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El documento cuestiona que se puedan ilegalizar fundaciones por apología del franquismo -como la Fundación Francisco Franco-, o aquellas que generen odio de manera directa o indirecta (o violencia) contra las víctimas del golpe de estado del 1939. Considera que no se puede investigar penalmente ningún hecho de la Guerra Civil o la dictadura aduciendo la Ley de amnistía de 1977.

La cúpula de los jueces españoles cuestiona que se pueda ilegalizar la Fundación Francisco Franco y carga contra la definición de «víctima de la Guerra Civil y la dictadura» de la Ley de Memoria Histórica

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) defiende que la apología del franquismo está amparada en la libertad de expresión. El órgano de gobierno del poder judicial español asegura que «la apología del franquismo, siempre que no haya el requisito adicional de desprecio o humillación a las víctimas, constituye la expresión de ideas que a pesar de que sean contrarias a los valores de la Constitución, están amparadas por la libertad de expresión».

Este pronunciamiento parte de la aprobación, este lunes, por 15 votos a favor y 6 en contra del informe que fiscaliza la Ley de Memoria Histórica y lo analiza de arriba abajo. Es más, el documento cuestiona que se pueda ilegalizar fundaciones por apología del franquismo -como la Fundación Francisco Franco-, o aquellas que generen odio de manera directa o indirecta (o violencia) contra las víctimas del golpe de estado del 1939. El CGPJ va más allá y cree que no se puede investigar penalmente ningún hecho de la Guerra Civil o la dictadura aduciendo la Ley de amnistía de 1977.

El documento elaborado por los vocales Roser Bach y Wenceslao Olea rebate varios puntos de la ley que por primera vez incorpora la definición de víctima de la Guerra Civil y la dictadura. Bach y Olea se posicionan en contra de esta definición y piden que, si se mantiene, tenga un carácter «estrictamente administrativo» porque «la verdad histórica no forma parte del proceso penal».

En este sentido, los jueces recuerdan que el Tribunal Supremo estableció que los procesos penales no pueden servir para investigar hechos vinculados a la Guerra Civil aduciendo que se aprobó la Ley de amnistía de 1977. Además, aseguran que la definición de la figura de la víctima de la Guerra Civil tiene que quedar restringida a «casos centrales de violación de los derechos humanos». El documento también reclama que la nulidad de las sentencias franquistas se limite a las resoluciones que contengan específicamente una condena o sanción, no al resto.

El informe también recuerda que aunque la ley describa los actos de exaltación del franquismo, sus dirigentes y participantes como «contrarios a la memoria democrática», en realidad esta calificación «por sí sola no implica ninguna consecuencia jurídica», y reclama que el artículo que tipifica como infracción muy grave el hecho que no se adopten medidas para impedir estos actos no se pueda aplicar a las concentraciones que considera amparadas en el derecho de reunión.

Además, el documento se queja que la ley puede generar «asimetría» entre las víctimas del franquismo y las «otros hechos constitutivos de violaciones de Derechos Humanos que tuvieron lugar en el mismo periodo histórico». Es decir, el informe del CGPJ iguala las víctimas de los dos bandos de la Guerra Civil y de los hechos violentos que se produjeron durante toda la etapa del régimen franquista. El documento recuerda que el Parlamento Europeo aprobó una resolución de condena «a los crímenes de los regímenes fascistas y estalinistas».

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