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La cosa estallará. Es una frase recurrente que pronunciamos las personas que trabajamos en el ámbito de los servicios sociales y comunitarios. También las personas que formamos parte del activismo de pueblo, barrio, relacionado con el derecho a la vivienda, redes vecinales... que ponen el cuerpo y los esfuerzos colectivos.

Por un lado, desde el ámbito de la atención social profesional y de los servicios públicos -hablo del entorno que conozco-, existe el cansancio por no haber parado de trabajar ni un momento, desde las UCI sociales de las que hablaba Montse Santolino. Unas UCI sociales sin respiraderos ni oxígeno. Atendiendo el ahogo de la precarización, el aislamiento, la infancia y adolescencia fragilizada, las personas mayores, las múltiples violencias, el hambre, la situación de personas sin techo, el riesgo de desahucio... sólo con tiritas y suero.

Esta realidad, está impactando fuertemente encima de profesionales del ámbito social; los servicios sociales, del ámbito socioeducativo, comunitario. Unas profesionales también agotadas, que no ven ni verán la bajada de casos (como sí ocurre en los hospitales), sino todo lo contrario, solo hace que crecer. Da miedo lo que vendrá, se oye decir. Personal que no ha sido considerado nunca, durante esta crisis, personal esencial.

Y es que más allá de la calidad de los servicios sociales, su proximidad o no, su más o menos mirada comprometida, su accesibilidad, ... son servicios a menudo vistos injustamente como parte del problema. Cuando en realidad, estructuralmente, e institucionalmente, lo tienen muy difícil para ser parte de la solución.

La misión imposible de dar solución, principalmente, a dos de las necesidades básicas, renta (y por tanto, alimentación, suministros...) y vivienda, sin ningún recurso. Una responsabilidad que debería recaer y marcar las líneas estratégicas de la política central de país, dos derechos básicos, y en cambio, recae en unos servicios de gestión y desarrollo local.

En cuanto a la renta, la competencia de ser tramitadores y gestores de rentas condicionadas (Renta Garantizada Ciudadana, apoyo para solicitar IMV, ... ineficaces y parciales), pone a los servicios en el lugar perverso de ser donde conseguir los recursos cuando estos desaparecen, cuando todo lo demás falla y se termina; trabajo, prestaciones de desempleo, subsidio... Y el margen de acción de estos servicios suele ser limitado (solicitar nuevas prestaciones y / o ayudas de urgencia social puntual, derivar a vales de alimentos, "acreditar" la pobreza haciendo informes...). Un lugar límite, donde nadie quiere estar, y que está haciendo retronceder la orientación de los servicios hacia la necesidad básica y el asistencialismo primario.

La opción de inserción en el mercado de trabajo es cada vez más difícil y al mismo tiempo, el trabajo asalariado tampoco es garantía de salida del círculo de la pobreza, por la precarización y por el hecho de que, el factor que hoy empobrece, no es (tener o no tener) el trabajo sino sostener la vivienda.

Una Renta Básica Universal y Incondicional puede frenar la caída en picado, y puede transformar de raíz la tarea de acompañamiento de los servicios sociales, así como la relación de las personas con el trabajo asalariado como única fuente de obtención de rentas (la mayor coacción del capitalismo).

Lo que empobrece es la vivienda: la dificultad del acceso y su mantenimiento. En los últimos meses, dos decretos promulgados por el Gobierno español, amparan el aplazamiento de los desahucios como medida transitoria Covid, pero la moratoria finalizará el 9 de agosto.

Las administraciones públicas no disponen de viviendas (ya sea de mesa de emergencia, de alquiler social, pisos de inclusión, de parque público) para acoger el gran volumen de familias en riesgo de perder su casa, ahora ya no hay disponibles. Las viviendas de mesa de emergencia previstas para situaciones de riesgo con menores están llenas, y con meses de espera en las asignaciones. Los ayuntamientos están pagando habitaciones de hotel, pensiones, apartamentos, para alojar familias ya ahora, ... Como se sostendrá la ausencia definitiva de vivienda de miles de familias? El parque público en Cataluña es del 1% frente al 15% de media europea.

Asimismo, con respecto a la vivienda de alquiler del mercado privado, hay personas que no pueden acceder al mercado normalizado por el desorbitado precio del alquiler, o por no poder afrontar los costes de entrada. Otros no acceden sencillamente porque no hay oferta. Y otros no acceden por racismo inmobiliario. O por confluencia de factores.

Algunas familias, en estas circunstancias, con o sin recursos para poder asumir alquileres, han optado por la ocupación de viviendas de grandes tenedores. No como una opción ingeniosa, aprovechada, o como un "deporte" (como un concejal de Salt ha llegado a decir en un Pleno) sino como una necesidad de techo básica. Sea como sea, son personas y familias con riesgo de perder la vivienda, y sin posibilidades de acceso al mercado normalizado.

El resultado de la crisis de 2008 es este; grandes tenedores (banca, fondos de inversión) han usurpado a los territorios las viviendas, han despojado los territorios y sus vecinos de la tenencia de sus casas. Fondos de inversión como Graminia Homes, Divarian, Cerberus .... son los nuevos propietarios del tejido urbano que expulsan vecinas. Estas viviendas se han pagado sobradamente con el rescate público, y pertenecen a bancos que obtienen los 3 primeros meses de 2021, beneficios de millones de euros (BSabadell, 73 millones, BBVA 1.200 millones.) Realmente las administraciones públicas no tienen ningún instrumento para frenar esta extracción y esta expulsión? Para recuperar el rescate, las viviendas, sacar un derecho básico del mercado.

No hay ningún plan inmediato para frenar esta violencia del capitalismo, ni para dar respuesta a personas que quedan sin recursos o sin vivienda. E irán a Servicios Sociales, con profesionales agotados, y sin ninguna herramienta que no sea ya sublevarse.

Mientras unas áreas de la administración no hacen políticas que garanticen la vida material (RBU) ni el derecho a la vivienda (forzar grandes tenedores a hacer alquiler social, ampliación del parque público mediante expropiación, sanciones a los tenedores que no cumplen la función social de la vivienda...), otros, deben reestablecer las consecuencias, sin tener las respuestas. Sólo informes de vulnerabilidad para intentar suspender desahucios, alojamientos temporales de urgencia y tramitar ayudas.

Las personas no se volatilizan. Cuando están en riesgo van a servicios sociales, y con estos desbordados, las redes de apoyo vecinales, y los movimientos sociales locales, de barrio se convierten en las respuestas.

Es necesaria una alianza entre profesionales del ámbito social, que reciben el impacto del dolor y la injusticia, y los movimientos sociales, sindicatos de barrio, capaces de afrontar colectivamente la batalla por la vida y fortalecer la comunidad.

De lo contrario, la cosa estallará. Ya lo está haciendo.

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