El Estado español acumula condenas por valor de casi mil millones de euros a favor de fondos de inversión y compañías eléctricas de otros países por el frenazo en seco que los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y José María Aznar aplicaron al despliegue de las renovables con una serie de decisiones con las que, además de impedir la irrupción de un modelo que habría tirado a la baja del precio de la electricidad, cortocircuitaron el desarrollo inicial de la energía verde y, con él, el del autoconsumo.
