El paso de los años —ya son 42— no ha facilitado ni el desarrollo de nuevos consensos ni el despliegue de todos los artículos que la Constitución Española tiene pendientes desde los días de transición. La mayoría de ellos relacionados con derechos sociales que, en la práctica, no han pasado de ser un enunciado voluntarioso. Estos son los agujeros negros de la Carta Magna:

Artículo 9.2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Son dos artículos estrechamente vinculados entre sí. El primero está en el título preliminar de la Constitución y reconoce la “igualdad material” de los ciudadanos. Se basa en que la configuración del Estado como social “exige la intervención de los poderes públicos para que la igualdad de los individuos sea real y efectiva”. Lo que, según los letrados del Congreso, “reinterpreta la igualdad formal propia del Estado liberal de Derecho e incorpora el principio de igualdad material” con la finalidad de conseguir “una equiparación real y efectiva de los derechos sociales” de los ciudadanos.

El enunciado ni siquiera motivó discrepancias en la ponencia constitucional, pero su objetivo sigue siendo aparentemente inalcanzable. De hecho, si nos atenemos a las evolución de los últimos años, está más lejos que nunca. La desigualdad alcanzó máximos históricos la pasada primavera, según el Institute of Political Economy and Governance, la Pompeu Fabra y CaixaBank Research, que han analizado tres millones de nóminas con técnicas de big data. El impacto es aún más fuerte entre los jóvenes y los inmigrantes.

Las leyes de igualdad siguen en la agenda política y son objeto de fuertes discrepancias, como las de violencia sexual o la de igualdad trans que impulsa el ministerio que dirige Irene Montero.

Para muestra algunos datos: aunque las mujeres pensionistas superan en un 5,27% a los hombres, la cuantía de su pensión es un 37,79% más baja, según datos de UGT. Las mujeres ganan un 22,35% menos que los hombres en el mismo puesto y, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el porcentaje de mujeres en los Consejos de Administración de empresas que forman parte del IBEX-35 es de sólo un 22,2%.

La igualdad ante la ley también ha quedado en entredicho en los últimos años a la vista de la inviolabilidad del rey, que ha dejado en la impunidad las actividades económicas de Juan Carlos de Borbón cuando ocupaba la Jefatura del Estado.

Artículo 16 – Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

Este artículo Forma parte del Título I, el que enumera los derechos y deberes fundamentales. La expresión de este párrafo resultaba más fácil de comprender en un momento en el que la mayoría de la población era católica y otras religiones minoritarias sólo exigían tolerancia, pero plantea problemas en el momento en el que, por una parte, en especial debido a la inmigración, otras religiones alcanzan una amplia implantación y, por otra, se manifiestan abiertamente sectores ateos o agnósticos. Las discusiones que se plantean en el ámbito escolar y, por tanto, en relación con el derecho a la educación son buena prueba de ello.

Es verdad que este Gobierno ha dado algunos pasos simbólicos en la separación del Estado y la iglesia católica, como la supresión de símbolos religiosos del ritual de jura o promesa del cargo o con la organización de funerales de Estado no religiosos como el que tuvo lugar en homenaje a las víctimas de la covid-19. Pero aún quedan muchos restos de religión en el Estado en muy diferentes ámbitos, desde la educación pública a las Fuerzas Armadas. La iglesia católica, además, conserva muchas de sus ventajas y privilegios, como la exención del pago de determinados impuestos o una presencia destacada en el sistema de recaudación del IRPF.

El derecho a sentirse ofendido en nombre de los sentimientos religiosos sigue estando protegido por el Código Penal, que sin embargo no protege del mismo modo a los no creyentes que puedan sentirse ofendidos por los símbolos y ritos de quienes sí profesan una fe. La iglesia católica conserva todavía ventajas y privilegios.

Ningún presidente llegó a La Moncloa con el listón de promesas laicistas tan alto como Pedro Sánchez —derogación de los acuerdos de 1976-1979, “consolidación” de España como “Estado laico”, reversión de inmatriculaciones, nueva Ley de Conciencia y Libertad Religiosa, recorte de las exenciones del IBI— pero después el listón ha ido bajando.

Artículo 27.5 “Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes”

Los letrados del Congreso interpretan el derecho a la educación en virtud de su naturaleza prestacional, reforzada con la proclamación de la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza básica, pero que se proyecta también sobre la enseñanza no obligatoria, con independencia de que no se imponga constitucionalmente para esta última ni la obligatoriedad ni la gratuidad, algo que se apoya además en sentencias posteriores del Tribunal Constitucional.

Cuatro décadas después de la aprobación de la Carta Magna, la realidad es no sólo que la educación sigue sin ser gratuita en todos los niveles sino que el modelo público es incapaz de cubrir todos sus costes. Las becas están muy lejos de resolver ni las necesidades de los alumnos ni el precio de matrícula. Tampoco está garantizado el acceso a los libros de texto en condiciones de igualdad.

Artículo 31 “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.

La realidad es muy distinta. La ingeniería fiscal permite todavía a las grandes empresas y corporaciones reducir lo que pagan muy por debajo de lo que está establecido oficialmente, como ocurre con el impuesto de sociedades. Los cálculos más modestos hablan de un fraude fiscal multimillonario, que significa que una parte de la población sigue eludiendo su responsabilidad, algo que los asalariados no pueden hacer.

Fraude fiscal

Fuentes de Gestha —el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda— aseguran que si el Gobierno activase un nuevo plan para poner la lupa contra la evasión de gravámenes de las empresas, inmediatamente se podrían “recaudar hasta 15.000 millones de euros”. Una suma que podría doblarse ampliamente pasados cinco años hasta los 33.000 millones. Mientras tanto, lo cierto es que ni todos los ciudadanos contribuyen ni los que lo hacen aportan en proporción a sus ingresos.

Artículo 35 “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”.

Artículo 40 – “Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial, realizarán una política orientada al pleno empleo”.

Un clásico de los artículos de la Carta Magna que se han quedado en mera declaración de intenciones. Las cifras de desempleo en España, que históricamente se han mantenido siempre muy por encima de otros países de nuestro entorno, demuestran por sí solas el fracaso de este enunciado. Las de desigualdad, además, corroboran las dificultades que plantea promover una distribución de la renta regional y personal más equitativa.

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) subió en 49.558 desempleados en octubre (+1,3%). Con este repunte del desempleo, el volumen total de parados alcanzó al finalizar el último mes la cifra de 3.826.043 desempleados.

Artículo 41 – “Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente, en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres”

La cobertura del sistema de protección por desempleo alcanzó el 91,1% de los parados en el segundo trimestre, 25 puntos más que en el mismo periodo de 2019, según datos de un informe de UGT. Es una cifra excepcional, relacionada con las medidas de protección social acordadas en el marco del diálogo social para hacer frente a la crisis sanitaria y más concretamente al efecto de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Tradicionalmente, sin embargo, el número de parados que no perciben ayuda es mucho mayor.

Artículo 42- “El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno”

Existe un plan del Gobierno orientado a favorecer el retorno de los españoles que han tenido que mudarse a otros países para conseguir trabajo, pero lo cierto es que la inmensa mayoría de ellos, especialmente los más jóvenes, siguen sin tener la posibilidad de regresar. La falta de oportunidades y los bajos salarios siguen siendo los principales obstáculos.

El fenómeno no tiene visos de cambiar. La crisis económica causada por la pandemia ha reducido otra vez al mínimo el retorno. Un programa piloto del Gobierno de 2019 apenas consiguió el regreso de menos del 30%.

Artículo 43 – “Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto”

La pandemia ha revelado las limitaciones del sistema público de salud, sometida a fuertes recortes en inversión y contratación de personal en los últimos años. El virus ha demostrado además que el modelo de salud pública no ha funcionado. En estos momentos, según cálculos publicados recientemente, ninguna comunidad ha conseguido superar las cifras que tenía entre 2009 y 2011. Castilla y León es la única que ha recuperado el mismo porcentaje que tenía antes de la crisis. Por el contrario, Castilla-La Mancha y Madrid son las que más redujeron el porcentaje del PIB destinado a gasto sanitario, lo que ha tenido consecuencias directas en la atención a los ciudadanos.

Artículo 47 – “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”

Un clásico de los análisis que examinan el cumplimiento de la Constitución y su desarrollo. La vivienda sigue siendo un problema para la mayoría de las familias, no sólo porque condiciona la economía de las que pueden afrontar su compra sino porque muchas de ellas ni siquiera pueden planteárselo.

El debate sobre la prohibición de los desahucios, al menos durante el estado de alarma, demuestra las limitaciones prácticas de un artículo que tiene más de mandato a los poderes públicos en cuanto éstos están obligados a definir y ejecutar las políticas necesarias para hacer efectivo el derecho a la vivienda que de derecho concreto de cada ciudadano, según la interpretación que de él hacen los especialistas.

Artículo 49 “Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”

A pesar del consenso existente entre todas las fuerzas políticas, sigue pendiente la reforma que propone sustituir el despectivo “disminuidos” por la expresión“discapacitados”. Pero, más allá de eso, lo más relevante es que sigue sin estar resuelta la cuestión de la atención a las personas dependientes: decenas de miles de personas fallecen cada año en España sin que se haya resuelto siquiera su solicitud de ayuda. La falta de recursos suficientes sigue dejando sobre los hombros de las familias —y en particular de las mujeres, que siguen asumiendo la mayor parte del protagonismo de los cuidados— la atención a las personas dependientes.

Artículo 50 “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”

El debate sobre las pensiones en España sigue sin estar resuelto. No sólo sigue en discusión el modelo de sostenibilidad de las que tienen carácter público —los Presupuestos Generales del Estado para 2021 incluyen una partida de 14.000 millones para ayudar a la Seguridad Social a cubrir los gastos no contributivos del sistema— sino, sobre todo, la edad a partir de la cual es posible acceder a ellas y su cuantía. Durante años, especialmente en periodos de crisis, la actualización de las pensiones no ha pasado de mera declaración de intenciones.

La atención a la tercera edad está además más que nunca en entredicho. La pandemia ha revelado graves fallos y carencias en el modelo de residencias de mayores, en gran parte dominado por empresas privadas y con frecuencia sometidas a graves estrecheces económicas con graves consecuencias para la atención que reciben sus usuarios. La primera de promover “su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”, es hoy, más que nunca, un brindis al sol.

Artículo 69 – “El Senado es la Cámara de representación territorial”

Otro clásico del desarrollo constitucional pendiente. Los expertos en derecho reconocen que “los autores de la Constitución se sintieron obligados a justificar la opción por el bicameralismo y lo hicieron buscando una explicación o fundamentación específica para el Senado”.

La expresión alude a la idea de convertir el Senado en un lugar de representación de las Comunidades Autónomas con competencias específicas en lo que atañe al modelo autonómico español, pero nada de eso se ha desarrollado desde entonces. La Cámara Alta es en realidad un órgano de segunda lectura de las leyes que en realidad decide el Congreso de los Diputados. En varias legislaturas se han creado ponencias de estudio dirigidas a reformar el Senado, pero ninguna tuvo éxito.

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