahora, que arroja un dato acumulado del 6,7%. 

“Lo relevante es que se confirman los peores escenarios: cada vez está siendo mayor la brecha entre la pensión y los salarios con el coste de la vida, cada vez va a ser mayor la insuficiencia de la pensión. Cada día aumenta el número de pensionistas en situación de riesgo de pobreza y exclusión social”, señalan desde la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE). Desde las plataformas de pensionistas demandan recuperar el poder adquisitivo perdido y que a partir de ahora se utilice el IPC real para calcular la revalorización de las pensiones.

El movimiento pensionista también demanda la “subida inmediata” de las pensiones mínimas hasta equiparlas con el salario mínimo, eso sí, un salario mínimo que represente, tal como piden también los sindicatos, el 60% del salario medio, es decir unos 1.080 euros. 

La pérdida de poder adquisitivo también afecta a las personas perceptoras del Ingreso Mínimo Vital, cuya prestación crecerá un 3% en 2022. También para los que dependen de las prestaciones básicas del Iprem, que solo crecerá el 2,5%

La pérdida de poder adquisitivo también afecta a las personas perceptoras del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que tendrán una subida, compensación incluida, del 3,4% para 2021. Y para 2022, el aumento del IMV será del 3%, es decir, sufrirá una pérdida del 3,7% de su poder adquisitivo.

Una mayor pérdida sufrirán las personas cuyos ingresos o ayudas dependen del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que aumentará el 2,5%, hasta los 579 euros. Este indicador creado durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha estado prácticamente congelado durante un década, desvinculado de las subidas de su “hermano mayor”, el SMI. De este índice dependen más de un millón de personas que reciben subsidios de desempleo, becas y rentas asistenciales.

El invierno más frío

En el mejor de los casos, las subidas de salarios y prestaciones han rondado el IPC medio, es decir, el 2,5%, pero el aumento del gasto en electricidad ha crecido en un 50% en el último año, un gasto difícil de evitar y que afecta especialmente a los hogares de rentas medias y bajas, tal como llevan denunciando años las organizaciones que luchan contra la pobreza energética.

Una situación de pobreza energética que ya era crítica a finales de 2020 y que la actual crisis de abastecimiento ha agravado. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publicado en diciembre de 2021, los indicadores de pobreza energética se han disparado con la pandemia. “La disminución de las rentas disponibles ha provocado que las necesidades energéticas hayan sido cubiertas a costa de un mayor esfuerzo por parte de las familias afectadas, que han necesitado destinar una mayor proporción de sus ingresos a la cobertura de sus consumos energéticos”, dice el informe. Según este estudio, en 2020, un 10,9% de la población no podía mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno y el 9,6% tenía retrasos en el pago de las facturas de los suministros de su vivienda.

Esta situación es aún más grave para las personas que viven de alquiler. Para el 22% de este colectivo —casi diez puntos más que hace tres años— mantener la vivienda a una temperatura adecuada es una misión imposible, según el estudio. 

Mientras el Gobierno y las instituciones económicas esperan que la subida del precio de la energía y la espiral inflacionista sea transitoria y centran su estrategia en la contención salarial, se multiplican los conflictos en un invierno que acaba de empezar
Es también este sector de la población el que experimentará en enero las mayores subidas a causa del IPC acumulado del 6,7%, cifra que utilizan los propietarios para aumentar la renta. Para un alquiler medio de 800 euros, como es el caso de la ciudad de Madrid, supone un aumento de 53 euros. 

Sin embargo, tal como recuerdan desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid, no todas las subidas de alquiler son legales. Lo primero que hay que hacer, relatan en una Guía para Evitar IPCentadas, es sacar el contrato del cajón y buscar si existe alguna cláusula que hable expresamente de la revisión anual de la renta y sí menciona la palabra IPC. De no ser así, la subida podría ser ilegal. También hay que cerciorarse de que se hizo la comunicación por escrito, el mes en el que vence el contrato y si la subida coincide con el IPC del mes de referencia del contrato.

Mientras el Gobierno y las instituciones económicas esperan que la subida del precio de la energía y la espiral inflacionista sea transitoria y centran su estrategia en la contención salarial, se multiplican los conflictos en un invierno que acaba de empezar.

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