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El documento cuestiona que se puedan ilegalizar fundaciones por apología del franquismo -como la Fundación Francisco Franco-, o aquellas que generen odio de manera directa o indirecta (o violencia) contra las víctimas del golpe de estado del 1939. Considera que no se puede investigar penalmente ningún hecho de la Guerra Civil o la dictadura aduciendo la Ley de amnistía de 1977.

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