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El PSOE, ha sido uno de los principales sostenedores de la Monarquía y de los consensos del Régimen del 78 que han garantizado las continuidades e impunidades que se arrastran desde la dictadura franquista, empezando por la escandalosa inviolabilidad real.

Mientras que por un lado el gobierno de coalición «progresista» continúa el Lawfare contra el independentismo catalán, y por el otro, junto a sus socios de derechas garantizan protección a la opacidad patrimonial de la Casa Real e impidien todo intento de clarificar la fortuna de los Borbones, una nueva «bomba» ha estallado en la base de fltotación institucional que activó todos los mecanismos del Estado español para soslayarla y protejer la corrupción de la Casa Real. Esta vez, destapan que Juan Carlos de Borbón se llevó 52 millones en comisiones por la venta del Banco Zaragozano, y queda al desnudo cómo impulsó las «fundaciones» Zagatka y Lucum.

El dinero atesorado por Juan Carlos de Borbón en paraisos fiscales, proviene mayoritariamente de comisiones recibidas a lo largo de su carrera delictiva al frente de la Casa Real española. A las comisiones por la venta de armas a países árabes en el períoo 1978-1990, Públicido ha consiguido directamente de las monarquías saudí y kuwaití, o las del sultán de Bahrein (1,7 millones de dólares que llevó personalmente a Ginebra en una maleta), hay que sumarle ahora la develada por el medio digital español Público por su gran labor de intermediario.

Según el medio español, el 2003 ha sido el año que le ha permitido al Borbón fugado embolsarse «una de las cantidades netas más importantes de su larga carrera como comisionista»: 52 millones de euros. Tamaña comisión ha sido percivida por conseguir llevar a buen puerto «la ruinosa compra del Banco Zaragozano, propiedad de Los Albertos, por parte del británico Barclays Bank. Este es el momento donde arranca una «nueva época de blanqueo de esos fondos a través de las mal llamadas fundaciones y sociedades opacas, siempre creadas y gestionadas por Fasana y su socio principal, el abogado Dante Canonica.

De hecho, señala Público, esto se da al desvelarse una operación en la exclusiva publicada por The Sunday Telegraph el 15 de febrero de 2020, la que quedará enseguida eclipsada por el estallido de la pandemia de covid. En aquél momento se había empezado a tirar de la manta de las fundaciones-pantalla que Fasana crea para el rey, y «Felipe VI se verá obligado a admitir que conocía la existencia de una en Panamá (Lucum, de la que él era segundo beneficiario) y anunciará la ruptura de relaciones con su padre», enmascarándola en una imposible renuncia a la herencia de alguien que sigue con vida. En realidad, «el desheredado es el padre, que deja de percibir la asignación como rey y es expulsado de la Familia Real».

El blindaje «opaco» al Borbón

Mientras que por un lado el gobierno de coalición «progresista» continúa el Lawfare contra el independentismo catalán, y por el otro, junto a sus socios de derechas garantizan protección a la opacidad patrimonial de la Casa Real e impidien todo intento de clarificar la fortuna de los Borbones, una nueva «bomba» ha estallado en la base de fltotación institucional que activó todos los mecanismos del Estado español para soslayarla y proteger la corrupción de la Casa Real.

No importa que una nueva bomba les haya vuelto a estallar en el rostro con la coima de 52 millones de euros, por la venta del Banco Zaragozano, que se ha embolsado el Borbón, y quedara además al desnudo la manera en que impulsó las «fundaciones» Zagatka y Lucum. El cerco mediático hegemónico e institucional se ha vuelto a activar en torno a los jirones de una monarquía corrupta, destemplada y anacrónica.

El «progresismo monárquico» cierra filas una vez más como escudo protector de la Real corrupción, blindando así la opacidad de la fortuna de Juan Carlos de Borbón.

Y es que, una vez más el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos junto a sus socios de derechas, para estos menesteres, impiden esclarecer públicamente el patrimonio real que, ya en 2012, el New York Times cifraba en torno a los 1.800 millones de euros. El Sindicato de Técnicos de Hacienda también ha denunciado esta falta de transparencia de la Monarquía. Pero, en la España de Pedro Sánchez queda en eso, en una simple denuncia. Gracias a la cooptación del poder judicial por el poder real español.

De esta forma, la opacidad patrimonial de la Casa Real sigue garantizada por el Gobierno de coalición a través de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, desde donde vienen impidiendo todo intento de clarificar la fortuna de los Borbones. Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA) denunciaba en marzo para Público, que «a través del portal de Transparencia no se puede obtener» una información que ya debería ser pública para todas las instituciones del Estado.

Desde el 5 de agosto de 2020 se ha presentado ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno una solicitud para conocer “todas y cada una de las propiedades” que pertenecen a “todos y cada uno de los miembros de la Casa Real, tanto los exmonarcas Sofía y Juan Carlos como Felipe de Borbón y esposa Leticia y sus hijahijaEsto ha ocurrido a los dos días de que Juan Carlos de Borbón se fugara entre gallos y media noche del Estado español en una huida nocuna y judicial.

Tras meses de retraso, allá por diciembre de 2020, el Gobierno “más progresista de la historia” finalmente se pronunció para “inadmitir a trámite la solicitud de acceso presentada”, a través de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno. Bajo el argumento de que «dicha cuestión no se encuentra comprendida dentro del ámbito subjetivo ni objetivo de aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTAIBG)».

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es justamente la institución encargada de velar por el cumplimiento de esa ley de 2013, que tiene por objetivo conseguir una mayor transparencia de las instituciones del Estado. Sin embargo, la Monarquía continúa hoy impune ante esta ley, a pesar de los manifiestos escándalos de corrupción.

El PSOE, ha sido uno de los principales sostenedores de la Monarquía y de los consensos del Régimen del 78 que han garantizado las continuidades e impunidades que se arrastran desde la dictadura franquista, empezando por la escandalosa inviolabilidad real. Junto a PPCs y Vox hacen constantemente denodados esfuerzos para enfrentar cualquier intento institucional por cuestionar esa impunidad, como el registro de una nueva comisión de investigación en el Congreso sobre las corruptelas borbónicas.

Mientras tanto, Unidas Podemos trata de desmarcarse de estas cuestiones, como si no fuera responsabilidad suya, mientras sigue participando con ministrxs y secretarixs en el Gobierno. UP infla el pecho y eleva su voz, cuando sabe fehacientemente que tiene la batalla perdida. Sino, se mantiene genuflexa, en silencio, y econdida para no hacer demaciadas olas y pasar desapercibida.

La crisis de la covid, ahora en su quinta ola, seguirá desviando la atención de la opinión pública sobre las maniobra de defraudación fiscal masiva y de blanqueo de capitales irregulares del Borbón.

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