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Otras cinco familias de represaliados han acudido este jueves al consulado de Argentina en Vigo para presentar formalmente la documentación necesaria para adherirse a la Querella Argentina, que juzga los crímenes vinculados a la Guerra Civil y el franquismo y que está en manos de la jueza María Servini.

Se trata de las familias del exalcalde de Valga Celestino Carbia, fusilado en Monte Porreiro en mayo de 1937; del maestro de Teo Bernardo Mato, asesinado extrajudicialmente en 1936 tras ser detenido e interrogado por falangistas que lo liberaron herido de muerte; y de Carlos Abella López, natural de Ponteceso y sindicalista de la CNT, condenado a pena de muerte conmutada por cadena perpetua.

También de las familias de los vecinos de Ribeira Jose Lijó, miembro del comité de la República fusilado en Santiago en 1937, y José Sieria, asesinado en 1937 por su vinculación con la CNT.

«Vamos a continuar la querella hasta que termine. Tenemos que limpiar todo lo que pasó, no tenemos que culpar a nadie pero lo tenemos que limpiar», dijo a las puertas del consulado Manuel Carbia Magariños, nieto del exalcalde de Valga fusilado en 1937.

«Hace 100 años, mi abuelo y los representantes de Cordeiro pidieron a Argentina que ayudara a hacer una escuela. 100 años después tenemos que volver a Argentina a pedir justicia. No hay derecho», añadió.

«Fue un asesinato extrajudicial porque lo soltaron moribundo, murió al mes. La mujer de Bernardo decidió ocultar todo esto a sus hijos durante toda su vida. Mi abuela hasta el año 2000 no supo la verdad, una verdad que sabemos a pequeños trazos», explicó.

Según Dolortes Sanlés, nieta de José Sieira González, su madre, que sigue viva, continúa viviendo con miedo. «No quería que viniera porque tiene miedo, porque soy hija de un rojo. Toda la familia tuvo miedo siempre», dijo.

Las demandas de verdad, justicia y reparación para estos represaliados se suman a las que presentaron el pasado enero las familias de Alexandre Bóveda, Amancio Caamaño y Ramiro Paz, asesinados en A Caeira en 1936.

La Querella Argentina juzga delitos de lesa humanidad cometidos tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 hasta bien entrada la Transición y lleva más de diez años abierta, durante los cuales ha recibido cientos de adhesiones.

«Queremos mantenerla viva por encima de todo. No hace falta buscar usuarios porque muchísimas familias de represaliados como las que están hoy aquí están muy interesadas en hacer valer la verdad, la justicia y la reparación contra los crímenes que se cometieron contra sus familiares», cerró Calero.

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