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Desde 1946/47 y hasta 2015 la Iglesia católica ha saqueado decenas de miles de bienes públicos y privados con la complicidad de diversidad de gobiernos en los niveles estatal, territorial y local, del poder legislativo y judicial y de instituciones públicas, como son los registros de la propiedad.

Como consecuencia de una moción aprobada en 2018 en el Congreso, el actual gobierno de centro izquierda ha hecho pública, con muchos meses de retraso, incompleta y múltiples errores, una relación -municipio a municipio- de los casi 35.000 bienes in-matriculados, desde 1998 hasta 2015, que era lo que, de forma “pacata” dicha moción solicitaba. Pero a estas alturas no se conoce, detalladamente, lo expoliado desde 1946, que -en mi opinión- podría superar los cien mil bienes rústicos y urbanos de diversa naturaleza.

Esta relación de bienes in-matriculados depositada en el Congreso es púbica y cualquier persona tiene acceso a consultarla… ocupa más de 3000 páginas, se relaciona provincia a provincia. El gobierno vasco -al ser competente en cuanto a la gestión de los registros de la propiedad- facilitó en 2016 un listado que constaba de 446 propiedades más de las que ahora ha facilitado el Gobierno de España en ese territorio, lo que certifica parte de los errores antes mencionados.

La actitud del actual gobierno progresista -en esta materia- es similar al de otros gobiernos conservadores y/o progresistas anteriores. Con ello demuestra una total complicidad con la jerarquía católica, ante este insultante expolio.

El listado se ha facilitado por imperativo del poder legislativo y, por supuesto, por la presión de una parte de la sociedad civil organizada en asociaciones y plataformas, incluso por parte de comunidades de base de la propia Iglesia.

La “solución” que -inicialmente- ofrece el actual gobierno es el de la “pelea jurídica” con la Iglesia por parte de quienes se vean afectados y quieran pleitear, ya sean particulares o corporaciones locales e, incluso, estatal en cuanto al patrimonio histórico artístico apropiado de forma ilegal e ilegítima, que gestiona de forma vergonzante, escandalosa y torticeramente la Iglesia y que le proporciona enormes beneficios económicos, con la connivencia de los poderes públicos estatal, territorial y local.

Aunque hay muchos otros bienes patrimoniales de dominio público… el más emblemático es el de la Mezquita de Córdoba, monumento considerado Patrimonio de la Humanidad, que según datos facilitados por el Cabildo eclesial ingresó en 2018 unos 16 millones de euros de los aproximados dos millones de personas que la visitaron. Mientras que el Estado se encarga de restaurar y, en una parte importante, conservar el monumento, la Iglesia “hace caja”.  En suma: Negocio redondo para la Iglesia.

Tras la Constitución de 1978 y durante décadas de gobernanzas de diferente índole en los diferentes ámbitos del Estado… aun a pesar de que esta situación era conocida nada se hizo. Los y las titulares de los Registros de la propiedad presuntamente prevaricaron al admitir arbitrariedades de tal magnitud, mientras que los poderes públicos de diversa índole “miraban hacia otro lado”.

Desde hace años, la asociación Europa Laica fundada en 2001 para contribuir, desde la sociedad civil, a la defensa del Estado laico y del derecho a la libertad de conciencia y otras plataformas y asociaciones como la de Defensa de Patrimonio Navarro o el Movimiento hacia un Estado laico de Aragón veníamos denunciando por diferentes vías el expolio que -con el consentimiento y apoyo de los poderes públicos- venía realizando la jerarquía católica desde 1946/47, mediante el procedimiento de in-matriculación de miles y miles de bienes rústicos y urbanos, públicos y privados…. Muchos de ellos considerados como de dominio público, antes y después de la Constitución de 1978.

Se venían haciendo con total impunidad al amparo de la ley Hipotecaria de 1946 (art. 206) y de un Reglamento de 1947 (art. 304) que permitía, con una sola certificación de la Diócesis eclesial respectiva, anotar en los Registros de la Propiedad bienes de todo tipo a su nombre, sin mayor aportación de documentación o título de propiedad o de compra venta con respaldo notarial.

Recuerdo que las primeras denuncias públicas que hicimos Europa Laica al poco tiempo de ser fundada la asociación, desde algunos ámbitos políticos y mediáticos nos llegaron a acusar de “lunáticos”. Hasta que, por fin, un medio de tirada nacional “sacó a la luz” la in-matriculación de La Mezquita de Córdoba en 2006, hasta entonces era de exclusiva titularidad pública, aunque gestionada (incomprensiblemente) por el arzobispado, con el beneplácito del ayuntamiento de Córdoba, de la Junta de Andalucía y de Patrimonio Nacional, como se sabe con gobiernos de diverso color, el local y el autonómico de “izquierdas”. (PCE/IU y PSOE)

Por fin… aquellas denuncias de unos “locos”… como pasaría en Navarra… comenzaron a ser creíbles, aunque sin conocer, todavía, el verdadero alcance de tal escándalo.

Algunos juristas, como Alejandro Torres entre otros que asesoraban a Europa Laica por aquellos años, sostenían que una in-matriculación,  hecha por esta vía, no garantizaba legalmente la propiedad de un bien. Aun a pesar de la ley de 1946 y la modificación que el presidente Aznar hizo en 1998, otorgando mayor potestad a los obispos diocesanos para que actuaran como fedatarios públicos y se apropiaran de todo el patrimonio cultural histórico (los  centros de culto) de dominio público que les viniera en gana, considerados como patrimonio histórico artístico del Estado, que hasta ese cambio no les estaba permitido, por la ley franquista de 1946.

Por este procedimiento y desde ese 1946/47 y hasta 2015 la Iglesia católica se apropió de miles y miles de viviendas, viñedos, montes, huertos, solares, locales comerciales, colegios, casas de maestros en el ámbito rural, hospitales, residencias de estudiantes, plazas, cementerios, atrios, casas rectorales, murallas, castillos, etc. etc. ya que al contar con información vecinal/social/política privilegiada….  pueblo a pueblo… registraban a su nombre con total connivencia de los registros de la propiedad, de los catastros y de los ayuntamientos, en base a leyes ilegítimas y con el consentimiento político de antes y después de la Constitución de 1978, sin que “nadie moviera un solo dedo” para denunciarlo y ponerlo en cuestión en los plazos que la ley preveía para hacerlo, que eran de 10 años.

A modo de ejemplo, tenemos la ya mencionada, varias veces, Mezquita de Córdoba registrada por el arzobispado el 2 de marzo de 2006 abonando una tasa de 30 euros, que generó un cierto revuelo mediático cuando se supo meses después. Por entonces era alcaldesa de Córdoba Rosa Aguilar de IU, que fue advertida, así como la Junta de Andalucía en manos del PSOE, para que interpusieran recurso en los plazos previstos por la ley, por ser un bien de dominio público y patrimonio histórico artístico…. Pues bien, miraron vergonzantemente “hacia otro lado”. Y así sucedió en otros muchos lugares de España.

Por fin, en 2015 una reforma de la Ley hipotecaria (curiosamente propuesta por el Partido Popular) impedía que se siguiera con esta práctica vergonzante. Aunque a esa reforma le faltó que -en base a los criterios jurídicos que se exponían- se dieran por nulos los actos hasta ese momento y con carácter retroactivo.

Curiosamente los grupos progresistas de la Cámara (que hoy gobiernan) criticaron, desde la oposición, que no se hiciera con ese carácter… y ahora estos mismos grupos políticos, tras publicar una “parodia” de lista incompleta de bienes in-matriculados tratan de “dar carpetazo” al escándalo, remitiendo la cuestión a un infumable pleiteo judicial, bien a bien, sin ni siquiera plantearse una reforma obligada de la Ley de Patrimonio histórico artístico que dejara sin efecto muchas de esas in matriculaciones.

Es más, el miércoles 10 de marzo el Pleno del Senado de mayoría de izquierdas con apoyo de la derecha rechazó una simple moción del Grupo parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herría Bildu que instaba al gobierno a elaborar una ley para revertir todas esas in-matriculaciones, que -en mi opinión y en la de muchos juristas- es la única solución posible y necesaria.

La jerarquía católica argumenta que el uso continuado de un bien les confiere la propiedad. Pero es un argumento falaz, sobre todo en lo que confiere al Patrimonio Nacional de dominio público y más falaz todavía, cuando se han apropiado por vías ilegítimas de todos esos bienes, con el agravante de que una parte de esos miles de bienes han sido vendidos a terceros y con ello la jerarquía católica ha hecho “caja” y ha aumentado enormemente su patrimonio en España y, de rebote, en El Vaticano.

En 2016 se constituyó una plataforma estatal y unitaria “RECUPERANDO” que agrupa a más de 20 organizaciones de diferentes ámbitos y territorios, entre ellas Europa Laica, que tiene como objetivo hacer pedagogía, denuncia social y política y presionar al Estado para dar una solución a este enorme e injustificado expolio. Para ello son los poderes legislativo y ejecutivo los que deberían de actuar.

Cuando hasta hace poco tiempo esta cuestión estaba en una especie de limbo… sin apenas debate mediático, político y social, ahora -desde hace unos meses- tertulianos periodistas, opinantes de diversidad de ámbitos, incluso políticos, se refieren, en algunos casos con poco fundamento y planteamientos erróneos, a esta cuestión porque se ha “puesto de moda”. Bienvenido el debate.

Además, cuando los ayuntamientos siempre han tenido y tienen acceso a los catastros, al igual que los poderes públicos (políticos) estatal y territoriales…  y muy pocos se han preocupado de ello, desde la publicación -por el Gobierno- del consabido e incompleto listado… en algunos entes locales se han lanzado a presentar mociones, a solicitar consultas e informes jurídicos, etc. etc. Bienvenidos también.

Tras la publicación del “listado”… el actual gobierno “progre” sugiere la vía jurídico-administrativa, caso a caso. Es decir con toda claridad se pone del lado del Vaticano, es decir de la Conferencia Episcopal. Cuando saben que, salvo raras excepciones, los tribunales de justicia, tal y como se han producido los hechos, en la mayor parte de los casos, les podrían dar la razón a “las sotanas” con el falaz y perverso argumento jurídico de la usucapión.  Y eso sería más grave todavía y podría  empeorar la situación.

Por supuesto que entes locales, particulares, agrupación de ciudadanos y ciudadanas, asociaciones, grupos políticos… pueden acudir a los tribunales a pleitear, pero -en mi opinión- los procesos serían largos y costosos, de resultados inciertos y se correrían riesgos. De todas formas están en su derecho de hacerlo.

En las “ocultas” conversaciones que Moncloa mantiene con la jerarquía católica y que comanda la vicepresidenta Calvo… entre otros muchos sabemos que este tema está “encima de la mesa” y, por ahora, estoy convencido  que, salvo un giro copernicano, no van dar ni un solo paso a favor de revertir unos ilegítimos actos de presunta inconstitucionalidad, como son la apropiación de bienes, basadas en una ley franquista.

Ley que se hizo para pagar los servicios prestados por parte de la Iglesia católica oficial en su apoyo a la sublevación nacional católica y fascista contra el legítimo gobierno de la II República, con la excusa falaz de una vía compensatoria de los varios procesos desamortizadores de los siglos XVIII, XIX y XX.

Por lo tanto estamos ante una realidad política y la solución ha de ser política. Es decir que en sede parlamentaria se den por nulos los apuntes registrales realizados desde 1946/47, hasta 2015, no ya sólo por la ilegitimidad de la ley y reglamento franquista, sino por los argumentos de la reforma de la misma ley hipotecaria de 2015, que da por cancelada la posibilidad de seguir con estas in-matriculaciones, como antes mencionamos.

Ya no digamos si nos atenemos a diversos principios constitucionales y del derecho internacional (TEDH), en cuanto a los bienes de dominio público y, en su caso, su catalogación, como pertenecientes al Patrimonio del Estado, como por ejemplo, la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla, la Seo de Zaragoza… entre otros miles y miles existentes in matriculados por casi todos los más de ocho mil municipios del Estado.

En suma, hay “encima de la mesa” una combinación perversa de unas leyes que no deberían de haber existido y otras que son contrarias a la Constitución de 1978 y al sentido común más elemental. Por ello con prontitud han de actuar los poderes públicos, como antes mencionaba, e decir: Los poderes legislativo y ejecutivo.

Se ha de desarrollar una reforma en la actual Ley del Patrimonio Histórico. Hay que hacer público todo lo expoliado desde 1946…. En los Registros de la Propiedad y en los catastros figuran los datos Y hay que proceder a anular todos los actos expoliadores. Es sólo cuestión de voluntad política.

Si no se hace ahora se habrá perdido otra oportunidad histórica, como con tantas otras cuestiones, las leyes de Memoria, el preconstitucional Concordato vigente, que concede enormes privilegios de todo tipo (fiscales, educativos, societarios, sociales económicos, castrenses, etc.) a una entidad privada, como es la opulenta corporación católica y todas sus fundaciones y entidades.

Pero a decir verdad, después de estos muy breves argumentos y otros que vengo exponiendo desde hace muchos años…. Hoy por hoy no soy nada optimista con un gobierno “progre”…  que sigue rendido a los intereses de la Conferencia Episcopal y del Vaticano en diversidad de asuntos. Ya no digamos con mayorías conservadoras.

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