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Sobre el despacho del casi recién aterrizado ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ya se encuentran los trabajos que su predecesora Carmen Calvo encargó a los ministerios de Defensa, Interior y Justicia para derogar la ley de Secretos Oficiales, la norma franquista aún vigente que permite tener bajo candado “aquellas cuestiones cuyo conocimiento por personas no autorizadas puede dañar o poner en riesgo la seguridad del Estado o los intereses fundamentales de la Nación”.

El objetivo del Gobierno de Pedro Sánchez pasa por derogar la ley de Secretos –que fue aprobada en 1968 y reformada diez años después– antes de que finalice la legislatura a finales del 2023. Ya están manos a la obra, ya que el calendario legislativo les obligaría a llevar el nuevo texto al Consejo de Ministros antes de que finalice este año –o a más tardar a principios del 2022– para que la reforma inicie entonces su recorrido parlamentario.

No habrá 'liberación' automática de documentos

La desclasificación estará sujeta a “diferentes plazos según el grado de protección"

Según ha podido contrastar La Vanguardia de distintas fuentes de los ministerios implicados, el borrador sobre el que se trabaja no prevé las desclasificaciones automáticas de documentos transcurrido un periodo de tiempo concreto, tal y como plantearon en un principio los socialistas. La idea inicial pasaba por desclasificar de manera automática los documentos nombrados como “secretos” –a los que la actual ley da un mayor nivel de protección– a los 25 años, con una posibilidad de prórroga de otros diez años. No será finalmente así. El texto embrionario recoge que el tiempo para hacer públicos los documentos estará sujeto a “diferentes plazos según el grado de protección y el nivel del secreto”, confirman desde Presidencia. Y, en todo caso, habrá “excepciones para casos concretos”.

Este redactado –de ser aprobado finalmente en estos términos– dejaría al Gobierno la llave del candado de determinados secretos. Un punto de la norma que ha sido defendido vehementemente desde el Ministerio del Interior, donde se han mostrado más recelosos de hacer públicos algunos episodios de la historia más reciente: entre ellos, los documentos que pudiesen existir sobre el intento de golpe de Estado del 23-F y la guerra sucia de los GAL contra el terrorismo de ETA.

Interior y Defensa, con distinta posición

Margarita Robles se ha mostrado partidaria de no poner excepciones a la reforma

La apuesta de Fernando Grande-Marlaska pasa por dejar estos capítulos ocultos. En contra, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido las desclasificaciones automáticas, en favor de la transparencia, sin nombrar excepciones, según fuentes próximas a las negociaciones. Pese a que ni se conoce el listado de secretos oficiales, si el Gobierno logra los apoyos políticos suficientes para que la norma tenga la luz verde definitiva, esta permitiría aflorar, por ejemplo, archivos sobre las negociaciones para el ingreso de España en la OTAN, la participación en la guerra del Golfo, el desastre de Palomares o la salida del Sáhara Occidental.

La actual norma recoge en su artículo cuarto que la desclasificación solo compete al Consejo de Ministros y a la Junta de Jefes del Estado Mayor (que en la actualidad ya ni existe). Los políticos y expertos consultados coinciden en que la mayor traba actual es precisamente esta, que el órgano que los clasificó no se preocupa en levantar secretos anteriores. De ahí la urgencia para que la nueva ley arbitre unos plazos. La intención es que siga siendo el Consejo de Ministros quien tenga la única potestad para desclasificar y no también –como han pedido algunas voces– los ministerios con materias reservadas.

Esta “reforma de Estado”, como la califican desde el Ministerio de la Presidencia, supone equiparar a España al resto de los países democráticos. Se da la circunstancia de que historiadores españoles se ven obligados a acudir a archivos de otros países para estudiar hechos acontecidos en España debido a la obsoleta legislación. Esta reforma, según coinciden los interlocutores ministeriales, sería la continuidad lógica a la aprobación de la ley de Memoria Histórica.

  1. Los partidos la tachan de "obsoleta"
  2. La ley de secretos oficiales vigente fue firmada por el dictador Francisco Franco en 1968 y el decreto que la desarrolla (1969) rubricado por el almirante Carrero Blanco.
  3. La norma otorga la competencia para clasificar secretos o asuntos reservados a la Junta de Jefes de Estado Mayor. Este órgano superior de mando militar dejó de funcionar en 2005.
  4. El texto recoge que los documentos reservados deberán estar guardados en cajas fuertes o archivadores y protegidos con cerraduras de combinación de disco
  5. En cambio, los papeles clasificados como “secretos” deben estar en espacios equipados con barras de cierre de acero con candados cambiables tipo combinación.

En pleno 2021, la ley contempla que el material clasificado debe ser destruido “por medio del fuego”, “por procedimientos químicos” o “por medio de artefactos que los reduzcan a pulpa”.

Una propuesta del PNV bloqueada en el Congreso desde 2016

El PSOE, con PP y UP, ha prorrogado el periodo de enmiendas en  20 ocasiones

El Partido Nacionalista Vasco lleva varias legislaturas batallando para reformar la ley de Secretos Oficiales. Los de Aitor Esteban registraron en el Congreso de los Diputados en el 2016 una proposición de ley para reformar la ley de Secretos exponiendo que “si bien la seguridad y la defensa del Estado” es un valor constitucionalmente protegido, “no es menos cierto” que ese valor –y su resguardo– “no es absoluto”. Pues bien, la propuesta de reforma lleva paralizada en la Cámara Baja en un auténtico ejercicio de funambulismo parlamentario desde entonces, sin contar con los periodos en los que las Cortes han estado disueltas.

La fórmula es sencilla: la proposición de ley se encuentra en periodo de enmiendas de manera continua. En el momento en el que ese periodo se agota, los partidos que tienen controlada la Mesa del Congreso votan una prórroga. En esta legislatura bloquean la propuesta PSOE y Unidas Podemos. En las anteriores, los socialistas y los populares. ¿El resultado? Ya se ha prolongado el tiempo parlamentario para enmendar la norma más de una veintena de ocasiones. Y no hay atisbo de que esto cambie después de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya decidido hacer suya “la reforma de Es­tado”.

La propuesta del PNV

Todos los secretos serían desclasificados a los 25 años, con una prórroga de 10 años

El texto registrado por los nacionalistas es sencillo. Solo contiene un artículo que incorpora la obligación de que toda clasificación de una materia no pueda superar los 25 años para asuntos calificados como “secretos” –con una “prorroga excepcional y motivada”– y los 10 años para aquellos episodios clasificados como “reservados”. Esto, en la práctica, supondría que todos los documentos relacionados con dos de las obsesiones del PNV vieran la luz: el 23-F y los GAL. Pero también la verdad sobre tragedias como la matanza de Vitoria, uno de los episodios más negros de la transición, o los Sanfermines de 1978, en los que las fuerzas de seguridad –con Martín Villa como titular de Interior– dispararon a la multitud congregada en la plaza de toros de Pamplona.

Desde el PNV aseguran a La Vanguardia que el Gobierno no se ha puesto en contacto con su grupo parlamentario para hacerle llegar la propuesta de reforma que ya se cocina en Presidencia. Están abiertos a dialogar, pero consideran que los plazos que ellos marcan en su texto son los que más se aproximan a los estándares europeos. Desde las filas nacionalistas recuerdan que su propuesta fue aceptada a trámite por amplia mayoría, pero que desde entonces duerme en el limbo de la Mesa. Con esto quieren decir, insisten, que si “de verdad” hubiese voluntad de sacar a la luz todos los grandes secretos, el Ejecutivo se uniría a su texto ya en tramitación para ahorrar “mucho tiempo de gestión y de espera”.

Antes del parón veraniego, los grupos en el Congreso que sustentan al Gobierno de coalición apoyaron un proposición no de ley de ERC para promover cambios en la norma que se quiere modificar, pero, sobre todo, “para desclasificar y dar a conocer los documentos que permitan conocer con exactitud los hechos vinculados al 23-F”. Desde el PNV asistieron atónitos a esa maniobra, ya que, según recuerdan, la potestad para desclasificar un secreto corresponde al Consejo de Ministros. Fuentes del partido insisten en que el problema es que “no hay criterios sobre qué se puede o no clasificar, ni sobre cómo se tiene que justificar. No hay obligaciones. Y como no hay obligaciones, hay una auténtica desidia a la hora de desclasificarlos”.

Ni qué, ni cuántos, ni cómo, ni dónde

Episodios turbios durante la represión franquista, el trasfondo de la descolonización de Marruecos, los entresijos de la relación con Gibraltar, cuánto dinero se invirtió en crear los GAL o si los americanos conocían que se preparaba el asesinato de Carrero Blanco... son sólo algunos de los casos que nombra los historiadores consultados si se les pregunta qué documentos podrían (o querrían) ver la luz si la reforma llegase a buen puerto.

En lo que todos coinciden en que no se sabe realmente lo que permanece oculto. Ni cuánta es la cantidad de archivos escritos o sonoros que podrían estar actualmente bajo candado. Tampoco el estado de conservación que tendrían los soportes. Ni “menos aún”, dice uno de ellos, el lugar donde se encuentran almacenados. Unos hablan del Centro Nacional de Inteligencia, otros apuestan por que “al menos” una parte de ellos podrían estar depositados en el Estado Mayor de la Defensa. También los hay quienes dicen que ciertos documentos están a “a buen recaudo” en el Palacio de La Zarzuela y otros citan a otro Palacio, el de La Moncloa. Si la pregunta se hace de manera oficial a los gabinetes de prensa de los ministerios que trabajan en la reforma, en el silencio se encuentra la respuesta.

Fuente

 

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